Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.
RESUMEN
La presente Comunicación de la Comisión Europea
al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la hoja de ruta de la UE para la lucha
contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada recoge el Dictamen del
Comité Económico y Social Europeo (CESE) al respecto.
Entre sus Conclusiones destaca que la hoja
de ruta de la UE para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada
requiere tanto de una mayor cooperación y coordinación a escala europea como de
una adecuada financiación de las autoridades de seguridad, dotando los Estados miembros
a sus autoridades aduaneras y policiales de recursos humanos y técnicos adecuados,
salarios y condiciones laborales dignos y formación continua. Incluyendo la participación
de los sindicatos que representan a los funcionarios de policía y aduanas para determinar
de forma adecuada sus necesidades.
Desde el punto de vista de la sociedad civil,
el consumo de drogas debe abordarse más con medidas preventivas y de acompañamiento,
y menos con la represión.
En materia de digitalización, el CESE, insta
a los Estados miembros a acelerar ésta, fomentar el intercambio de información entre las autoridades policiales,
incluidas las medidas de digitalización asociadas, desarrollar una conectividad digital óptima entre las autoridades
aduaneras y armonizar la digitalización entre las autoridades públicas.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE)
acoge con satisfacción la propuesta de iniciativas efectivas para desmantelar las
redes delictivas, entre ellas, aquellas relacionadas con el secreto bancario y la
existencia de paraísos fiscales, el blanqueo de capitales y la corrupción elementos
de la mayor importancia para la delincuencia organizada. Por ultimo recomienda,
que se adopten más iniciativas para la prevención de adicciones.
A fin de acceder a normas
similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y privados
interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios, evaluaciones,
auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo electrónico:cferreyros@hotmail.com
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 | Diario Oficial | ES Serie C |
C/2024/4066 | 12.7.2024 |
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la hoja de ruta de la UE para la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada
[COM(2023) 641 final]
(C/2024/4066)
Ponente:
Christian MOOSConsulta | Comisión Europea, 28.2.2024 |
Base jurídica | Artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea |
Sección competente | Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía |
Aprobado en sección | 12.4.2024 |
Aprobado en el pleno | 25.4.2024 |
Pleno n.o | 587 |
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) | 147/1/7 |
1. Conclusiones y recomendaciones
1.1. La lucha contra
la delincuencia organizada requiere tanto de una mayor cooperación y coordinación
a escala europea como de la adecuada financiación de las autoridades de seguridad.
Los Estados miembros deben dotar a sus autoridades aduaneras y policiales de recursos
humanos y técnicos adecuados, salarios y condiciones laborales dignos y formación
continua.
1.2. La lucha contra
el abuso de estupefacientes y drogas duras requiere un enfoque más diferenciado,
que incluya a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista de la sociedad
civil, el consumo de drogas debe abordarse más con medidas preventivas y de acompañamiento,
y menos con la represión.
1.3. La atención
especial a los puertos se justifica por el volumen del comercio en tránsito, pero
no por ello deben dejarse de adoptar medidas para abordar otras rutas y puntos de
acceso.
1.4. El uso del
término «asociación entre los sectores público y privado» es muy desafortunado cuando
se aplica a la cooperación entre autoridades públicas y entidades privadas en el
contexto que nos ocupa. En su lugar, la Comisión debería referirse a un enfoque
multilateral.
1.5. El Comité Económico
y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la propuesta de iniciativas efectivas
para desmantelar las redes delictivas. El secreto bancario y la existencia de paraísos
fiscales, el blanqueo de capitales y la corrupción son elementos de la mayor importancia
para la delincuencia organizada.
1.6. A fin de combatir
la delincuencia organizada de la manera más eficaz posible, el CESE aboga por una
mejor coordinación transfronteriza entre las autoridades aduaneras y policiales
y por una mejor cooperación entre las autoridades policiales, judiciales y tributarias.
1.7. El CESE insta
a los Estados miembros a que inviertan fondos suficientes en sus administraciones
públicas y a que aceleren su digitalización al objeto de luchar contra la delincuencia
organizada.
1.8. Es importante
incluir a los sindicatos que representan a los funcionarios de policía y aduanas
para determinar de forma adecuada las necesidades de personal y material y tener
en cuenta sus conocimientos y experiencia.
1.9. Los toxicómanos
son víctimas y no delincuentes, siempre y cuando el uso que hagan de las drogas
no desemboque en la comisión de delitos derivados de la adquisición de estupefacientes
ni ponga en peligro a terceros. El CESE recomienda encarecidamente que se estudien
las experiencias de los países y regiones en los que se tolera el consumo de determinadas
drogas o se ha despenalizado el consumo de cannabis.
