miércoles, 26 de junio de 2024

VIVIENDA INTELIGENTE, SOSTENIBLE Y ASEQUIBLE COMO HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LOS ENTES LOCALES PARA AFRONTAR MÚLTIPLES RETOS. COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES.

  Por: Carlos A. FERREYROS SOTO

Doctor en Derecho

Universidad de Montpellier I Francia.

 

cferreyros@hotmail.com


RESUMEN

Se publicó hoy, 26 de junio de 2024, en el Diario Oficial de la Unión Europea el Dictamen del Comité Europeo de las Regiones, CER, conteniendo algunas Recomendaciones Políticas sobre: "La Vivienda inteligente, sostenible y asequible como herramienta al servicio de los entes locales para afrontar múltiples retos". Se observa el agravamiento de la crisis de la vivienda con la rápida urbanización y las tendencias migratorias exacerbadas, en particular por el COVID, aumento de los costes de energía, inflación que limitan a las autoridades regionales y locales a garantizar un parque de viviendas suficientes y asequibles, un entorno social inclusivo y condiciones de vida dignas, saludables y sostenibles.

Sobre las TICs, el Dictamen del CER acoge con satisfacción, entre otras Recomendaciones el acuerdo político alcanzado en noviembre de 2023 entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la mejora de la transparencia y el intercambio de información en el sector del alquiler de corta duración, y lo considera un paso importante para que los entes locales y regionales puedan controlar adecuadamente este mercado, pide aplicar este nuevo marco europeo plenamente y sin demora para regular el impacto de las plataformas digitales en los mercados inmobiliarios, en particular por lo que se refiere a las obligaciones de estas plataformas de respetar las normativas locales y regionales y de informar a los entes locales y regionales sobre las unidades de alojamiento destinadas a alquileres de corta duración.

El CER apoya una adopción más rápida de soluciones energéticas digitales e inteligentes mediante el fomento de la accesibilidad y usabilidad de los sistemas, la puesta a disposición del suficiente asesoramiento técnico de las empresas a los hogares, los conocimientos y las competencias digitales de los usuarios finales a nivel local y el apoyo a la transferencia de tecnologías a los constructores e instaladores locales. Hace hincapié en la importancia de los planes nacionales de energía y clima, los planes sociales para el clima y los planes nacionales de renovación de edificios que brinden nuevas oportunidades para que los Estados miembros y los entes locales y regionales impulsen una vivienda inteligente y asequible en toda UE.

A fin de acceder a normas similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y privados interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios, evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo electrónico: cferreyros@hotmail.com

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European flag

Diario Oficial
de la Unión Europea

ES

Serie C


C/2024/3667

26.6.2024

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – La vivienda inteligente, sostenible y asequible como herramienta al servicio de los entes locales para afrontar múltiples retos

(Dictamen de iniciativa)

(C/2024/3667)

Ponente

:

Andres JAADLA (EE/Renew E.), concejal de Rakvere

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR),

1.

observa que la crisis de la vivienda en Europa se está agravando con la rápida urbanización y las tendencias migratorias exacerbadas por las crisis sucesivas, en particular la pandemia de COVID-19, el aumento de los costes de la energía y la inflación debida a la guerra de Ucrania, que están llevando al límite a los entes locales y regionales a la hora de garantizar un parque de viviendas suficiente y asequible, un entorno social inclusivo y unas condiciones de vida dignas, saludables y sostenibles;

2.

observa con preocupación que el sobrecoste de la vivienda y una tendencia constante al alza de los alquileres y los precios de la vivienda en las grandes ciudades y áreas metropolitanas afectan cada vez más a hogares tanto de renta baja como de renta media, con un 10,4 % de la población urbana de la UE que vive en un hogar en el que los costes totales de la vivienda representan más del 40 % de su renta disponible. La gentrificación y la turistificación (alquileres de corta duración para turistas), que provocan un aumento de los precios, y la pobreza energética afectan a unos treinta y cuatro millones de europeos, lo que aumenta el riesgo de exposición a desahucios y agrava el problema de las personas sin hogar, en particular en el caso de los hogares con bajos ingresos, la juventud, las personas con discapacidad, las personas mayores, las familias numerosas con niños, los migrantes, determinados grupos culturales o étnicos y la comunidad LGBTQIA+;

3.

reitera el derecho de toda persona a disponer de una vivienda asequible, accesible y saludable, de conformidad con el principio 19 del pilar europeo de derechos sociales y en consonancia con el ODS 11 de las Naciones Unidas (Ciudades y comunidades sostenibles) y con la Carta de Ginebra de las Naciones Unidas sobre Vivienda Sostenible;

