Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Université de Montpellier I Francia.
M. Sc. Institut Agronomique Méditerranéen
cferreyros@hotmail.com
SINTESIS
EURONEST es la
institución parlamentaria resultante de la Asociación Oriental entre la Unión
Europea y sus socios de Europa Oriental.
La presente
Resolución consolida los procesos democráticos. La Resolución se
organiza en base a:
VISTOS
CONSIDERANDOS
RESOLUCIÓN
· El papel de los partidos
políticos.
Referencia
a TICs: Numeral 12. Anima a los partidos
políticos a utilizar la digitalización para comunicarse directamente con
la sociedad y abordar la disminución del número de afiliados, ya que existe una
necesidad urgente de adaptarse
a las nuevas innovaciones digitales, que pueden ayudar a los partidos a alcanzar sus objetivos;
· El papel de la sociedad civil
Referencia a TICs: Numeral 17. Subraya que, en algunos
países de la Asociación Oriental, las organizaciones de la sociedad civil
siguen encontrándose con dificultades, sobre todo en lo que atañe al acceso a
la financiación, la injerencia del Estado o la falta de digitalización;
· El papel de los medios de comunicación libres y
plurales
Referencia a TICs: Numeral 38. Observa que los países
deben desarrollar su política y estrategia digitales con arreglo a un enfoque
basado en los derechos humanos, de plena conformidad con las disposiciones pertinentes
de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y del CEDH;
· El papel El papel de un entorno electoral justo.
Referencia a TICs: Numeral 47. Subraya la necesidad de
una mejor regulación de las campañas
electorales digitales y basadas en datos en las redes sociales, fundamentadas en la
segmentación y la elaboración de perfiles de los usuarios (especialmente la
publicidad encubierta en plataformas dirigida a posibles votantes), con el fin
de garantizar la
transparencia y la protección de los datos;
Referencia Numeral 48. Le preocupa enormemente la actual injerencia externa en los procesos electorales soberanos, con la que se persigue influir en el debate público y afectar las preferencias de los votantes; considera que esta práctica genera la necesidad de establecer medidas preventivas adecuadas; pide, por lo tanto, que se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas, de sus Estados miembros y de los países de la Asociación Oriental por combatir las campañas de desinformación y los ciberataques organizados de forma consciente, a menudo efectuados directamente por terceros países o apoyados indirectamente por sus autoridades; señala, en este sentido, las recientes campañas de desinformación apoyadas por Rusia y China sobre las causas y los efectos de la pandemia de la COVID-19.
_____________________________________________________________________
RESOLUCIÓN
sobre la
consolidación de los procesos democráticos: el papel de los partidos políticos,
la sociedad civil, un entorno electoral justo y unos medios de comunicación
libres y pluralistas
(2021/C 361/01)
LA ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURONEST,
VISTOS
— Vista
el Acta constitutiva de la Asamblea Parlamentaria Euronest, de 3 de mayo de
2011,
— Vistas
la Declaración conjunta de la Cumbre de la Asociación Oriental celebrada en
Bruselas el 24 de noviembre de 2017, así como sus declaraciones anteriores,
— Vista
la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest, de 3 de abril de 2012,
sobre la consolidación de la sociedad civil en los países de la Asociación
Oriental, incluida la cuestión de la cooperación entre el gobierno y la
sociedad civil y la cuestión de las reformas destinadas a otorgar poderes a la
sociedad civil,
— Vista
la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest de 1 de noviembre de 2017
sobre la garantía de la libertad y la integridad de los medios de comunicación
en la Unión y los Estados socios de Europa Oriental,
— Vista
la Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest de 19 de diciembre de 2019
sobre el control parlamentario como instrumento para reforzar la democracia, la
rendición de cuentas y la eficacia de las instituciones del Estado en los
países de la Asociación Oriental,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de marzo de 2006, sobre los
partidos políticos europeos,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2011, sobre la
aplicación del Reglamento (CE) n.o 2004/2003 relativo al estatuto y
la financiación de los partidos políticos a escala europea,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2013, sobre la mejora de
las disposiciones prácticas para la celebración de las elecciones al Parlamento
Europeo de 2014,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de noviembre de 2015, sobre la
reforma de la ley electoral de la Unión Europea,
— Vista
la resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016, con
recomendaciones a la Comisión acerca del establecimiento de un mecanismo de la
UE sobre la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de mayo de 2013, sobre la Carta de
la UE: normas para la libertad de los medios de comunicación en la Unión,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre pluralismo y
libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre la
injerencia electoral extranjera y la desinformación en los procesos
democráticos nacionales y europeos,
— Vista
la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de abril de 2018 sobre la necesidad
de establecer un instrumento de defensa de los valores europeos para apoyar a
las organizaciones de la sociedad civil que promueven valores fundamentales en
el seno de la Unión Europea a nivel local y nacional,
— Vista
la Recomendación del Parlamento Europeo de 19 de junio de 2020 al Consejo, a la
Comisión y al vicepresidente de la Comisión/alto representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en
vísperas de la cumbre de junio de 2020,
