Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.
RESUMEN
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) apoya el desarrollo de la resolución alternativa de litigios (RAL) como alternativa a los procedimientos judiciales cuando los consumidores solicitan reparación por los daños que pueden causarles los comerciantes, junto con procedimientos judiciales accesibles y la protección de los derechos de los consumidores por parte de las autoridades nacionales. Considera que la aplicación por parte de las autoridades nacionales es esencial para asentar la confianza en la protección de los consumidores, mientras que la reparación, ya sea a través de un procedimiento judicial o de un procedimiento de RAL, constituye una forma de restablecer la confianza cuando se produce un incidente entre el consumidor y el comerciante.
El 17 de octubre de 2023, la Comisión publicó sus propuestas para
modernizar y simplificar el marco regulador de la resolución alternativa de
litigios orientada a los consumidores, que consistían en modificaciones de la
Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Directiva RAL), la
derogación del Reglamento (UE) n.o 524/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre resolución de litigios en línea en materia de
consumo y una recomendación dirigida a los mercados en línea y las asociaciones
empresariales de la UE.
La revisión y las nuevas medidas tienen por objetivo actualizar las normas relativas a la resolución extrajudicial de litigios entre proveedores de productos y servicios, por un lado, y consumidores, por otro. Los procedimientos de RAL a que se refieren las propuestas deben ser justos, neutrales y eficientes, con el fin de servir a los intereses tanto de los consumidores como de los comerciantes, incluidas las Pymes. El Dictamen detalla las principales caracteristicas del nuevo Marco, Observaciones Generales, Contribución a un Marco Regulador Equilibrado, Pertinencia de los Comentarios de las entidades de resolución alternativa de litigios, Condiciones de acceso a los Procedimientos. Este artículo se enlaza con el publicado el 20 de marzo de este año, en este mismo Blog, intitulado: "Desaparición de la Plataforma Europea de Resolución de Litigios en Línea",.
A fin de acceder a normas similares y estándares europeos, las empresas,
organizaciones públicas y privados interesados en asesorías, consultorías,
capacitaciones, estudios, evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse
comunicar al correo electrónico:cferreyros@hotmail.com
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 | Diario Oficial | ES Serie C |
C/2024/2482 | 23.4.2024 |
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la resolución alternativa de litigios:
a) Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 524/2013 y se modifican los Reglamentos (UE) 2017/2394 y (UE) 2018/1724 en lo que respecta a la desaparición de la plataforma europea de resolución de litigios en línea
[COM(2023) 647 final — 2023/375 (COD)]
b) Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/11/UE, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, así como las Directivas (UE) 2015/2302, (UE) 2019/2161 y (UE) 2020/1828
[COM(2023) 649 final — 2023/376 (COD)]
(C/2024/2482)
Ponente: | Wautier ROBYNS DE SCHNEIDAUER |
Consulta |
| ||||
Base jurídica | a) y b) artículo 114, apartado 1, y artículo 169, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea | ||||
Sección competente | Mercado Único, Producción y Consumo | ||||
Aprobado en sección | 29.1.2024 | ||||
Aprobado en el pleno | 14.2.2024 | ||||
Pleno n.o | 585 | ||||
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) | 162/0/0 |
1. Conclusiones y recomendaciones
1.1. El Comité Económico
y Social Europeo (CESE) apoya el desarrollo de la resolución alternativa de litigios
(RAL) como alternativa a los procedimientos judiciales cuando los consumidores solicitan
reparación por los daños que pueden causarles los comerciantes, junto con procedimientos
judiciales accesibles y la protección de los derechos de los consumidores por parte
de las autoridades nacionales. Considera que la aplicación por parte de las autoridades
nacionales es esencial para asentar la confianza en la protección de los consumidores,
mientras que la reparación, ya sea a través de un procedimiento judicial o de un
procedimiento de RAL, constituye una forma de restablecer la confianza cuando se
produce un incidente entre el consumidor y el comerciante.