4.

hace hincapié en que los entes locales y regionales son los principales responsables de abordar la demanda de vivienda y de gestionar grandes parques inmobiliarios públicos y espacios públicos, con una importante función de planificación y financiación;

5.

advierte de que el sobrecoste de la vivienda ejerce un efecto perjudicial no solo en las economías locales y regionales, sino también en la movilidad dentro del mercado único. Las personas cualificadas y tituladas suelen encontrar impedimentos económicos para trasladarse a lugares que les ofrezcan oportunidades profesionales en su ámbito; del mismo modo, muchas profesiones clave, como la docencia, la policía y la enfermería, se ven excluidas del mercado de la vivienda en las ciudades, y los trabajadores esenciales ocupan puestos de trabajo con salarios bajos y se ven obligados a realizar cada día largos desplazamientos del domicilio al lugar de trabajo y viceversa. En muchos casos, los entes locales y regionales, las agencias públicas y las empresas privadas que prestan estos servicios se enfrentan a dificultades extremas para cubrir las vacantes de algunos de estos puestos clave;

6.

sostiene que el derecho de los entes locales y regionales a regular los objetivos de interés público, en particular en materia de vivienda y ordenación urbana, con arreglo al marco jurídico pertinente, es un elemento esencial para lograr la cohesión y es una cuestión de subsidiariedad;

7.

recuerda el reto que plantea la carestía de la vivienda para acceder a la educación, sobre todo en ciudades más grandes, donde se concentra la oferta de educación superior y se pagan los alquileres más elevados. La escasez de viviendas asequibles limita el acceso a la educación, lo que subraya la necesidad de adoptar políticas que garanticen la igualdad educativa y capaciten a la juventud;

8.

destaca la vulnerabilidad social fruto del elevado coste de la vivienda, que limita la capacidad de elección de las personas para abandonar entornos insalubres o abusivos. Lo anterior pone de relieve la necesidad de adoptar una política integral de la vivienda que aborde no solo aspectos económicos, sino también el bienestar individual, y que encuadre esta cuestión como una preocupación por la salud pública y la seguridad personal;

9.

reconoce la Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, en la que se pide la adopción de medidas para resolver la crisis de la vivienda y el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada como un derecho humano fundamental en la Unión Europea, y acoge con satisfacción el debate sobre el tema «Vivienda digna para todos», celebrado en el Parlamento Europeo en octubre de 2023, y el llamamiento en favor de un plan de inversión social sólido, una financiación adecuada y un enfoque político integral para abordar la disponibilidad, la asequibilidad y la adecuación de la vivienda en Europa;

10.

acoge con gran satisfacción la Declaración de Gijón de 2023 y la Declaración de Niza de 2022, firmadas por los ministros de la UE responsables de Vivienda y Desarrollo Urbano, y reconoce la necesidad de aplicar los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel en el desarrollo de las políticas de vivienda en la Unión Europea; acoge con especial satisfacción que en la más reciente Declaración de Lieja, de 5 de marzo de 2024, se examinen medidas concretas para acelerar la renovación, diversificar las fuentes de financiación, mejorar la gobernanza y las sinergias y fomentar la innovación en este ámbito;

11.

pide que se preste una atención renovada a iniciativas actuales relacionadas con la vivienda cooperativa, pública y social, la vivienda resultante de la colaboración público-privada, la vivienda sin ánimo de lucro y las iniciativas de vivienda privada asequible y no especulativa y que se aporte un estímulo financiero a su ejecución, lo que podría dotar a los entes locales y regionales de las herramientas necesarias para hacer frente a las crisis actuales; solicita que puedan destinarse recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a la construcción de nuevas viviendas sociales, la rehabilitación de edificios y la regeneración de sus entornos residenciales en todas las regiones de Europa. En efecto, el aumento de la inversión en vivienda mejoraría su accesibilidad y asequibilidad, estimularía la base económica local, ayudaría a invertir las tendencias demográficas, cumpliría los objetivos climáticos y mejoraría la resiliencia climática local, abordando al mismo tiempo los esfuerzos de integración de refugiados y migrantes;

12.

pide mejorar la coordinación entre las políticas de la UE y las políticas de los Estados miembros, sus regiones y las administraciones locales, y la puesta en marcha de una agenda de la vivienda para la Unión Europea, similar a la agenda urbana para la UE, con el objetivo de dar una respuesta institucional conjunta, multinivel y multilateral a los retos en materia de vivienda con políticas, financiación y modelos de vivienda más coordinados en Europa;