— Visto
el documento de trabajo conjunto de los servicios de la Comisión y del Alto
Representante de 9 de junio de 2017 tiulado «Eastern Partnership-20
Deliverables for 2020: Focusing on key priorities and tangible results»
Asociación Oriental – Veinte metas para 2020, enfoque en las prioridades clave
y resultados tangibles), y su Comunicación conjunta de 18 de marzo de 2020
sobre «Reforzar la resiliencia: una Asociación Oriental eficaz para todos»,
— Vistas
las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2020, sobre la política de la
Asociación Oriental más allá de 2020,
— Vista
la Decisión del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2020, sobre la
constitución, competencias, composición numérica y duración del mandato de la
Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos
Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación,
— Vistos
los Acuerdos de Asociación entre la Unión por una parte y Georgia, Moldavia y
Ucrania por otra,
— Visto
el Acuerdo de Asociación Global y Reforzado entre la UE, por una parte, y la
República de Armenia, por otra, que entró plenamente en vigor el 1 de marzo de
2021,
— Vistas
las resoluciones pertinentes de la APCE, incluidas la de (2007) sobre el código
de buenas prácticas para los partidos políticos, la de (2020) sobre las
amenazas a la libertad de los medios de comunicación y la seguridad de los
periodistas, y la de (2020) sobre la fijación de normas mínimas para los
sistemas electorales con el fin de establecer la base para unas elecciones
libres y justas,
CONSIDERANDOS
A. Considerando que la consolidación de los procesos
democráticos sigue siendo un objetivo fundamental de la cooperación entre la UE
y los países de la Asociación Oriental (AO);
B. Considerando que la democracia, el Estado de Derecho y los
derechos fundamentales son de gran importancia para el buen funcionamiento de
las instituciones estatales, los partidos políticos, la sociedad civil y los
medios de comunicación a escala nacional y transnacional;
C. Considerando que, en un intento de resolver las dificultades
a las que se enfrentan las instituciones democráticas, es absolutamente
necesario desarrollar soluciones para hacer frente a los retos futuros
derivados de la crisis derivada de la pandemia de la COVID-19; destaca que
todas las medidas adoptadas deben ser claras, necesarias y estrictamente
proporcionadas, especialmente en vista de las restricciones y limitaciones a
las libertades fundamentales que pueden tener graves repercusiones en la vida
política, las elecciones, la sociedad civil y los medios de comunicación;
D. Considerando que promover y proteger la igualdad de derechos
y el derecho a la participación política para todos requiere el desarrollo de
sociedades integradoras y resilientes en las que se escuche la voz de todos;
E. Considerando que la labor libre e independiente de la
oposición, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación
es la piedra angular de una sociedad democrática basada en el Estado de
Derecho; que los partidos políticos, la sociedad civil, un entorno electoral
justo y unos medios de comunicación libres y pluralistas son componentes
esenciales del proceso democrático;
F. Considerando que dotar de mayor visibilidad a los valores y
principios democráticos y reforzar la rendición de cuentas, la transparencia y
el acceso a la información requieren que los Estados miembros de la UE y los
países de la AO realicen los esfuerzos adecuados, incluidas sus autoridades a
escala nacional, regional y local, así como las distintas instituciones y
agencias;
G. Considerando que el fortalecimiento de la capacidad
legislativa de los países de la AO para establecer un modelo eficaz de
transparencia financiera de los partidos políticos, unas normas sólidas para la
realización de campañas electorales, además del desarrollo ulterior de unos
medios de comunicación públicos independientes y la participación de la
sociedad civil en los procesos democráticos, revisten una enorme importancia y
deben seguir siendo respaldados por la Unión Europea y respetados también por
sus Estados miembros;
H. Considerando que mantener el equilibrio de los sistemas
políticos de los países de la AO y de los Estados miembros de la UE mediante
los controles adecuados y el equilibrio pertinente entre las diferentes
instituciones puede consolidar la capacidad de los Estados para ofrecer una
respuesta eficaz mediante una cooperación internacional y europea reforzada,
incluido el intercambio de buenas prácticas y metodologías, ya que ninguna de
nuestras sociedades es inmune a los desafíos comunes actuales, como las pandemias,
las crisis migratorias, la desinformación o las tendencias intolerantes;
I. Considerando que debe promoverse la intensificación de la
cooperación entre las organizaciones regionales e internacionales, como el
Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
y las Naciones Unidas, con el fin de generar nuevas sinergias, prevenir
posibles déficits democráticos y abordar retos actuales y emergentes como la
pandemia de la COVID-19;
J. Considerando que una mayor participación democrática, a
través de partidos políticos basados en un amplio número de afiliados y en
programas políticos inequívocos, mecanismos institucionales para la
participación de la sociedad civil, medios independientes y responsables y
marcos electorales estables, puede estimular la aplicación de modelos de
gobernanza que partan aún más de las bases comunitarias y la mejora de su
calidad, reforzando la resiliencia de las instituciones y los procesos
democráticos, incluso contra las injerencias externas;
K. Considerando que los juicios por motivos políticos contra
representantes de la oposición, que constituyen una práctica lamentablemente
prolongada en algunos países de la AO, ponen en duda la independencia del poder
