Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Universidad de
Montpellier I Francia.
RESUMEN
Este 11 de febrero el Comité Económico y Social Europeo publicó en el Diario Oficial una Resolución sobre la Contribución al Programa de Trabajo de la Comisión Europea para 2025. Sobre ésta, he rescatado aquellas políticas relacionadas con al ámbito digital.
Los valores fundamentales de la democracia, la solidaridad, los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la sostenibilidad y el Estado de Derecho deben estar en primera línea en cualquier debate sobre el futuro de la UE, a pesar del punto de inflexión con guerras a nuestras puertas, el desafío de las transformaciones climáticas y digitales y una competencia feroz en los mercados mundiales.
Ello requiere un nuevo plan para la prosperidad y la competitividad sostenibles por el cual el CESE aboga por un cambio tecnológico que beneficie a todos, en el que se vele por que la digitalización reduzca las desigualdades en lugar de exacerbarlas, invirtiendo en infraestructuras digitales públicas sólidas esenciales para los servicios públicos. La digitalización, incluida la inteligencia artificial, está transformando radicalmente el mundo laboral, al tiempo que abre un enorme potencial de aumento de la productividad en todas las ramas de la economía. El CESE hace hincapié en la necesidad de reforzar el marco de ciberseguridad para el sector sanitario, y destaca la creciente dependencia de las tecnologías digitales en la atención médica.
En materia de Defensa y seguridad, la UE debe capacitar y proporcionar seguridad a sus ciudadanos en varios ámbitos, protegiéndolos de enemigos externos; riesgos sanitarios y futuras pandemias; amenazas híbridas, así como del mal uso o abuso de las tecnologías digitales avanzadas.
Apoyar a las personas, la sociedad y el modelo europeo subrayando el desempeño del diálogo social, la promoción y el reforzamiento de la negociación colectiva, junto con el derecho de los trabajadores a la información y la consulta y una mayor participación en consonancia con las legislaciones y prácticas nacionales a todos los niveles para la mejora del crecimiento, la productividad, el empleo y la competitividad de las empresas europeas en los mercados mundiales. Estos instrumentos son necesarios para gestionar el impacto en el lugar de trabajo de las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial, y mejorar las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores.
Finalmente, sobre la Europa global, se debe aprovechar su poder y sus asociaciones en el fomento de una política comercial europea abierta y basada en normas, que complemente y respalde otras políticas clave de la UE en materia de derechos fundamentales y Estado de Derecho, así como de política climática, digital, de innovación, social e industrial.
A fin de acceder a normas
similares y estándares europeos, las empresas, organizaciones públicas y
privados interesados en asesorías, consultorías, capacitaciones, estudios,
evaluaciones, auditorías sobre el tema, sírvanse comunicar al correo
electrónico:cferreyros@hotmail.com
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 | Diario Oficial | ES Serie C |
C/2025/760 | 11.2.2025 |
Resolución del Comité Económico y Social Europeo
Contribución al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2025
(C/2025/760)
Ponentes: Christa SCHWENG
Cinzia DEL RIO
Ioannis VARDAKASTANIS
Asesores | Jukka AHTELA (por la ponente del Grupo I) Stefan GRAN (por la ponente del Grupo II) Piotr SADOWSKI (por el ponente del Grupo III) |
Base jurídica | Artículo 52, apartado 4, del Reglamento interno |
Aprobado en el pleno | 4.12.2024 |
Pleno n.o | 592 |
Resultado de la votación (a favor/en contra/abstenciones) | 163/2/9 |
1. Introducción
1.1. El CESE, como
voz institucional de la sociedad civil organizada dentro de la UE, emite su posición
sobre el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2025. Las orientaciones
políticas de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para 2024-2029
trazan una hoja de ruta para una Europa resiliente, sostenible e integradora. La
contribución a este programa de trabajo se estructura en torno a los mismos siete
epígrafes, a fin de reforzar el papel de los interlocutores sociales y las organizaciones
de la sociedad civil en la configuración de las políticas de la UE. Esta contribución
se basa en algunas de las recomendaciones formuladas en la Resolución del CESE «Trazar el progreso
democrático de la UE: una resolución para el próximo mandato legislativo»,
aprobada en septiembre de 2024.
1.2. Como punto
de partida, es imprescindible que la UE adopte con carácter urgente medidas para
mejorar la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, sus Objetivos de
Desarrollo Sostenible y el Pacto para el Futuro. Esto podría lograrse con una estrategia
global de la UE encaminada a promover la paz, así como el progreso económico, social
y medioambiental.
1.3. A pesar de
que la UE se encuentra en un punto de inflexión con guerras a nuestras puertas,
el desafío de las transformaciones climáticas y digitales y una competencia feroz
en los mercados mundiales, los valores fundamentales de la democracia, la solidaridad,
los derechos humanos, la igualdad, la justicia social, la sostenibilidad y el Estado
de Derecho deben estar en primera línea de cualquier debate sobre el futuro de la
UE. Los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil desempeñan
un papel fundamental en la defensa y consolidación de estos valores y contribuyen
al diseño, aplicación y seguimiento de políticas e instrumentos tanto a escala nacional
como europea.