13.

hace hincapié en que, si bien las políticas de vivienda siguen siendo una competencia que se ejerce en la esfera pertinente de los Estados miembros, diversas normativas de la UE en materia de protección social, economía social, desarrollo urbano, eficiencia energética, regulación de los mercados y ayudas estatales tienen un fuerte impacto en la vivienda a escala local; a fin de contribuir al establecimiento de una agenda positiva de la UE en materia de vivienda, respalda la propuesta del Parlamento Europeo de modificar el artículo 153, apartado 1, letra j), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para introducir una competencia de apoyo de la Unión Europea en el ámbito de la vivienda social (1);

14.

en materia de regulación de los mercados, pide a la Comisión Europea abordar la especulación y el blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario a escala europea mediante la creación de un registro europeo de transparencia del sector inmobiliario en el que figuren los nombres de los propietarios de los distintos inmuebles y garantizar así que cada arrendatario conozca la identidad real de su arrendador. Un registro de estas características podría contribuir a evitar las tendencias abusivas que practican un buen número de grandes empresas inmobiliarias y particulares que son titulares de numerosas propiedades y ayudaría a prevenir el fenómeno de los edificios vacíos no utilizados;

15.

acoge con satisfacción, en este contexto, el documento de trabajo de 2022 de los servicios de la Comisión sobre la evaluación de las normas de la UE sobre ayudas estatales aplicables a los servicios de interés económico general (SIEG) en relación con los servicios sanitarios y sociales, en el que se llegaba a la conclusión de que el paquete SIEG de 2012 en lo que respecta a los servicios sanitarios y sociales es en general adecuado para su finalidad, pero aún queda margen de mejora, en particular para aclarar determinados conceptos como el de «vivienda social» y el de la «vivienda asequible» para que la definición sea la misma en todos los Estados miembros;

16.

toma nota asimismo de la Declaración de Bruselas, de 24 de enero de 2024, suscrita por las alcaldías europeas y del Manifiesto de Eurocities, de diciembre de 2023, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, los cuales —junto con otros documentos similares— piden hacer de la vivienda una de las principales prioridades de la próxima legislatura del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea, y se compromete a trabajar con todas las partes interesadas pertinentes para garantizar la consecución de este objetivo;

17.

considera que se deben plantear los mecanismos que pueden regular el mercado de vivienda vacía para que pueda pasar a ser una más de las soluciones a la escasez de vivienda asequible;

18.

reitera la petición a la Comisión Europea para que revise la Decisión 2012/21/UE (2) relativa a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público, y para que considere la posibilidad de permitir mayores inversiones en vivienda con arreglo a las normas sobre ayudas estatales y ampliar en la Decisión la definición de vivienda social más allá de los «ciudadanos desfavorecidos o grupos menos favorecidos socialmente» para reflejar la discrecionalidad de los Estados miembros a la hora de planificar, suministrar, financiar y organizar la construcción de viviendas sociales, garantizar el derecho democrático a elegir y facilitar el acceso a un alojamiento adecuado y asequible vista la incapacidad de los actuales mercados de la vivienda en algunos lugares para satisfacer las necesidades de alojamiento, no solo para las personas que no tienen acceso a la vivienda en absoluto, sino también para los ocupantes de viviendas insalubres, inadecuadas o saturadas, así como para las personas que pagan la mayor parte de sus ingresos en concepto de alquiler o de mensualidades de hipotecas;

19.

pide que el Semestre Europeo tenga más en cuenta las cuestiones urbanas: la coordinación de la política económica y social en la UE debe abarcar la vivienda asequible, la desigualdad y las inversiones a largo plazo;

20.

destaca la perspectiva de género en las políticas de vivienda e insiste en que la brecha salarial por razón de género a menudo tiene un mayor impacto en las mujeres; estas, en particular cuando son madres de familia monoparental o se encuentran en edad de jubilación, corren un mayor riesgo debido a la brecha salarial y de pensiones entre hombres y mujeres aún sin resolver; por consiguiente, pide a los entes locales y regionales que adopten las medidas necesarias para garantizar a toda persona la igualdad de oportunidades; pone de relieve, en particular, la situación especialmente precaria de las familias monoparentales y las discriminaciones de que son víctimas al buscar una vivienda, por lo que exige tomar en consideración con carácter prioritario en los criterios de adjudicación de las viviendas sociales la situación de estos progenitores solos, que en su gran mayoría son mujeres con carreras profesionales truncadas;

21.