1.2. El CESE aprueba
la opción de una armonización mínima, que ofrece a los Estados miembros la posibilidad
de establecer normas adicionales para estos sistemas, en particular en los mercados
en los que su disponibilidad contribuye a reforzar la confianza de los consumidores
con respecto a los productos y servicios que compran en su propio país, en otro
Estado miembro de la UE o a comerciantes externos que puedan adherirse a sistemas
de RAL establecidos en la UE. El CESE anima a los Estados miembros a que apliquen
y sigan muy de cerca los requisitos actuales para mejorar el acceso a procesos de
RAL, así como su equidad, calidad, asesoramiento especializado, imparcialidad, legalidad,
independencia y la confianza que consumidores y comerciantes depositan en ellos.
1.3. El CESE subraya
la importancia de alentar a los Estados miembros y a las industrias a establecer
estos sistemas y a los comerciantes, incluidas las pymes, a adherirse a ellos de
forma voluntaria. El CESE pide, por tanto, que se adopten medidas que aumenten la
participación de los comerciantes en sistemas y procedimientos de RAL, iniciados
por los consumidores, sobre todo en determinados sectores con un gran número de
reclamaciones (por ejemplo, los viajes y el turismo, la aviación y los circuitos
combinados, además de sectores críticos como la energía, los servicios financieros
y las telecomunicaciones) y otros sectores con compromisos a largo plazo y gastos
y transacciones importantes. El CESE pide a la Comisión que revise los avances en
los sistemas de RAL tres años después de la aplicación de la Directiva propuesta.
1.4. El CESE considera
que los comentarios de las instancias de RAL son sumamente valiosos tanto para los
profesionales como para los legisladores o reguladores. Por lo tanto, aboga por
la notificación rápida de las situaciones de crisis, además del requisito de publicación
bienal de los informes de actividad que deben cumplir los sistemas de RAL. Pide
a la Comisión que incorpore los comentarios de las plataformas de RAL en sus evaluaciones
de las normas sectoriales.
1.5. Una de las
razones por las que la RAL no se ha desarrollado en la misma medida en toda Europa
es la falta de información disponible para las empresas y los clientes. La comunicación
sobre la RAL será importante para lograr que los comerciantes participen en estos
sistemas y para convencer a los consumidores de que son accesibles y útiles. Por
consiguiente, el CESE espera que la Comisión y los Estados miembros se dirijan activamente
a las agrupaciones pertinentes y sigan aplicando medidas sencillas y eficaces de
información y asistencia, como la puesta en común de los datos de contacto de las
entidades de RAL cuando el comerciante rechace inicialmente la reclamación del consumidor.
1.6. El CESE pide
a los legisladores que aclaren en mayor medida, por un lado, el requisito de que
los consumidores se pongan primero en contacto con el comerciante antes de recurrir
a un sistema de RAL y, por otro, las sanciones aplicables a los comerciantes que
no cumplan el requisito de notificar su aceptación del procedimiento de RAL en el
plazo de veinte días hábiles contemplado en las propuestas.
2. Principales características
de la propuesta legislativa
2.1. El 17 de octubre
de 2023, la Comisión publicó sus propuestas para modernizar y simplificar el marco
regulador de la resolución alternativa de litigios orientada a los consumidores,
que consistían en modificaciones de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo (1) (Directiva
RAL), la derogación del Reglamento (UE) n.o 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) sobre
resolución de litigios en línea en materia de consumo y una recomendación dirigida
a los mercados en línea y las asociaciones empresariales de la UE.
2.2. La revisión
y las nuevas medidas tienen por objetivo actualizar las normas relativas a la resolución
extrajudicial de litigios entre proveedores de productos y servicios, por un lado,
y consumidores, por otro. Los procedimientos de RAL a que se refieren las propuestas
deben ser justos, neutrales y eficientes, con el fin de servir a los intereses tanto
de los consumidores como de los comerciantes, incluidas las pymes.