judicial frente a la injerencia política y, por tanto, debilitan el proceso
democrático;
L. Considerando que una fuerte dependencia financiera de algunos
partidos políticos de los países de la AO respecto a grandes grupos
industriales, o a oligarcas, pone de relieve la necesidad de disponer de una
legislación más detallada sobre las cuotas de afiliación, el acceso a los
fondos públicos y la financiación de campañas, para evitar que el dinero de
actividades delictivas corruptas influya en los procesos democráticos;
M. Considerando que existen tendencias negativas relacionadas con
la monopolización de la autoridad en algunos Estados miembros de la UE, que son
motivo de preocupación en lo que atañe al mantenimiento y la consolidación de
las instituciones democráticas, la separación de poderes, la aplicación del
principio de control y equilibrio, la independencia del poder judicial y de los
medios de comunicación y el desarrollo de la sociedad civil;
N. Considerando que la lucha contra la desinformación requiere
el acceso a fuentes autorizadas para obtener información actualizada, y la
promoción de fuentes fiables con el fin de reducir la visibilidad de contenidos
falsos o engañosos y eliminar los contenidos nocivos e ilegales;
O. Considerando que la Federación de Rusia interfiere en los
procesos democráticos de los Estados miembros de la UE y los países de la AO,
ya sea directamente o mediante el uso de personal interpuesto procedente de
empresas, medios de comunicación o círculos políticos, amenazando así la
soberanía, independencia y seguridad de dichos Estados;
P. Considerando que la Federación de Rusia sigue cometiendo
violaciones flagrantes de la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y
Georgia, socavando la seguridad y la situación humanitaria y de derechos
humanos, y conculcando principios y normas fundamentales del Derecho
internacional en las regiones ocupadas de Georgia de Abjasia y Osetia del Sur,
así como en la República Autónoma de Crimea ocupada ilegalmente, en la ciudad
de Sebastopol, y en ciertas áreas de las regiones de Donetsk y Luhansk de Ucrania;
Q. Condenando la ocupación continuada y los pasos dados hacia la
anexión de facto de las regiones de Georgia de Abjasia y Osetia del Sur, así
como el intento de anexión de la República Autónoma de Crimea y la agresión
armada en curso por parte de la Federación de Rusia en el este de Ucrania,
instando a la comunidad internacional a intensificar sus esfuerzos para
restablecer la soberanía de Georgia y Ucrania y su integridad territorial
dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente;
R. Considerando que la salvaguarda de la libertad en el
territorio propio y el apoyo a una política exterior que proteja los valores y
derechos fundamentales en el extranjero son esenciales para fomentar una mejor
comprensión de los principios democráticos por parte de la población,
especialmente entre los jóvenes;
S. Considerando que las elecciones del 9 de agosto de 2020 en
Bielorrusia han sido definidas por numerosos ciudadanos bielorrusos y
representantes de la sociedad civil bielorrusa, así como por diversos agentes
internacionales, como unas «elecciones robadas»;
T. Considerando que se han producido protestas en todo el país
para condenar los resultados oficiales de las elecciones en Bielorrusia;
RESOLUCION
El papel de los partidos políticos
1. Observa que los partidos políticos
desempeñan un papel importante en todos los niveles de la sociedad, en la
medida en que agrupan intereses y opiniones, formulan respuestas políticas a
problemas políticos y retos sociales y las canalizan hacia el sistema político
a través de representantes electos, promoviendo así la participación efectiva
de todos los ciudadanos y nacionalidades que residen en un país regularmente,
no solo durante el período electoral, sino también en todos los demás aspectos
de la vida política; subraya en este contexto que la volatilidad del entorno
político en la mayoría de los países de la AO debe abordarse mediante el
refuerzo del papel de los partidos políticos, con el fin de consolidar las
normas democráticas y la confianza de los ciudadanos en las instituciones del
Estado y los procesos democráticos;
2. Pide a los parlamentos nacionales que
consoliden un poder judicial independiente e imparcial, y que adopten una
legislación a favor de la financiación transparente de los partidos, en
particular, estableciendo la responsabilidad jurídica de los partidos políticos
por aceptar donaciones de fuentes desconocidas o delictivas o de fuentes que
pretendan distorsionar y socavar la democracia, abogar por el terrorismo o
inspirar guerras y conflictos civiles, y facilitando la identificación de la
publicidad política pagada y las organizaciones responsables de la misma;
subraya que la corrupción política destruye la confianza de los ciudadanos en
las instituciones del Estado, los representantes electos y los agentes
políticos y, en última instancia, erosiona los controles y equilibrios
democráticos;
3. Insta a los partidos políticos a seguir
potenciando la democracia interna de los partidos y a adherirse al principio de
la igualdad de género, y les anima a mejorar su diversidad para representar
mejor las sociedades a las que sirven, por ejemplo, garantizando una mejor
representación de las mujeres y las minorías en las listas electorales y entre
los miembros electos;
4. Pide a las autoridades nacionales que
penalicen la compra de votos en todas sus formas, así como el uso de recursos
administrativos en la realización de campañas; Deben establecerse sanciones
disuasorias adecuadas, como la restricción del acceso de las campañas de
infractores a la financiación pública; Deben adoptarse medidas adecuadas para
prevenir el discurso del odio en todas sus formas, la incitación a la
violencia, las noticias falsas y la desinformación con fines políticos.