acoge con satisfacción que la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo (3) permita que se sigan aplicando tipos reducidos del IVA a la entrega y construcción de viviendas proporcionadas en el marco de la política social y a la renovación y transformación de viviendas y domicilios particulares;

22.

destaca que muchas otras competencias de los Gobiernos nacionales, como la fiscalidad, el gasto público y la política social, afectan profundamente a los resultados de la vivienda y pide una gobernanza multinivel sólida y la colaboración entre los agentes públicos con instrumentos políticos múltiples y coordinados para ofrecer una vivienda asequible; señala que unos impuestos permanentes bien diseñados sobre la propiedad residencial pueden ayudar a abordar las desigualdades, favorecer un crecimiento más sostenible de los precios de las propiedades y proporcionar recursos muy necesarios para que los entes locales y regionales inviertan en infraestructuras básicas y en la transición ecológica;

23.

señala que las soluciones centradas en la vivienda para las personas necesitadas deben entenderse como un derecho y que garantizar el alojamiento debe formar parte de un enfoque global que garantice la prestación de servicios estructurales y personalizados, que también se centre en la prevención, que ayude a quienes son más vulnerables y corren el riesgo de quedarse sin hogar y que contribuya al bien común. En este contexto, pide a los Estados miembros de la Unión Europea que suscriban el programa «Housing First» para combatir el sinhogarismo y eliminar las discriminaciones que conlleva en Europa;

24.

reconoce que en la Unión existen modelos eficaces de vivienda social y pide una mayor publicidad de las buenas prácticas de la UE para proporcionar seguridad social y de tenencia a los hogares con ingresos bajos y medios y promover la integración social de las personas sin hogar más vulnerables, prestando especial atención a la juventud europea que sufre situaciones de carencia de hogar o corren el riesgo de perderlo;

25.

señala que existen diferentes tradiciones respecto al alquiler, la propiedad y la política de vivienda en las ciudades y regiones de Europa y que los instrumentos políticos deben tenerlas en cuenta; subraya, sin embargo, que solo una mezcla equilibrada de vivienda pública, cooperativa, social y privada, junto con diversos regímenes de financiación, incluidos los público-privados, ha demostrado su utilidad para garantizar una oferta suficiente de vivienda que responda a las necesidades de toda la ciudadanía;

26.

hace hincapié en que los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración deben respetar los objetivos de las políticas públicas relativos a la vivienda disponible y asequible y los esfuerzos por proteger los centros urbanos de una excesiva «turistificación». Es fundamental equilibrar las necesidades de la población local, de los empresarios y de los turistas para mantener la habitabilidad de los barrios, sin socavar la elevada aceptación y los beneficios económicos del turismo en las regiones y ciudades de Europa;

27.

acoge con satisfacción, a este respecto, el acuerdo político alcanzado en noviembre de 2023 entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre la mejora de la transparencia y el intercambio de información en el sector del alquiler de corta duración, y lo considera un paso importante para que los entes locales y regionales puedan controlar adecuadamente este mercado; pide aplicar este nuevo marco europeo plenamente y sin demora para regular el impacto de las plataformas digitales en los mercados inmobiliarios, en particular por lo que se refiere a las obligaciones de estas plataformas de respetar las normativas locales y regionales y de informar a los entes locales y regionales sobre las unidades de alojamiento destinadas a alquileres de corta duración;

28.

observa que, mientras muchas zonas rurales se enfrentan a retos demográficos y a la despoblación, los precios de la vivienda a menudo se mantienen estables o incluso aumentan cuando los habitantes de las ciudades adquieren segundas residencias; llama la atención, en particular, sobre los retos a los que se enfrenta el mercado de la vivienda vacacional y que dificultan aún más a la población local el acceso a la propiedad de un inmueble residencial frente a una competencia externa más acaudalada; para ayudar a solventar el problema se deben fomentar los programas de préstamos públicos y de garantía de préstamos para jóvenes, destinados a la compra, restauración y autopromoción de vivienda habitual y permanente en los pequeños municipios;

29.

reconoce que el parque inmobiliario de la Unión Europea cuenta más de 220 millones de inmuebles (el 85 % del parque inmobiliario de la Unión) construidos antes de 2001 y que el porcentaje de edificios residenciales (por superficie) representa más del 66 % del parque inmobiliario en la mayoría de los Estados miembros de la Unión;

30.