1.10. El CESE recomienda
que se adopten más iniciativas para la prevención de adicciones -y que estas no
se centren únicamente en las drogas duras - con el fin de proteger a los europeos,
especialmente a la juventud, de los riesgos que conllevan. Los fondos incautados
deberían utilizarse para proyectos de prevención.
2. Observaciones generales
sobre la hoja de ruta de la UE
2.1. El CESE coincide
con la Comisión Europea en que la delincuencia organizada es una de las amenazas
para la seguridad más graves a la que se enfrenta Europa. La lucha contra la delincuencia
organizada requiere tanto de una mayor cooperación y coordinación europeas como
de la adecuada financiación de las autoridades de seguridad a escala de la UE y,
primero y ante todo, de los Estados miembros. Asimismo, la lucha contra el abuso
de estupefacientes y drogas duras requiere un enfoque más diferenciado que incluya
a la sociedad en su conjunto, y no basarse únicamente en la coerción. En este marco,
el papel de la sociedad civil es esencial, y no un mero añadido.
2.2. El consumo
de drogas causa enormes daños a la salud, la sociedad y la economía. Perjudica no
solo a los toxicómanos, sino también a sus familiares y a comunidades enteras. Altera
peligrosamente el orden social y va asociado a la comisión —por no decir que la
fomenta— de numerosas faltas y delitos, también los más graves.
2.3. El tráfico
de drogas y la delincuencia organizada no son solo fenómenos de carácter transfronterizo;
siempre tienen una dimensión geopolítica. La delincuencia organizada puede socavar
las estructuras estatales y, en última instancia, conducir a la desintegración o
captura del Estado por parte de regímenes dictatoriales con élites gobernantes de
tipo mafioso, lo que afecta a las relaciones internacionales y al orden de seguridad
internacional.
2.4. La delincuencia
organizada siempre está vinculada a graves violaciones de los derechos fundamentales
y los derechos humanos y contribuye a la desestabilización de las democracias liberales.
Cuando la delincuencia organizada detenta un gran poder informal, refuerza las tendencias
autoritarias.
2.5. La lucha contra
la delincuencia organizada es esencial para combatir no solo la corrupción y el
blanqueo de capitales, sino también la financiación de las redes terroristas, la
trata de seres humanos y otros delitos. Los Estados miembros de la UE deben colaborar
entre ellos y con terceros países, con el apoyo efectivo de la Unión, para hacer
cumplir la ley, mantener el orden público y garantizar el monopolio estatal del
uso de la fuerza contra las bandas, clanes y redes de tipo mafioso. Para ello, el
estricto cumplimiento de las normas del Estado de Derecho es una condición indispensable.
2.6. La incautación
de bienes sigue siendo demasiado baja. Estas medidas deben reforzarse y la UE debe
fijar objetivos (por ejemplo, un porcentaje mínimo) de reutilización social de bienes
incautados para campañas públicas de prevención de adicciones y proyectos de la
sociedad civil en este ámbito que se destinen especialmente a la juventud.
2.7. Los denominados
«narcoestados» desempeñan un papel importante en el tráfico mundial de drogas. La
Comisión Europea y el SEAE deben disponer de recursos suficientes para impedir ya
en origen la llegada de sustancias ilícitas. La estrategia «Global Gateway» de la
UE puede ofrecer alternativas económicas a la población de los países en las que
se cultivan.
2.8. Debe prestarse
especial atención al sector financiero y fomentar los conocimientos especializados
correspondientes, así como la cooperación con las autoridades fiscales. El secreto
bancario y la existencia de paraísos fiscales son mucho más importantes para la
subsistencia de la delincuencia organizada que, por ejemplo, sus logros aislados
en la entrega de drogas a través de los puertos europeos.
2.9. Los toxicómanos
son víctimas y no delincuentes, siempre y cuando el uso que hagan de las drogas
no desemboque en la comisión de delitos derivados de la adquisición de estupefacientes
ni ponga en peligro a terceros. Por lo expuesto, el CESE recomienda encarecidamente
que se estudien las experiencias de despenalización del consumo de drogas duras,
entre otros en Columbia Británica (Canadá), Oregón (Estados Unidos) y Portugal.
La legalización del consumo de drogas puede propiciar un aumento de las medidas
preventivas y orientadas a la salud y reorientar los recursos. De hecho, puede reducir
los índices de delincuencia asociados a la adquisición de drogas por parte de los
usuarios finales, además de ofrecerles unas condiciones más seguras de consumo y
de mitigar las repercusiones en la vida pública y la seguridad. Portugal registró
una disminución de las muertes por drogas, que pasaron de 369 en 1999 a 30 en 2016.