2.3. El nuevo marco:
2.3.1. incluirá
a los comerciantes de fuera de la UE y abarcará las prácticas desleales, como las
interfaces manipuladoras y las prácticas de publicidad o bloqueo geográfico, así
como los problemas relacionados con el cambio de proveedor o los costes de itinerancia;
2.3.2. confiará
a organismos designados y bien divulgados, como la Red de Centros Europeos del Consumidor
(Red CEC), la prestación de asistencia a los consumidores para que entiendan los
procedimientos de RAL y accedan a ellos en el marco de un enfoque personalizado
para facilitar la comunicación entre las partes implicadas;
2.3.3. concederá
a los comerciantes un plazo de veinte días para aceptar o rechazar la tramitación
de una reclamación en un procedimiento de RAL;
2.3.4. dejará que
los Estados miembros amplíen la obligación de los comerciantes de adherirse a los
sistemas de RAL, al tiempo que tratará de animarlos a hacerlo cuando la adhesión
no sea obligatoria en virtud de las normas nacionales o de la UE;
2.3.5. suprimirá
el procedimiento de resolución de litigios en línea (RLL), que rara vez se utiliza,
y lo sustituirá por herramientas digitales interactivas que dirijan a los consumidores
a las vías de recurso disponibles;
2.3.6. procurará
incluir, mediante una recomendación, los sistemas de RAL que ofrecen los mercados
en línea y las asociaciones empresariales de la UE, prestando atención, entre otras
cosas, a la independencia, la imparcialidad y la experiencia necesarias para garantizar
la equidad y la eficacia de dichos sistemas, y reflejando así las normas que se
aplican en general a los sistemas de RAL;
2.3.7. permitirá
la presentación de reclamaciones colectivas de RAL (por ejemplo, cuando varios viajeros
hayan sufrido molestias o daños similares), con la posibilidad de que los demandantes
se excluyan de dichas reclamaciones a título individual.
3. Observaciones generales
3.1. La confianza
en los minoristas y los proveedores de servicios aumenta con su capacidad para tramitar
las reclamaciones de manera eficaz, como muestra el Cuadro de Indicadores de los
Consumidores de 2023 (3). El
CESE considera que la RAL puede aplicarse a numerosos litigios, de los cuales solo
algunos guardan relación con los derechos de los consumidores, ya que la RAL también
puede utilizarse, por ejemplo, para resolver los problemas que los ciudadanos puedan
tener con las administraciones públicas y los servicios sociales, así como los litigios
entre profesionales. Si bien la propuesta sometida a examen aborda específicamente
cuestiones relacionadas con los derechos de los consumidores, el Comité sostiene
que la resolución extrajudicial de litigios debe promoverse junto con medidas destinadas
a facilitar el acceso a los tribunales en diferentes ámbitos. El CESE apoya los
intercambios de buenas prácticas en todos los ámbitos.
3.2. La Declaración
de Derechos del Consumidor, presentada en 1962 por el presidente de los Estados
Unidos John F. Kennedy, ya estableció el derecho a ser oído como uno de los fundamentos
de la política moderna en materia de protección de los consumidores. Desde entonces,
el derecho a la reparación ha sido un objetivo político tanto a nivel nacional como
internacional, con iniciativas para prevenir litigios, facilitar el acceso a los
tribunales y desarrollar procedimientos de resolución alternativa de litigios a
través de los esfuerzos de operadores privados y una legislación que establece normas
cada vez más estrictas.
3.3. En el caso
específico de los derechos de los consumidores, los procedimientos de RAL deben
basarse, por principio, en las normas vigentes en materia de protección de los consumidores,
a fin de lograr un resultado práctico, justo y equitativo. El CESE considera que
la voluntad del consumidor de presentar una reclamación es una expresión de confianza
en este método de reparación y, de manera más general, en la posibilidad de restablecer
la confianza en el comerciante.