5. Pide a los parlamentos nacionales que
adopten una legislación que garantice los derechos de los partidos de la
oposición y de sus grupos políticos representados en el parlamento y en los
ayuntamientos, con el fin de supervisar las intenciones declaradas y las
actividades emprendidas por los ejecutivos; considera que estas actuaciones
contribuirán a dotar de transparencia las decisiones adoptadas y mejorarán la
supervisión del respeto del Estado de Derecho y del gasto de las haciendas
públicas, lo que es importante para garantizar la calidad del debate político y
de los servicios públicos prestados por la Administración, y contribuirán
asimismo a garantizar un papel adecuado para la oposición, incluido su derecho
a la expresión política de sus puntos de vista y sus posiciones;
6. Expresa su grave preocupación por los
casos de procedimientos judiciales motivados políticamente contra dirigentes y
miembros de partidos de la oposición y contra aquellos que no convienen con la
posición del gobierno en los países de la AO; insta a los gobiernos a
abstenerse de utilizar sus estructuras subordinadas y tales procesos judiciales
motivados políticamente, y a aplicar los más altos estándares del Estado de
Derecho, en particular en lo que atañe a la independencia judicial y el derecho
a un juicio justo;
7. Hace un llamamiento a todos los
representantes de los partidos políticos para que garanticen que no se acose a
los agentes políticos, incluidos los oponentes, mediante su tratamiento justo y
respetuoso, y para que salvaguarden la libertad de expresión, de asociación y
de reunión, incluido el derecho a la manifestación pacífica, con el fin de
fomentar un debate político temático y de reforzar la confianza de los
ciudadanos en los procesos democráticos;
8. Pide a la Comisión Europea que ofrezca
apoyo técnico para reforzar la supervisión parlamentaria en todos los países de
la AO y los Estados miembros de la UE, con el fin de reducir las lagunas
existentes en los mecanismos de respuesta eficaces;
9. Pide a las autoridades de los países de la
AO que creen las condiciones adecuadas para que la sociedad civil, las clases
medias y las pequeñas y medianas empresas participen más en los asuntos
políticos; reconoce la importancia de la supervisión civil del cumplimiento y
la aplicación de los principios y valores democráticos, y para detectar y
denunciar prácticas corruptas, fraudes y conflictos de intereses con el fin de
reducir el papel de los oligarcas en la vida política; pide a los partidos
políticos que prioricen su labor en el desarrollo de programas políticos
integrales y en la representación de los intereses generales de la sociedad en
su conjunto;
10. Alienta a todos los partidos políticos a
participar en la creación de nuevas formas de multipartidismo y cooperación
para definir objetivos estratégicos para su respectivo país y la región;
subraya que la diversidad de ideologías y opiniones políticas es crucial para
el correcto funcionamiento de un parlamento que represente a todos sus
ciudadanos y trabaje para ellos;
11. Pide a los partidos políticos que trabajen en
programas claros con temarios políticos concretos; hace hincapié en que el
refuerzo de la cultura política en la sociedad solo puede lograrse mediante la
aplicación de decisiones políticas transparentes, la educación política en
escuelas y universidades, y la lucha contra el populismo y el radicalismo;
12. Anima a los partidos políticos a utilizar la
digitalización para comunicarse directamente con la sociedad y abordar la
disminución del número de afiliados, ya que existe una necesidad urgente de
adaptarse a las nuevas innovaciones digitales, que pueden ayudar a los partidos
a alcanzar sus objetivos;
13. Subraya que, debido a las restricciones
asociadas a las cuarentenas, hacer campaña durante los procesos electorales en
condiciones de acceso desigual a los votantes y a los recursos de los medios de
comunicación (como fuentes principales de difusión de información y
comunicación con los votantes), así como a través de las redes sociales, puede
convertirse en un gran reto;
14. Condena el abuso de la influencia sobre los
medios de comunicación por parte de los partidos políticos para su propio
beneficio político, y alienta el apoyo de estos a un entorno mediático libre e
independiente en la UE y la AO; condena la instrumentalización de los medios de
comunicación públicos, financiados con dinero de los contribuyentes, por parte
de los partidos políticos en el gobierno para sus propios beneficios políticos,
y solicita una supervisión independiente apropiada ejercida por las autoridades
reguladoras de los medios de comunicación;
15. Condena el abuso de las redes sociales por
parte de los partidos políticos por crear cuentas falsas con la intención de
hacerse pasar por sus rivales políticos, creadores de opinión, grupos de