señala que, a pesar de que algunos Estados miembros tienen una tasa anual ponderada de renovación energética de inmuebles residenciales superior al 2 %, esta se mantiene en general en el 1 %, y que la tasa de renovación en profundidad de edificios residenciales es inferior a la de edificios no residenciales; pide establecer más incentivos y ayuda financiera, además de una fiscalidad favorable que no grave las cantidades recibidas de cualquier administración en concepto de subvención o ayuda para realizar actuaciones de accesibilidad, conservación, eficiencia energética y salubridad, como retirada de amianto, para la renovación en profundidad de edificios residenciales en la UE y mantener al mismo tiempo las medidas sociales que eviten el desahucio de inquilinos o propietarios, haciendo hincapié en personas vulnerables y grupos desfavorecidos. Otro factor que influye en la renovación energética basada en las ayudas europeas es la compleja tramitación administrativa para poder disponer de estas ayudas y sobre todo para el sector de población más desfavorecido;

31.

destaca que varios factores influyen en la renovación de edificios residenciales, como las elevadas tasas de propiedad, las escasas competencias jurídicas de las administraciones locales, la planificación inadecuada en términos de rehabilitación ecológica y sostenible de los edificios y la insuficiente financiación para inversiones de base local que aborden las necesidades locales y mejoren la resiliencia económica local, la prosperidad y el desarrollo sostenible;

32.

reconoce que la arquitectura sostenible es el modelo del futuro, pues es capaz de mejorar la eficiencia energética de los edificios, minimizar los residuos y los materiales químicos tóxicos y crear entornos saludables y productivos para sus ocupantes integrando la arquitectura en un marco cultural mucho más amplio de interrelaciones humanas con la naturaleza; señala, en este sentido, que la Nueva Bauhaus Europea, las Acciones Innovadoras Urbanas y la Iniciativa de la UE por una Vivienda Asequible pueden ser instrumentos útiles para abordar los múltiples retos a que se enfrentan las administraciones locales;

33.

observa con interés fenómenos recientes como las comunidades de coliving, formadas por jóvenes profesionales que comparten alojamiento en las ciudades más grandes, y la proliferación de estudios y apartamentos unipersonales con instalaciones y espacios limitados para cocinar y socializar, lo que da lugar a una mayor concentración poblacional en los centros urbanos que, además, se vuelven accesibles para las generaciones más jóvenes, más sostenibles desde el punto de vista medioambiental y más adecuados a sus estilos de vida y valores, pero advierte de que, en algunos casos, puede tratarse de una respuesta parcial del mercado que plantea sus propios problemas, como la insuficiencia de las infraestructuras de apoyo necesarias para dar cabida a un mayor número y densidad de residentes. Se trata de iniciativas que deben ser apoyadas para favorecer la permanencia del uso residencial en el centro de las ciudades y rejuvenecer su población. Es preciso velar por que no se supere la capacidad de las dotaciones públicas ya existentes; cuando haya riesgo de que esto ocurra, los entes locales y regionales deben estar en condiciones de regular el coliving de modo que la infraestructura y los servicios locales puedan adaptarse al ritmo de densificación de los centros urbanos;

34.

reconoce la importante contribución de la financiación de la UE y, en particular, del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo de Cohesión y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) para invertir en la eficiencia energética de las viviendas, la adquisición y rehabilitación de unidades de vivienda colectiva, la regeneración de zonas residenciales urbanas y zonas de viviendas sociales o el desarrollo de las viviendas sociales y protegidas. Por otra parte, pide a los Estados miembros que incluyan planes nacionales de vivienda asequible en sus programas nacionales de reforma. Para el período 2021-2027 se han programado en torno a un máximo de 22 300 millones EUR para la eficiencia energética de las viviendas e inversiones en vivienda en el ámbito de la inclusión social en el marco del FEDER, el MRR y el Fondo de Cohesión. Además, el Fondo Social Europeo+ presta apoyo a los programas de ayuda a la vivienda, el desarrollo de capacidades y la prestación de servicios sociales a las personas en riesgo de quedarse sin hogar. No obstante, el déficit anual de inversión en viviendas sociales y asequibles alcanza los 57 000 millones EUR (4);

35.

apoya la promoción y el intercambio de buenas prácticas en materia de soluciones de vivienda descentralizadas y socialmente innovadoras y recalca el interés que suscitan las viviendas intergeneracionales, en particular aquellas en las que conviven personas mayores y estudiantes, becarios o trabajadores en prácticas, que gozarán así de un intercambio intergeneracional y de costes de alojamiento ventajosos; defiende, asimismo, una utilización más amplia de proyectos de vivienda temporal que aborden el problema de las personas sin hogar y promuevan la integración y la economía circular mediante la creación de comunidades dinámicas y diversas, evitando la ocupación ilegal de edificios vacíos, que supone un problema cada vez mayor allí donde las personas no tienen otra opción;