3.4. El CESE considera
que las vías de recurso forman parte de la política de protección de los consumidores,
junto con la calidad de los productos y servicios, incluido el asesoramiento a los
consumidores. A este respecto, las acciones judiciales, tanto individuales como
colectivas, pueden ser percibidas, tanto por los consumidores como por las empresas,
como un proceso largo y oneroso, aunque esas acciones siguen siendo válidas, especialmente
cuando el acceso a los procedimientos de reclamación de escasa cuantía es asequible,
como ocurre en algunos Estados miembros. Además, dan lugar a resoluciones judiciales
que pueden citarse en asuntos futuros, lo que no ocurre con la misma frecuencia
con el resultado de los procedimientos de RAL.
3.5. El artículo
47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza a toda persona el
derecho a la tutela judicial efectiva como principio del Estado de Derecho. Además
de los procedimientos judiciales y la presentación de reclamaciones ante autoridades
públicas específicas, la RAL ofrece a los consumidores un medio para defender sus
derechos. Este enfoque es especialmente pertinente para las reclamaciones menores,
que pueden carecer de motivación para solicitar una resolución judicial.
3.6. El CESE acoge
con satisfacción el objetivo general de la Comisión de revisar y renovar el marco
jurídico relativo a los sistemas disponibles para que los consumidores soliciten
y encuentren reparación a través de sistemas extrajudiciales estructurados, que
deberían ser fácilmente accesibles, asequibles para todas las partes interesadas
y más rápidos que los procedimientos judiciales. La investigación ha demostrado
que determinadas categorías de personas, por lo general las que tienen ingresos
más bajos, están menos integradas socialmente y son menos diestras con la tecnología,
tienen más dificultades para presentar reclamaciones. Por lo tanto, racionalizar
los procesos de reclamación para hacerlos más accesibles no es solo una necesidad
procedimental, sino un imperativo social (4).
3.7. El CESE acoge
favorablemente la posibilidad de que los comerciantes establecidos fuera del mercado
europeo puedan recurrir a entidades de RAL para resolver sus litigios en beneficio
de los consumidores de la UE, pero considera que estos comerciantes deberían estar
sujetos al pago de una contribución financiera justa a esas entidades, y no ser
tratados como «operadores independientes» a este respecto.
4. Contribución a un marco
regulador equilibrado
4.1. El CESE aprueba
el compromiso de la Comisión de velar por la competitividad a largo plazo de la
economía de la UE y en consonancia con el programa REFIT.
4.2. El CESE se
congratula de que las propuestas contribuyan a reforzar la competitividad de los
comerciantes que adoptan un enfoque conciliador en lugar de recurrir a procedimientos
judiciales (que a menudo se consideran largos y onerosos), lo que brinda a los comerciantes
que aceptan los procedimientos de RAL una ventaja competitiva y la oportunidad de
reivindicar una reputación de «operador de confianza», al menos en este sentido.
4.3. El CESE señala
la necesidad de mejorar la aplicación de los derechos de los consumidores en el
caso del comercio transfronterizo mediante una revisión del Reglamento sobre la
cooperación en materia de protección de los consumidores (5), a fin
de reforzar la coordinación entre las autoridades nacionales competentes.
4.4. El CESE reconoce
que el aumento de las transacciones en línea durante la pandemia de COVID-19, la
expansión simultánea del modelo de mercado en línea y la prioridad concedida a la
transición digital justifican que se tengan en cuenta estas nuevas e importantes
características de los intercambios comerciales con los consumidores. Al mismo tiempo,
el CESE celebra los esfuerzos y las propuestas realizadas para incluir el acceso
fuera de línea a los sistemas de RAL para los consumidores que prefieren este tipo
de procedimiento, garantizar la supervisión humana de las decisiones y prestar la
debida atención a las necesidades de todos los grupos vulnerables, incluidos tanto
las personas mayores como los jóvenes, entre ellos los estudiantes (que al parecer
se enfrentan a menudo a problemas con los proveedores de telecomunicaciones e internet).