activistas y entidades de medios de comunicación, y de atacar a opositores
políticos y organizaciones de la sociedad civil;
El papel de la sociedad civil
16. Subraya la importancia de una sociedad civil
dinámica como indicador del estado de la democracia; aboga por establecer
mecanismos que garanticen una participación adecuada de la sociedad civil en el
proceso democrático, por ejemplo, mediante consultas públicas, audiencias
parlamentarias con expertos, etc.; pide a los partidos políticos que apoyen a
la sociedad civil y se comprometan abiertamente con esta en todos los aspectos
de su labor en nombre de los ciudadanos, con el fin de tener en cuenta las
opiniones diversas, reforzar la supervisión interna de las reformas
democráticas y potenciar su transparencia y sostenibilidad;
17. Subraya que, en algunos países de la
Asociación Oriental, las organizaciones de la sociedad civil siguen
encontrándose con dificultades, sobre todo en lo que atañe al acceso a la
financiación, la injerencia del Estado o la falta de digitalización;
18. Reitera que una democracia vigorosa requiere
una sociedad civil dinámica y unos medios de comunicación independientes que
puedan actuar en un entorno seguro y puedan efectuar un control riguroso de las
instituciones públicas que conduzca a los controles y equilibrios necesarios en
una sociedad democrática; insta a la UE y a sus socios orientales a
contrarrestar la reducción del espacio para la sociedad civil y los medios de
comunicación independientes, y a garantizar que estos puedan trabajar sin restricciones
y asumir la responsabilidad de crear condiciones favorables para el trabajo de
las organizaciones de la sociedad civil;
19. Condena los ataques públicos de dirigentes y
políticos contra organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores
de los derechos humanos mediante la promoción de mentiras, teorías
conspirativas, demonizaciones y otras formas de descrédito; en este sentido,
todo intento de restringir legislativamente la actividad de grupos de la
sociedad civil basado en ese discurso intolerante constituye un ataque a las
libertades democráticas básicas;
20. Pide a la UE que adapte y comunique un sistema
claro y estructurado para conceder subvenciones a las ONG, incluido un
mecanismo renovado para la evaluación por parte de las delegaciones de la Unión
y los grupos de expertos, y un mecanismo para procurar una amplia participación
de las diferentes organizaciones, otorgando prioridad a las ONG que trabajan en
los estándares democráticos, evitando así la adjudicación de subvenciones a las
«ONGOG» (ONG establecidas y financiadas por los gobiernos a través de canales
informales), así como a las ONG que trabajan para combatir las consecuencias
negativas de la pandemia de la COVID 19;
21. Insta a los gobiernos a abstenerse de abusar
de la pandemia de la Covid y su respuesta a la misma como excusa para silenciar
voces críticas, acallar a la oposición o retroceder en lo que atañe a los
estándares democráticos;
22. Pide a la UE y a sus socios orientales que
establezcan mecanismos inclusivos concretos para convertir la cooperación y la
consulta con la sociedad civil, incluidas las organizaciones que abogan por los
derechos de las minorías y de las mujeres y los defensores de los derechos
humanos, en un elemento estándar de la labor de sus instituciones;
23. Pide a los donantes que no suspendan su apoyo
a las ONG en los países de la AO debido a la crisis económica que puede seguir
a la pandemia de la COVID-19, y que inviertan en financiación sostenible a
largo plazo para las organizaciones de la sociedad civil; promueve la
simplificación de los métodos de solicitud y los requisitos para la obtención
de subvenciones, con el fin de ofrecer la posibilidad de la ayuda financiera no
solo a las grandes organizaciones experimentadas, sino también a las ONG
regionales de menor dimensión;
24. Promueve la movilización de recursos
financieros para las redes locales, regionales e internacionales de ONG con el
fin de facilitar su cooperación, ya que esto les permitirá avanzar en la
búsqueda de ejemplos legislativos adecuados que proporcionen seguridad jurídica
a los ciudadanos en los ámbitos social, económico y político; subraya que las
ONG desempeñarán asimismo el papel esencial de esbozar las cuestiones que
atañen directamente a la falta de respeto por el Estado de Derecho, la
vulneración de la libertad de expresión, la desinformación y el fraude;
25. Incide en que el Estado debe prestar
asistencia de manera transparente para identificar y apoyar a los movimientos y
organizaciones de base comunitaria, con el fin de promover el cambio social, la
mejora del bienestar general y unas sociedades más integradoras, equitativas y
sostenibles;
26. Insta a los países de la UE y de la AO a que
refuercen su apoyo a las autoridades locales con el fin de garantizar la