36.

reconoce la necesidad de garantizar la cooperación entre las administraciones locales, los Gobiernos nacionales y el mundo académico a través de la iniciativa Horizonte Europa y otras iniciativas para evaluar y seguir desarrollando sistemas de subvenciones a la renovación y otros incentivos que permitan una renovación eficaz y fácil de reproducir, por ejemplo, con elementos prefabricados asequibles y regímenes de financiación que no supongan una carga adicional para los ocupantes en situación de pobreza energética;

37.

aboga por la creación de sistemas públicos —por ejemplo, también de garantía de préstamos— que permitan a las personas jóvenes procedentes de familias menos favorecidas desde el punto de vista financiero acceder con mayor facilidad al crédito y a las hipotecas. Las partes interesadas a escala local, regional y nacional deben ajustarse a valores como el empoderamiento de la juventud y el crecimiento económico, e insistir en la importancia de capacitar a las generaciones más jóvenes para que inviertan en su futuro mediante la vivienda en propiedad.

38.

cree firmemente que la renovación energética debe ir acompañada de mejoras estructurales de los edificios y contribuir a adaptarlos a las últimas normas de seguridad sísmica, contra incendios y de accesibilidad universal para todas las personas, entre otras. Las viviendas renovadas deben adoptar las normas más exigentes de resiliencia climática para no perder más hogares a causa de fenómenos climáticos extremos; pide acelerar la protección del parque de viviendas existente frente a fenómenos climáticos extremos, incluidas, en su caso, las olas de calor, que afectan especialmente a las personas mayores y a los grupos vulnerables en los barrios urbanos con una elevada densidad de población;

39.

reconoce la eficacia de la regulación del alquiler como medida temporal contra el rápido aumento de los alquileres, pero advierte de la dependencia a largo plazo de este instrumento. Si bien sigue existiendo una necesidad inmediata de frenar el aumento de los alquileres, es de suma importancia comprometerse a encontrar soluciones sostenibles y orientadas al mercado que garanticen una vivienda asequible, ya que existe el riesgo de crear paralelamente un mercado de viviendas de alquiler regulado y un mercado comercial;

40.

pide a la Comisión que anime a los entes locales y regionales a presentar paquetes integrados de renovación para mejorar la calefacción, la ventilación y la refrigeración de los edificios y que apoye la formación de la mano de obra dedicada a la renovación en el marco de los programas financiados por el Fondo Social Europeo+ y de REPowerEU, ya que la transición hacia un enfoque circular sistemático de la renovación de edificios requiere esfuerzos significativos en términos de reciclaje profesional y apoyo a las competencias locales, tanto en el sector público como en el privado; Evidentemente estos paquetes integrados tienen sentido si van acompañados de mejoras pasivas en las viviendas;

41.

subraya que la solución principal al elevado precio de la vivienda estriba en edificar nuevas unidades, de modo que aumente la oferta y, en consecuencia, disminuyan los costes de producción, los precios del suelo y los precios de venta y renta de las viviendas; a este respecto, destaca el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales a la hora de garantizar la disponibilidad de normas, infraestructuras y terrenos adecuados para permitir e incentivar la construcción de nuevas viviendas, y consecuentemente debería impulsarse la simplificación de la tramitación de los instrumentos urbanísticos;

42.

reconoce la necesidad de centrarse en los edificios con peores resultados y en los edificios con un gran potencial de ahorro energético; destaca la necesidad de trabajadores y empresarios cualificados, y reconoce el efecto en el valor de los edificios y en los mercados inmobiliarios, que no debería suponer un aumento de costes para los inquilinos; por consiguiente, hace un llamamiento a favor de que el marco jurídico permita a los Estados miembros solicitar una ampliación de los plazos establecidos cuando existan condiciones excepcionales que lo justifiquen;

43.

reconoce, no obstante, que desarrollar un mayor volumen de vivienda y construir más unidades nuevas es una solución —pero no la única ni resuelve todos los problemas— para reducir los costes de la vivienda, y hace hincapié en la necesidad de que los entes regionales y locales apliquen de manera paralela y más amplia en su nivel otras soluciones innovadoras que reduzcan los obstáculos al acceso a una vivienda estable y de calidad. Estas soluciones pueden incluir la adaptación de propiedades vacías y su conversión en viviendas o un mayor recurso a las capacidades de vivienda vacía existentes a través de los centros de asistencia y las agencias municipales de alquiler, que pueden actuar como socios fiables para los propietarios de viviendas particulares y prestar apoyo a las personas necesitadas de vivienda: para los propietarios de las viviendas, ofrecen una serie de garantías y servicios, como el pago periódico de renta garantizada o la reparación de las viviendas con estándares más elevados que los establecidas por la legislación, mientras que, para las personas que necesitan alojamiento, proporcionan apoyo a la vivienda, incluida la prestación de otros servicios sociales cuando proceda;