La protección de estos grupos debería destacarse de manera explícita en la propia
Directiva, y no en los considerandos, para evitar dejar de lado posibles quejas
de estos grupos.
4.5. Por consiguiente,
deben promoverse sistemas de RAL justos, neutrales y eficientes, tanto de manera
general como teniendo en cuenta, más en particular, aquellos productos y servicios,
incluido el asesoramiento a los consumidores, que se sabe que dan lugar a un número
significativo de reclamaciones de los consumidores, y en los que es esencial que
estos últimos puedan depositar toda su confianza, dada la importancia de la adaptación
al entorno digital, o en términos de importe del gasto o duración de los compromisos
contractuales.
4.6. Con vistas
a su aplicación efectiva, la protección de los consumidores también requiere una
aplicación correcta y una respuesta reglamentaria a los casos en que las reclamaciones
justifiquen dicha acción. El CESE está a favor de que las autoridades públicas impongan
multas proporcionadas en caso de infracción para financiar los sistemas de RAL que
cumplan las normas de equidad y eficacia.
4.7. El CESE entiende
que aspirar a incluir todas las relaciones entre consumidores y comerciantes, cualquiera
que sea su lugar de establecimiento, podría sobrepasar las competencias del Derecho
de la UE. El CESE sigue recomendando encarecidamente que se avance en esta dirección
en la política general de consumidores, tanto a nivel de la UE como de los Estados
miembros, a fin de reforzar la confianza en los sistemas de RAL. El CESE pide que
se adopten medidas que aumenten la participación de los comerciantes en sistemas
y procedimientos de RAL, iniciados por los consumidores, sobre todo en determinados
sectores con un gran número de reclamaciones (por ejemplo, los viajes y el turismo,
la aviación y los circuitos combinados, además de sectores críticos como la energía,
los servicios financieros y las telecomunicaciones) y otros sectores con compromisos
a largo plazo y gastos y transacciones importantes. La Comisión debería comprometerse
a evaluar los avances tres años después de la aplicación de la Directiva propuesta.
4.8. El CESE reconoce
la falta de eficacia del actual sistema de RLL, en que el porcentaje de éxito de
las reclamaciones presentadas resulta demasiado bajo, a pesar de la financiación
que se había destinado a este sistema. Respalda los objetivos de simplificación
y expresa su esperanza de que los servicios mencionados en el artículo 20, apartado
8, no reemplacen un sistema formal por otra capa administrativa y eviten la introducción
de costes adicionales. El CESE recomienda que la Comisión Europea detalle la finalidad,
el diseño y las funcionalidades de la herramienta digital propuesta que sustituye
a la plataforma RLL, garantizando la coordinación con las herramientas existentes
de los Estados miembros e implicando a las partes interesadas en el desarrollo.
4.9. Si bien las
propuestas tienen por objeto ampliar el ámbito de aplicación actual de la Directiva
sobre RAL para incluir las relaciones precontractuales entre consumidores y comerciantes,
no está claro en qué medida esta ampliación aumentará la carga de trabajo y el coste
para las entidades de RAL. El CESE lamenta que este aspecto no se tenga suficientemente
en cuenta en la evaluación de impacto y pueda tener un efecto negativo en la financiación
pública y privada de estas entidades. Son necesarias medidas de mitigación para
abordar esta cuestión.
4.10. El CESE señala
la oportunidad de incluir, más allá de las ampliaciones del ámbito de aplicación
de la Directiva ya incluidas en la propuesta, las posibles infracciones de los derechos
de los ciudadanos que no sean la contraparte contractual del comerciante, como los
ciudadanos que tienen derecho a una indemnización en virtud de los principios de
responsabilidad civil (por ejemplo, en el marco de la responsabilidad de los productos
o la responsabilidad civil en los seguros de automóvil a terceros) o a prestaciones
en virtud de contratos de los que son beneficiarios sin ser partes del mismo.