participación y la representación sostenibles de los ciudadanos en el proceso
de toma de decisiones en situaciones de restricción por las cuarentenas, en
particular mediante el uso de plataformas en línea y métodos de consulta
virtual, el diseño de estrategias de participación y la aplicación de métodos
de diálogo apropiados, procurando el contacto con la totalidad de partes
interesadas y grupos sociales, en particular, teniendo en cuenta sus opiniones,
percepciones e ideas innovadoras; subraya al mismo tiempo la importancia de
abstenerse de utilizar a las autoridades locales y sus recursos antes y durante
las elecciones para presionar a los ciudadanos en favor del partido que
gobierne en cada momento;
27. Anima a las instituciones europeas a aplicar
los programas de la UE existentes o futuros relativos a los valores europeos,
como el Programa Derechos y Valores, no solo a los Estados miembros de la UE,
sino también a los países de la AO y a las ONG, mediante la creación y el
fomento de posibles métodos de cooperación entre entidades homólogas en la UE y
los países vecinos;
28. Subraya la importancia de la libertad de los
medios de comunicación, que debe conllevar la igualdad de acceso de todos los
agentes políticos a tales medios, la independencia editorial y una cobertura
pluralista independiente, imparcial y no discriminatoria de las opiniones
políticas en los programas de los organismos de radiodifusión privados y, en
particular, públicos, así como la transparencia en la propiedad de dichos
medios;
El papel de los medios de comunicación libres y plurales
29. Subraya la necesidad de fomentar la
sensibilización y desarrollar la alfabetización crítica en materia de medios de
comunicación e información, que constituye una capacidad necesaria para todos
los ciudadanos; incluidas las personas pertenecientes a minorías nacionales,
para poder navegar en un entorno mediático cada vez más complejo, con el fin de
reducir las posibilidades de manipulación de las percepciones de los hechos y
sucesos y de comprender tanto el origen de las noticias en las que se basan los
medios como la forma en que se producen, los intereses que subyacen a su
producción, y las fuerzas editoriales, tecnológicas y de otra índole que
intervienen en el filtrado de la información;
30. Insta a los gobiernos y parlamentos nacionales
a crear y mantener un entorno seguro y protegido para los periodistas y otros
agentes de los medios de comunicación, incluidos los extranjeros, procurando
evitar así el uso indebido de diversas leyes o disposiciones que pueda
repercutir en la libertad de los medios de comunicación –como las relativas a
la difamación, la lucha contra el terrorismo, la seguridad nacional, el orden
público, la incitación al odio, la blasfemia o las leyes de memoria histórica–
y que se aplican con demasiada frecuencia para intimidar y silenciar a los
periodistas; destaca la importancia de adoptar un enfoque de género a la hora
de considerar medidas encaminadas a abordar la seguridad de los periodistas;
31. Condena estrictamente todas las formas de
presión utilizadas con fines políticos para silenciar a los medios críticos o a
los periodistas independientes críticos, y en particular, los actos de
violencia, los procesos penales y todas las demás formas de intimidación;
expresa su preocupación por las amenazas a la libertad y el pluralismo de los
medios de comunicación formuladas por algunos políticos, oligarcas y sus
secuaces mediante la compra de medios de comunicación comerciales y el
secuestro de los medios de servicio público para servir a intereses
partidistas;
32. Pide a los gobiernos que promuevan la
transparencia y garanticen un acceso adecuado a la información de interés
público, también mediante la publicación de esta, en particular en lo que atañe
a los medios de comunicación y a las organizaciones de defensa de intereses
ciudadanos; condena los esfuerzos de los gobiernos por restringir indebidamente
el acceso a la información sobre cuestiones importantes para el público
mediante el uso de barreras administrativas injustificadas;
33. Insta a los países de la AO a investigar de
manera exhaustiva y transparente las agresiones físicas, las amenazas y el
acoso en línea contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación,
y a garantizar un entorno de trabajo seguro para aquellos de estos
profesionales que informan desde zonas de conflicto, en manifestaciones
públicas y durante las elecciones;
34. Condena en los términos más enérgicos posibles
los secuestros y encarcelamientos por motivos políticos de periodistas y
trabajadores de los medios de comunicación, y exige la liberación inmediata e
incondicional de todos los periodistas y personal de los medios de comunicación
encarcelados de manera ilícita en los países de la AO;
35. Pide a la UE y a sus socios orientales que
aumenten el apoyo, también financiero, a los medios de comunicación libres e