44.

hace hincapié en la importancia de aprovechar los resultados de las buenas prácticas locales y de compartir conocimientos sobre prácticas de ordenación urbana, modelos de vivienda, actuaciones de innovación constructiva y tecnologías inteligentes entre los entes locales y regionales de la UE; reconoce, por tanto, que la Nueva Bauhaus Europea —con veintidós ideas de proyectos estimulantes ligados a la vivienda—, la aplicación de la agenda urbana para la UE —con su Asociación para la Vivienda— y la creación de uno de los primeros centros de excelencia en el marco de la Carta de Ginebra de la Naciones Unidas constituyen un inicio prometedor;

45.

reconoce que un enfoque de renovación sistemático e integrado aporta más valor a los centros europeos de patrimonio histórico; en este sentido, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que proporcionen directrices para mejorar la eficiencia energética de los edificios históricos, aprovechando también el trabajo de la Nueva Bauhaus Europea. La renovación de estos edificios debe recibir apoyo de regímenes de financiación específicos y gozar de plazos suficientemente flexibles;

46.

reconoce asimismo el inicio de la iniciativa de vivienda asequible en la Estrategia «Oleada de renovación» de la Comisión, que coordina cien distritos faro para la renovación y construcción con el objetivo de duplicar las tasas de renovación de aquí a 2030. Numerosos municipios ya están ejecutando proyectos de vivienda con soluciones inteligentes para la eficiencia energética de los edificios municipales;

47.

reitera que la oleada de renovación debe coadyuvar a la aplicación del derecho a una vivienda asequible, accesible y saludable; considera que la acción en materia de eficiencia energética es una forma estructural de abordar la pobreza energética;

48.

propone utilizar los ingresos del régimen de comercio de derechos de emisión de la UE y del Fondo Social para el Clima para financiar las subvenciones destinadas a ayudar a la ciudadanía vulnerable de la UE a renovar sus hogares y también los subsidios climáticos de vivienda para las personas necesitadas (mediante la gestión conjunta de este régimen con las regiones), y que se establezca una política general para superar la pobreza energética y garantizar que la oleada de renovación y la iniciativa para una vivienda asequible hagan que la vivienda sea más asequible en toda la UE;

49.

señala, además, la necesidad de incorporar a la definición de edificio de cero emisiones y emisiones casi nulas el planteamiento basado en el ciclo de vida, con vistas a promover un parque inmobiliario climáticamente neutro de aquí a 2050;

50.

reitera, tal como expresa en el Dictamen sobre la «Propuesta de Directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios», que la renovación masiva de edificios brinda la oportunidad de combatir la pobreza energética y hacer que el balance energético de los hogares vulnerables sea positivo; lamenta, no obstante, el aumento de los costes de renovación que impone la Directiva a muchas personas, especialmente a los hogares de renta baja, que ya tienen que hacer frente a las dificultades que acarrean el aumento del coste de la vida, el precio de la energía y la inflación; a tal fin, insta a que se establezca una política global en materia de pobreza energética —que preste especial atención a la igualdad de género— con el objetivo de evitar que el problema se agrave en la UE; por este motivo, pide a la Comisión que ponga en marcha una estrategia global para erradicar la pobreza energética y reitera su disposición a cooperar con el recién creado Grupo de Coordinación sobre Pobreza Energética y Consumidores Vulnerables con vistas a diseñar una estrategia apta para ser aplicada a escala local y regional;

51.

en este contexto, pide a la Comisión Europea que estudie la posibilidad de destinar los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión (RCDE) de la Unión y del Fondo Social para el Clima a financiar subvenciones en favor de los ciudadanos europeos más vulnerables para ayudarles a renovar sus hogares con programas gestionados por las autoridades de gestión de los Fondos Estructurales y con vistas a elaborar una política integral para luchar contra la pobreza energética y garantizar así que la oleada de renovación mejore el acceso a una vivienda asequible en Europa, y que la tramitación administrativa para acceder a estas ayudas se simplifique lo máximo;

52.