Más aún, se redujeron significativamente las cifras totales de adictos a la heroína,
al igual que las de los nuevos casos de VIH y hepatitis C.
2.10. Desde el punto
de vista de la sociedad civil, el consumo de drogas debe abordarse más con medidas
preventivas y de acompañamiento, y menos con medidas represivas. Los recursos necesarios
para luchar eficazmente contra la delincuencia organizada estarían mejor orientados
si se dirigieran contra las redes delictivas y, sobre todo, contra sus activos e
instrumentos financieros, en lugar de contra los toxicómanos. En este contexto,
es importante recordar que el número de muertes causadas por la adicción a sustancias
legalmente permitidas (tabaco, alcohol) es mucho mayor que las ocasionadas por el
consumo de sustancias ilegales. Conforme a los datos del Observatorio Europeo de
las Drogas y las Toxicomanías, en 2021 se produjeron 6 166 muertes inducidas por
drogas en la UE. Según la Comisión Europea, casi 700 000 europeos mueren al año
debido a enfermedades causadas por el tabaquismo o el vapeo. El alcoholismo también
es causa de cientos de miles de muertes prematuras.
2.11. Las organizaciones
de la sociedad civil deben participar activamente en la futura aplicación de la
Estrategia de la UE contra la Delincuencia Organizada 2021-2025 y la Agenda Europea
de Lucha contra la Droga, dada su condición de prestatarias de la mayor parte de
los servicios de asistencia. Dichas organizaciones brindan además un apoyo vital
a los sistemas sanitarios y sociales y disponen de los conocimientos y la experiencia
pertinentes.
2.12. Es igualmente
importante la inclusión de los interlocutores sociales y, en concreto, de los sindicatos
que representan a los funcionarios de policía y aduanas que combaten la delincuencia
organizada. La participación de los funcionarios de policía y aduanas es fundamental
para poder anticipar y limitar eficazmente los potenciales riesgos a que se exponen
los investigadores e inspectores, evaluar y planificar adecuadamente las necesidades
de recursos materiales y humanos y adoptar un enfoque ascendente que permita incorporar
los conocimientos técnicos. Esto es pertinente en particular de cara a la próxima
evaluación de la Estrategia sobre Drogas en 2024.
2.13. Dada la crítica
situación del principio de legalidad en algunos Estados miembros de la UE, ya no
es posible garantizar el pleno respeto de los derechos fundamentales y del Estado
de Derecho. En opinión del CESE, si las autoridades de los veintisiete Estados miembros
de la UE han dejado de cooperar sobre la base del respeto de los derechos fundamentales,
dicha cooperación debería garantizarse alternativamente mediante el procedimiento
de cooperación reforzada.
3. Observaciones sobre
otras iniciativas
3.1. El CESE acoge
con satisfacción la propuesta de iniciativas efectivas para desmantelar las redes
delictivas, siempre que respeten el Estado de Derecho. Lo mismo cabe decir de una
mayor consolidación de la cooperación policial y el intercambio de información entre
las autoridades policiales, incluidas las medidas de digitalización asociadas.
3.2. Habida cuenta
de la evolución extremadamente rápida del mercado de las drogas ilícitas y de la
producción y proliferación de drogas sintéticas cada vez más peligrosas, el Comité
acoge con especial satisfacción la próxima puesta en marcha de la actividad y el
refuerzo de las competencias del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías,
que en breve pasará a denominarse Agencia de la Unión Europea sobre Drogas (EUDA),
así como el futuro sistema europeo de alerta en materia de drogas.
3.3. El CESE celebra
los objetivos fundamentales de la propuesta de reforma de la unión aduanera [COM(2023)
257 final]. Es importante reforzar las administraciones aduaneras y la cooperación
tanto entre ellas como con las autoridades policiales, con el fin de evitar la importación
en la UE de productos peligrosos e ilegales.
3.4. No obstante,
el CESE señala que la reforma aduanera también debe ser compatible con la Alianza
Europea de Puertos a que se alude. Si bien la propuesta de la Comisión tiene por
objeto reforzar los puertos y centros logísticos, suscita preocupación que la gobernanza
operativa planteada a escala de la UE pueda, en última instancia, debilitar las
competencias de las administraciones aduaneras y dar lugar a una reducción de las
oficinas de aduana fuera de los centros logísticos especificados. Tal reducción
sería rechazada tanto por las empresas, que requieren distancias cortas y conocimientos
sobre la región, como por los sindicatos afectados.