independientes, como base para la consecución de un discurso público informado
y unas sociedades plurales, en un contexto de crecientes desafíos y problemas
de financiación;
36. Insta a los reguladores nacionales a
garantizar la transparencia plena por parte de las empresas privadas y públicas
en el uso de algoritmos, la inteligencia artificial y la toma de decisiones
automatizada, que no deben emplearse con el fin de manipular a la opinión
pública, así como a asegurar ese mismo grado de transparencia en la propiedad
de los medios de comunicación privados y a reforzar los requisitos de
transparencia para los medios de comunicación extranjeros de titularidad
estatal;
37. Recomienda que la Comisión establezca y apoye
una agrupación de medios de comunicación de la AO basada en la innovación y la
sostenibilidad; cree que tal agrupación consolidaría el espacio informativo
transnacional y reforzaría las coproducciones entre los agentes de los medios
de comunicación de la UE y los países de la AO, con el fin de poner de relieve
su diversidad y promover una calidad elevada, sobre todo en la radiodifusión
pública;
38. Observa que los países deben desarrollar su
política y estrategia digitales con arreglo a un enfoque basado en los derechos
humanos, de plena conformidad con las disposiciones pertinentes de la Carta de
los Derechos Fundamentales de la UE y del CEDH;
El papel de un entorno electoral justo
39. Reafirma que la celebración de elecciones
justas, equitativas y transparentes que se lleven a cabo mediante votación
secreta y se basen en principios democráticos, con pleno respeto del derecho
electoral de participación activa y pasiva de los ciudadanos, sigue
constituyendo la condición principal para la representación democrática y el
buen gobierno efectivo; insta a los agentes políticos a debatir y adoptar
reformas electorales basadas en el apoyo entre partidos y las consultas con la
sociedad civil, con el fin de lograr el apoyo más amplio posible; insta
asimismo a los Estados miembros de la UE y de la Asociación Oriental a mejorar
sus sistemas de votación y recuento;
40. Subraya la importancia de unos parlamentos
fuertes, especialmente en las democracias en proceso de consolidación, para
evitar la tentación de unos regímenes presidenciales hipercentralizados que
acaben adquiriendo tintes autoritarios;
41. Insta a todos los países de la AO a aplicar
las recomendaciones pendientes de la OSCE/OIDDH y de la Comisión de Venecia, y
a abordar las deficiencias identificadas en el marco electoral o en la
preparación y organización de las elecciones, en lo que atañe, entre otras
cuestiones, a la financiación de campañas, la representación de la oposición en
la administración electoral y la resolución de conflictos;
42. Acoge con satisfacción el nombramiento de
Christian Danielsson como enviado personal del Presidente del Consejo Europeo,
Charles Michel, para el diálogo mediado por la UE en Georgia, e insta a todas
las fuerzas políticas de Georgia a dejar de lado sus intereses partidistas en
aras del futuro del país, a trabajar constructivamente para resolver la crisis
con un espíritu de compromiso y conciliación, y a abstenerse de seguir agitando
un clima político ya de por sí acalorado;
43. Condena enérgicamente las deficientes
elecciones celebradas en 2020 en Bielorrusia y, en particular, la represión
aplicada por las autoridades contra sus propios ciudadanos, que ejercían su
derecho a manifestarse pacíficamente;
44. Reitera la exigencia de la UE de respetar la
soberanía y la integridad territorial de Moldova, subrayando que la retirada
incondicional del ejército, los vehículos de combate y el armamento rusos de
los territorios de la República de Moldova representa la única garantía para
una solución pacífica del conflicto. Subraya que las concesiones unilaterales
solicitadas por 5 + 2 mediadores y observadores no pueden llevarse a cabo a
costa de las libertades constitucionales de los ciudadanos democráticos de
Moldova. Reconoce que los ciudadanos moldavos deben disfrutar de su derecho a
vivir en un país protegido frente a amenazas de seguridad, defensa e híbridas
fuertemente arraigadas, a circular libremente por el territorio de Moldavia, a
estar protegidos contra los registros ilícitos y las detenciones discrecionales
de estructuras no reconocidas de los órganos separatistas en Tiraspol, lo que
debe considerarse una prioridad en comparación con otros elementos de la
resolución del conflicto;
45. Apoya la decisión de la UE y de muchos Estados
europeos de no reconocer ni los resultados electorales anunciados por el Comité
Electoral Central de Bielorrusia, ni a Alexander Lukashenka como presidente
legítimo del país una vez expirado su mandato;
46. Pide a la Comisión Europea, al Consejo de la
UE y al Consejo Europeo que promuevan una visión ambiciosa del futuro de la AO,