5. Pertinencia de los comentarios
de las entidades de resolución alternativa de litigios
5.1. El CESE subraya
la importancia de la contribución de las propuestas a una mayor conciencia de la
necesidad de mejorar la calidad de los productos y servicios gracias a informes
de acceso público que son útiles para las autoridades nacionales y los legisladores
a nivel de los Estados miembros y de la UE, así como para los órganos de dirección
y los consejos de administración de los comerciantes.
5.2. El CESE insta
a la Comisión a que se refiera de manera sistemática y explícita a los comentarios
de las entidades y redes de RAL en su evaluación de las cuestiones de política en
materia de protección de los consumidores, tanto de manera general como en propuestas
legislativas sectoriales específicas.
5.3. Por consiguiente,
el CESE expresa sus dudas sobre el diseño de los requisitos de información, ya que
unos comentarios rápidos y racionalizados por parte de las entidades de RAL son
fundamentales para animar a los comerciantes a adaptar su comportamiento y, cuando
esté justificado, para instar a las autoridades supervisoras y legislativas de los
Estados miembros y de la UE a adoptar medidas políticas. Estos comentarios deben
estar disponibles anualmente en los sectores en los que el número de reclamaciones
y la importancia de los intereses en juego lo justifiquen. Aunque la notificación
puede simplificarse si la experiencia a lo largo de un año no tiene mucho valor
añadido, las entidades de RAL deben aplicar procedimientos acelerados cuando se
enfrenten a situaciones de crisis que no puedan notificarse como se propone, de
forma bienal.
5.4. El CESE reconoce
el esfuerzo realizado para aumentar la confianza de los consumidores, incluso a
través de aspectos transfronterizos y del mercado único, y la necesidad de abordar
la cooperación transfronteriza dentro de la UE a la hora de tramitar las reclamaciones
de escasa cuantía mediante procedimientos de bajo coste.
5.5. El CESE es
consciente de la existencia de casos complicados en los que es difícil para el consumidor
medio, por motivos relacionados con el idioma, la legislación aplicable y los umbrales
administrativos o financieros, presentar una reclamación ante las entidades de RAL
competentes, en especial cuando en la cadena de suministro participan comerciantes
establecidos en diferentes países, cada uno de los cuales es responsable de una
parte de la entrega y el resultado para el consumidor, y aprueba la voluntad expresada
en las propuestas de señalar la forma (o las formas) en que deben proceder los consumidores
con la ayuda de los organismos apropiados, como la Red de Centros Europeos del Consumidor.
5.6. Dado que los
sistemas de RAL establecidos en un Estado miembro pueden desconocer los derechos
de los consumidores aplicables en el Estado en el que se entregan los productos
o se prestan los servicios, el CESE pide a la Comisión que cree, supervise y desarrolle
redes de cooperación transfronteriza entre sistemas de RAL en sectores específicos,
como ya ocurre en algunos sectores, como FIN-NET para los servicios financieros
y TRAVEL-NET para los viajes y el transporte público.
6. Condiciones de acceso
a los procedimientos de resolución alternativa de litigios
6.1. La propuesta
de agrupar las reclamaciones en los procesos de RAL, en aras de la rentabilidad
y la coherencia, debe aplicarse de forma selectiva y en condiciones específicas,
como asesoramiento especializado adecuado en materia de RAL, consentimiento informado
de los consumidores y coordinación con las autoridades competentes en materia de
derechos de los consumidores y posibles acciones de representación en virtud de
la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) relativa
a las acciones de representación. El CESE entiende que el artículo 5, apartado 2,
letra d), brinda a los consumidores la posibilidad de excluirse de un procedimiento
colectivo y solicitar una indemnización a título individual en función de las características
de su propio caso.
6.2. El CESE pide
que se aclare el umbral para acceder a los procedimientos de RAL. Considera que
la posibilidad de que la entidad de RAL desestime un asunto porque el consumidor
no se puso en contacto con el comerciante antes de presentar el recurso debe estar
sujeta a condiciones precisas, en lugar de a una referencia a normas potencialmente
desproporcionadas sobre el formato del contacto. Los contactos entre consumidores
y comerciantes suelen realizarse a través de chatbots, llamadas a centros de atención
telefónica, mensajes electrónicos y cartas, en su caso certificadas, de los que
no siempre queda constancia para su futura consulta.