3.5. En esencia,
en lo que respecta a las autoridades pertinentes de los Estados miembros y el reparto
de competencias, debe prestarse especial atención a determinar las necesidades operativas
específicas y darles mejor respuesta. Los gobiernos nacionales tienen una responsabilidad
material en este ámbito.
3.6. En los casos
en que la cooperación más estrecha entre los veintisiete Estados miembros de la
UE siga siendo difícil y, como consecuencia de ello, los enfoques supranacionales
pierdan impulso, debe darse prioridad a la cooperación específica entre grupos de
Estados miembros, como también ocurre con el apoyo a Europol y Eurojust, que ya
ha dado lugar a resultados satisfactorios en la lucha contra las redes delictivas
de tráfico de drogas.
3.7. La plataforma
multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT) y la red operativa
contra los grupos delictivos organizados de tipo mafioso son instrumentos eficaces
en la lucha contra el tráfico de drogas, y deben ampliarse y reforzarse. Sin embargo,
desde el punto de vista de la sociedad civil, siempre es necesario velar por que
la cooperación policial y entre las fuerzas o cuerpos de seguridad no dé lugar a
abusos por parte de las autoridades de los Estados miembros o de terceros países
que no operen (o hayan dejado de operar) de conformidad con el Estado de Derecho.
3.8. El CESE desearía
que se adoptaran más iniciativas —y que estas no se centraran únicamente en las
drogas duras— para proteger a los europeos, especialmente a la juventud, de los
riesgos asociados a las adicciones. El consumo elevado de alcohol, por ejemplo,
tiene los mismos efectos que una droga dura si se consideran sus riesgos para la
salud, además de causar perjuicios considerables a la sociedad, entre otros a los
hijos de padres alcohólicos abusivos y al mercado laboral, al afectar la aptitud
de los trabajadores.
4. Evaluación de las medidas
y acciones prioritarias
4.1. El CESE subraya
la importancia de los puertos como puntos de entrada de las drogas y precursores
necesarios para la producción de drogas sintéticas. La Alianza Europea de Puertos
propuesta y una conectividad digital óptima entre las autoridades aduaneras a escala
de la UE son planteamientos útiles, y cabe acoger favorablemente la financiación
en el marco del programa Aduana.
4.2. Para que la
comunidad aduanera sea la primera línea de defensa contra el tráfico de artículos
ilegales y peligrosos, como señala la Comisión, los Estados miembros deben dotar
a sus administraciones aduaneras y a sus fuerzas policiales de recursos humanos
y técnicos adecuados, así como de formación continua. Por ejemplo, cuando las autoridades
aduaneras no disponen de recursos humanos o equipos adecuados, como ocurre en muchos
Estados miembros, los controles periódicos de los contenedores se ven obstaculizados
y se reduce su frecuencia, lo que facilita a las redes delictivas el acceso a las
instalaciones portuarias. Asimismo, aumentan los riesgos de seguridad para los funcionarios
de aduanas, lo que resulta incompatible con una gestión responsable de los riesgos.
4.3. El CESE espera
con interés la evaluación de Schengen, la propuesta de recomendaciones del Consejo
y los estudios encargados sobre los datos del transporte marítimo y las necesidades
policiales en el transporte ferroviario y por carretera. Dado que es cierto que
las redes delictivas se adaptan con rapidez, no basta con realizar un seguimiento
más estrecho de los centros logísticos. La atención especial a los puertos se justifica
por el volumen del comercio en tránsito, pero no por ello deben dejarse de adoptar
medidas para abordar otras rutas y puntos de acceso del tráfico ilícito, como los
aeropuertos, las carreteras y el ferrocarril.
4.4. El uso del
término «asociación entre los sectores público y privado» es muy desafortunado cuando
se aplica a la cooperación entre autoridades públicas y entidades privadas, como
los operadores de los puertos, con el fin de reforzarlos contra la infiltración
de redes delictivas. Las asociaciones entre los sectores público y privado suponen
subdelegar funciones públicas en entidades privadas que prestan un servicio público
con ánimo de lucro. En estos casos no se debería, ni cabe de ninguna manera, recurrir
a este tipo de asociaciones, ya que son funciones que competen a las autoridades
públicas. En su lugar, la Comisión debería referirse a la noción de enfoque multilateral.
La cooperación voluntaria, por ejemplo con las compañías navieras privadas, debería
redundar en el propio interés de estas últimas, ya que en caso de duda pueden ser
consideradas responsables de los delitos cometidos por sus empleados. La cooperación
preventiva, entre otros entre Europol y los proveedores de servicios financieros,
sí cobra pleno sentido.