teniendo en cuenta la voluntad de los socios, incluida la República de
Moldavia, de seguir desarrollando una cooperación reforzada con la UE en
consonancia con sus aspiraciones de integración europea;
47. Subraya la necesidad de una mejor regulación
de las campañas electorales digitales y basadas en datos en las redes sociales,
fundamentadas en la segmentación y la elaboración de perfiles de los usuarios
(especialmente la publicidad encubierta en plataformas dirigida a posibles
votantes), con el fin de garantizar la transparencia y la protección de los
datos;
48. Le preocupa enormemente la actual injerencia
externa en los procesos electorales soberanos, con la que se persigue influir
en el debate público y afectar las preferencias de los votantes; considera que
esta práctica genera la necesidad de establecer medidas preventivas adecuadas;
pide, por lo tanto, que se redoblen los esfuerzos de las instituciones
europeas, de sus Estados miembros y de los países de la Asociación Oriental por
combatir las campañas de desinformación y los ciberataques organizados de forma
consciente, a menudo efectuados directamente por terceros países o apoyados
indirectamente por sus autoridades; señala, en este sentido, las recientes
campañas de desinformación apoyadas por Rusia y China sobre las causas y los
efectos de la pandemia de la COVID-19;
49. Pide a los parlamentos nacionales que se
abstengan de adoptar cambios en la legislación electoral menos de un año antes
de las elecciones, o que introduzcan tales cambios únicamente en situaciones
críticas, sobre la base de un amplio consenso entre todos los actores políticos
y en la sociedad;
50. De conformidad con el objetivo de la UE en
materia de cooperación al desarrollo con todos sus socios dispuestos, tal como
se indica en el Consenso Europeo en materia de Desarrollo y en el Programa para
el Cambio de 2015, y suponiendo que el acercamiento de Moldavia a los
programas, políticas y normas de la UE repercutirá en la calidad de la
democracia participativa y el Estado de Derecho, los derechos humanos y las
libertades fundamentales, el buen gobierno, una economía de mercado que
funcione y el desarrollo sostenible, la Unión Europea considerará la opción de
invitar a Moldavia a incorporarse a nuevos ámbitos y prioridades políticos,
como la política de desarrollo rural de la UE y el programa de financiación
Leader;
51. Pide a los gobiernos y a las autoridades que
alienten reformas electorales encaminadas a garantizar elecciones libres,
justas, competitivas y transparentes y que fomenten la plena conformidad de los
procesos electorales —en especial en la adopción de modificaciones legislativas
de la legislación electoral y la financiación de los partidos— con las normas
internacionales, las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE) y los dictámenes de la Comisión de Venecia;
52. Acoge favorablemente las misiones de
observación electoral internacionales, independientes y periódicas a los países
de la Asociación Oriental, con el fin de apoyar el proceso de fortalecimiento
de las instituciones, los procesos electorales y la rendición de cuentas
democrática;
53. Observa que las decisiones de llevar a cabo o
posponer elecciones o referendos en una situación de pandemia deben adoptarse
únicamente después de evaluar detenidamente las ventajas e inconvenientes de
ambos escenarios, y de consultar a las distintas partes interesadas en el
proceso electoral, así como a las autoridades responsables de garantizar la
salud pública, la seguridad y la protección;
54. Condena enérgicamente la votación ilegal y las
denominadas elecciones organizadas por la Federación de Rusia en los
territorios temporalmente ocupados de Ucrania, Georgia y Moldavia, e insta a
todas las instituciones internacionales y de la Unión Europea y a sus Estados
miembros a abstenerse de toda forma de reconocimiento de la legitimidad de la
votación, los referendos y las personas «electas» en el territorio de las
regiones de Crimea, Luhansk y Donetsk y las regiones georgianas de Abjasia y
Osetia del Sur; Reconoce que los ciudadanos moldavos deben disfrutar de su
derecho a circular libremente por su país, sin restricciones de control
ilegales, y a vivir sin amenazas contra su vida, y a estar protegidos contra
los registros ilícitos y las detenciones discrecionales de estructuras no
reconocidas de los órganos separatistas en Tiraspol, lo que debe considerarse
una prioridad en comparación con otros elementos de la resolución del
conflicto;
55. Encarga a sus copresidentes que transmita la
presente Resolución al Parlamento Europeo, al Consejo, al Vicepresidente de la
Comisión/Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad, al Comisario de Vecindad y Ampliación, así como a los Gobiernos y
Parlamentos de los Estados miembros de la UE y de los países de la AO.
No hay comentarios:
Publicar un comentario