acoge con satisfacción las recomendaciones de la Comisión, de 20 de octubre de 2023, sobre las medidas y políticas que pueden adoptar los Estados miembros para hacer frente a la pobreza energética, algunas relacionadas con la vivienda. Las inversiones en eficiencia energética o en fuentes de energías renovables figuran entre las medidas estructurales que tienen repercusiones duraderas y abordan la pobreza energética en sus causas profundas, como el bajo rendimiento energético de los hogares y los electrodomésticos, el elevado gasto energético en proporción a los presupuestos de los hogares y los bajos niveles de ingresos (agravados por la inflación); al mismo tiempo, señala que la pobreza energética forma parte del problema general de la pobreza y requiere medidas de política económica, laboral y social;

53.

apoya los sistemas renovables descentralizados y las comunidades locales de energía ligadas a actuaciones de urbanización; pide, para explotar todo su potencial, un análisis más profundo y la eliminación de los obstáculos legislativos correspondientes que impiden un mayor uso compartido de la energía; en especial, para una mayor eficacia de las medidas que se contemplen en los Planes de calefacción y refrigeración que se tendrán que elaborar en cumplimiento de la «Directiva relativa a la eficiencia energética», insta a acometer una regulación europea sobre las redes de calor y frío que aborde los problemas de su promoción y gestión, tanto en nuevas zonas urbanas como en zonas urbanas consolidadas, como los derechos de los usuarios;

54.

apoya una adopción más rápida de soluciones energéticas digitales e inteligentes mediante el fomento de la accesibilidad y usabilidad de los sistemas, la puesta a disposición del suficiente asesoramiento técnico de las empresas a los hogares, los conocimientos y las competencias digitales de los usuarios finales a nivel local y el apoyo a la transferencia de tecnologías a los constructores e instaladores locales;

55.

hace hincapié en la importancia de los planes nacionales de energía y clima, los planes sociales para el clima y los planes nacionales de renovación de edificios, que brindan nuevas oportunidades para que los Estados miembros y los entes locales y regionales impulsen una vivienda inteligente y asequible en toda la UE;

56.

pide un apoyo financiero específico para que las ciudades y regiones puedan afrontar los retos que plantea la acogida de refugiados y considera que una vivienda adecuada es el primer paso hacia la integración. en este contexto, expresa su apoyo a la iniciativa ciudadana europea «Garantizar la acogida digna de los migrantes en Europa» (5);

57.

celebra las iniciativas de asociación y hermanamiento con ciudades ucranianas para lograr una reconstrucción rápida y sostenible; reitera que las ciudades y regiones de la UE se encuentran en condiciones inmejorables para ofrecer conocimientos y soluciones preparadas con las que ayudar lo antes posible a la población ucraniana desplazada a volver a tener hogares seguros y que puedan calentar. La reconstrucción del parque de viviendas de Ucrania debe beneficiarse de todas las iniciativas de la Unión mencionadas relacionadas con la vivienda;

58.

considera que, del mismo modo, las ciudades y regiones de los países vecinos y, en particular, de los países de la ampliación, ya se vean afectadas por catástrofes naturales como terremotos o por las tendencias migratorias y demográficas, deben tener acceso a instrumentos políticos y conocimientos especializados para mejorar su parque de viviendas, apoyados por los instrumentos de financiación adecuados.

59.

pide a la Comisión Europea que, en colaboración con el CDR, organice una cumbre anual de la UE sobre vivienda social y asequible, que reúna a todas las partes interesadas que participan en la coordinación de las medidas de los Estados miembros en materia de vivienda social y asequible, sobre la base de un enfoque multinivel y el respeto del principio de subsidiariedad.

Bruselas, 17 de abril de 2024.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Vasco ALVES CORDEIRO


(1)   https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0427_ES.html.

(2)  2012/21/UE: Decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011 , relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general [notificada con el número C(2011) 9380] (DO L 7 de 11.1.2012, p. 3).

(3)  Reglamento Delegado (UE) 2022/54 de la Comisión de 21 de octubre de 2021 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2020/692 en lo que respecta a los requisitos adicionales para la entrada en la Unión de determinados ungulados que procedan de la Unión, sean desplazados a un tercer país o territorio para participar en actos, exhibiciones, exposiciones y espectáculos y, a continuación, retornen a la Unión (DO L 10 de 17.1.2022, p. 1).

(4)   Observaciones preliminares del comisario Schmit durante el debate en el pleno sobre el tema «Vivienda digna para todos» en el Parlamento Europeo.

(5)   https://citizens-initiative.europa.eu/news/new-initiative-registered-ensuring-dignified-reception-migrants-europe_es.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3667/oj

ISSN 1977-0928 (electronic edition)

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