6.3. El CESE es
consciente de que imponer una contribución financiera a los consumidores puede disuadir
a los consumidores vulnerables o con litigios de escasa cuantía de hacer uso de
los sistemas de RAL, mientras que en varios Estados miembros y sectores el acceso
a la RAL es gratuito, sin que ello dé lugar a reclamaciones injustificadas.
6.4. El CESE considera
que las propuestas no abordan suficientemente la cuestión del tiempo que necesitan
las entidades de RAL para considerar que una reclamación está completa, lo que podría
dar lugar a incoherencias en el tiempo de resolución, en detrimento de la confianza
de los consumidores. Estas cuestiones justifican que las autoridades nacionales
competentes supervisen el trabajo realizado por las entidades de RAL certificadas.
6.5. El CESE también
valoraría positivamente que las propuestas pudieran regular de manera concreta las
consecuencias de la falta de respuesta por parte del comerciante dentro del plazo
fijado. No debe convertirse en una carga excesiva para las entidades de RAL supervisar
el cumplimiento de esta obligación, que es fundamental para mantener la confianza
en la rápida tramitación de las reclamaciones de los consumidores. Sigue sin estar
claro si la intención era dejar que esta cuestión se regulara mediante medidas que
podrían diferir de un Estado miembro a otro, y si la falta de respuesta constituiría
un motivo de responsabilidad o debería considerarse como una aceptación de la participación
en el procedimiento propuesto.
6.6. Por último,
el CESE insiste en la necesidad de supervisar en qué medida los comerciantes aplican
efectivamente las decisiones adoptadas por las entidades de RAL, ya que el objetivo
de desarrollar el uso de los sistemas de RAL no tiene sentido si el valor de estas
posibilidades de recurso es dudoso.
6.7. En consecuencia, y con el fin de aumentar la relevancia de esta forma de resolver conflictos, la revisión debe centrarse en formas de hacer que las partes se adhieran voluntariamente a las decisiones de los organismos de RAL. Esto implica ofrecer a las partes la opción, al inicio del proceso de RAL, de determinar si la resolución adoptará la forma de una recomendación no vinculante o de una decisión jurídicamente vinculante. Por consiguiente, el CESE anima a la Comisión a que estudie y determine estrategias eficaces para reforzar la participación en los sistemas de RAL. Además, los colegisladores deberían considerar la viabilidad de introducir medidas legislativas adicionales para reforzar el compromiso de las partes de participar y adherirse al proceso de RAL.
Bruselas, 14 de febrero de 2024.
El Presidente del Comité Económico y Social Europeo
Oliver RÖPKE
(1) Directiva
2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa
a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo y por la que se modifica
el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (Directiva sobre resolución alternativa
de litigios en materia de consumo) (DO L 165 de 18.6.2013,
p. 63).
(2) Reglamento
(UE) n.o 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre
resolución de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.o 2006/2004 y la Directiva 2009/22/CE (DO L 165 de 18.6.2013,
p. 1).
(3) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_23_1891
(4) Naomi Creutzfeldt, Chris Gill, Marine
Cornelis y Rachel McPherson: Access to justice for vulnerable and energy-poor
consumers. Just energy?, Hart Publishing, Oxford, 2021.
(5) Reglamento
(UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
sobre la cooperación entre las autoridades nacionales responsables de la aplicación
de la legislación en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n..o 2006/2004 (DO L 345 de 27.12.2017,
p. 1).
(6) Directiva
(UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020,
relativa a las acciones de representación para la protección de los intereses colectivos
de los consumidores, y por la que se deroga la Directiva 2009/22/CE (DO L 409 de 4.12.2020,
p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2482/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)