4.5. En opinión
del CESE, los grupos de proyecto y los equipos de expertos previstos deberían contar
con la participación de los representantes de los trabajadores de aduanas, a fin
de garantizar una salud y seguridad óptimas durante la coordinación de las actividades
aduaneras. Son fundamentales una formación y unos recursos humanos adecuados.
4.6. A fin de evitar
obstáculos innecesarios a la puesta en marcha de las investigaciones, el CESE aboga
por una mejor coordinación transfronteriza entre las autoridades policiales y aduaneras,
una mejor cooperación entre las autoridades policiales y judiciales, y un diálogo
periódico entre las autoridades judiciales. Otros ámbitos administrativos, en particular
las administraciones locales, han de integrarse también en la estrategia global.
Afortunadamente, la Comisión ha anunciado que elaborará en 2024 orientaciones prácticas.
4.7. A pesar de
la armonización de la legislación europea a tal efecto, la digitalización de las
administraciones públicas de los Estados miembros —también en materia financiera
y de seguridad— no es uniforme. El CESE insta a los Estados miembros a que inviertan
suficientemente en sus administraciones públicas y a que agilicen su digitalización,
ya que solo con la máxima interoperabilidad y disponibilidad de datos en tiempo
real puede impulsarse con posibilidades de éxito la cooperación europea en la lucha
contra la delincuencia organizada.
4.8. El CESE acoge
con satisfacción un planteamiento que deje de centrarse en los delincuentes individuales
y en la captura exclusiva de los «peces pequeños», y que también persiga cortar
de raíz redes enteras. A tal fin, las medidas de seguimiento de los flujos de dinero
son muy importantes, al igual que la futura Autoridad de Lucha contra el Blanqueo
de Capitales (ALBC). Sin embargo, la creación de la ALBC no debe dar lugar a una
duplicación de estructuras; debe ser un complemento útil de las actividades de las
autoridades de los Estados miembros.
4.9. El CESE apoya
el llamamiento de la Comisión a los Estados miembros a que hagan pleno uso de las
herramientas que el SIS, el Sistema de Información de Schengen, pone a su disposición
para luchar contra la delincuencia organizada.
4.10. El desarrollo
de la herramienta informática propuesta para vigilar la red oscura sería muy útil,
ya que todavía no está disponible en algunos Estados miembros. En principio, dichas
herramientas deberían ponerse directamente a disposición de las autoridades de los
Estados miembros para investigaciones específicas.
4.11. El Comité
apoya el objetivo de armonización de las definiciones jurídicas. Las sanciones penales
más estrictas deben ir dirigidas a los delincuentes integrados en las redes delictivas.
El CESE considera que los consumidores de drogas ilícitas y los toxicómanos en general,
ya sea de drogas legales o ilegales, son víctimas de su adicción a sustancias peligrosas.
El CESE pide un apoyo mucho mayor a estas víctimas y a sus familias.
4.12. Debe haber
más trabajo preventivo y ofertas de apoyo, algo que dispensan principalmente las
organizaciones de la sociedad civil como parte de sus actividades sin ánimo de lucro,
además de los organismos gubernamentales. En este contexto, el CESE acoge con satisfacción
el enfoque multidisciplinar y multiinstitucional de la prevención de la delincuencia
y la clara referencia de la Comisión a la aplicación del pilar europeo de derechos
sociales.
4.13. La Comunicación
guarda silencio sobre la perspectiva de un enfoque uniforme de la UE en torno a
la legalización o no de determinadas drogas. Cada uno de los países de la UE cuenta
ya con una amplia experiencia sobre las consecuencias para el consumo de drogas
y el desarrollo de la delincuencia organizada.
4.14. Dado que el
narcotráfico es un fenómeno internacional y, como ya se ha señalado, tiene incluso
una dimensión geopolítica, las medidas de cooperación internacional propuestas por
la Comisión son coherentes. No obstante, se plantea la cuestión de si la UE tiene
suficiente proyección en la escena mundial como para influir en los terceros países
en este sentido. La fuerza del mercado único por sí sola no será suficiente para
ello. Una mejor coordinación de la política exterior y de seguridad europea también
parece esencial en este contexto, así como el planteamiento, mencionado anteriormente,
de incluir a la sociedad en su conjunto.
4.15. Cabe acoger
positivamente el planteamiento de unas normas más flexibles sobre la inclusión de
precursores de drogas en la catalogación. Sin embargo, esto puede implicar un aumento
de las cargas que supone el control del cumplimiento, ya que será necesario someter
a pruebas y seguimiento a una gama más amplia de sustancias. En muchos Estados miembros
no hay suficientes laboratorios de aduanas. Por lo tanto, es necesario ampliar la
red de laboratorios aduaneros.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Oliver RÖPKE
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4066/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)
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