1.4. El CESE desempeña
un papel fundamental a la hora de fomentar un espacio cívico sólido y facilitar
un diálogo cívico significativo. Gracias a sus amplios conocimientos especializados
y a su larga experiencia, sirve de puente vital entre las instituciones de la UE
y las diversas organizaciones de la sociedad civil, garantizando que se escuche
su voz en los procesos de elaboración de políticas. Su posición única permite al
CESE promover la democracia participativa y abogar por la inclusión de diversas
partes interesadas en el proceso de elaboración de políticas de la UE. Al proporcionar
una plataforma para la creación de consenso y para el diálogo, el CESE apoya el
desarrollo de políticas inclusivas que reflejen las necesidades y aspiraciones de
los empresarios, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil, ya
que de este modo se refuerzan la legitimidad y la eficacia de la gobernanza de la
UE. El CESE subraya la importancia de que todas las personas, en especial las pertenecientes
a grupos poco escuchados, participen en el diálogo de la UE, de modo que se profundicen
el compromiso cívico y la transparencia en todas las instituciones de la UE.
1.5. El año 2025
será vital para marcar el tono legislativo del próximo mandato de la Comisión Europea.
El CESE pide medidas enérgicas para garantizar que las políticas promulgadas sean
socialmente integradoras y sostenibles desde el punto de vista medioambiental, y
conduzcan a la prosperidad económica de la UE.
2. Un nuevo plan para la
prosperidad y la competitividad sostenibles en Europa
2.1. Ante nuevos
retos geopolíticos cada vez más complejos, el CESE pide a las instituciones de la
UE que actúen con decisión para garantizar la competitividad, la prosperidad para
todos y el liderazgo sostenibles a largo plazo de la UE en la escena mundial. Por
lo tanto, es imperativo mejorar todas las políticas concebidas para reforzar la
productividad y la competitividad de la UE, alineando las inversiones económicas
vitales con objetivos sociales y medioambientales comunes, al tiempo que se promueve
la economía social de mercado y se fomenta el bienestar de las generaciones futuras.
2.2. Los nuevos
tipos de inversión y reformas y la aceleración de la innovación serán esenciales
para reforzar la competitividad y promover la convergencia al alza en toda Europa.
También es importante garantizar que los objetivos de inclusión social y protección
del medio ambiente se tienen en cuenta y se alinean con el objetivo de mejorar la
competitividad de la UE.
2.3. La UE necesita
urgentemente un Pacto Verde y Social sólido basado en una economía del bienestar
y un nuevo concepto de prosperidad para las personas y el planeta, que asegure una
transición justa y un enfoque basado en los derechos humanos. Para evitar que esta
iniciativa suponga una carga pesada para las empresas, debe garantizarse una aplicación
adecuada y eficaz mediante el establecimiento de planes de acción realistas a escala
nacional y el apoyo a las empresas, en especial a las pymes, con vistas a mantener
la competitividad y asegurar puestos de trabajo de calidad y el pleno empleo. A
fin de cumplir los objetivos medioambientales de la UE necesitamos inversiones,
I+D, tecnología, capacidades adecuadas y una política industrial europea capaz de
movilizar fondos públicos y privados que se base en la protección de las normas
sociales y el empleo de calidad.
2.4. Para lograrlo,
Europa necesita ser más competitiva, como se señala en el informe Draghi, al mismo
tiempo que se apoya el modelo social europeo y la política de cohesión a todos los
niveles. Según este informe, existen tres ámbitos para reactivar el crecimiento:
cerrar la brecha de innovación con Estados Unidos y China, en particular en tecnologías
avanzadas, un plan conjunto de descarbonización y competitividad, y aumentar la
seguridad y disminuir las dependencias. Estos tres ámbitos requieren inversiones
de gran calado para transformar la economía y, por ello, es necesario que la UE
disponga de una capacidad de inversión financiera.
2.5. Las normas
sobre el mercado único vigentes deben reforzarse para crear una dinámica nueva y
más justa para la movilidad transfronteriza de personas, bienes, servicios, capitales
y datos, como se afirma en el informe Letta.
2.6. El CESE reconoce
la importancia de reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento,
pero subraya que esto debe hacerse de manera transparente e integradora, sin perjudicar
los objetivos legislativos subyacentes y manteniendo las elevadas normas actuales,
sobre todo en términos de bienestar social y de protección del medio ambiente. Como
base de partida, debe haber criterios claros y una evaluación efectiva de la aplicación
a nivel nacional. La Comisión debe facilitar información clara y transparente sobre
las iniciativas previstas en materia de mejora de la legislación y garantizar el
diálogo social y la plena participación de la sociedad civil en el proceso.
2.7. Para las pymes,
debe hacerse realidad el principio de «pensar primero a pequeña escala», y debe
proporcionárseles un marco legislativo estable, que racionalice y reduzca los procesos
administrativos, garantice unas condiciones de competencia equitativas en el mercado
único y les dé acceso a las energías renovables a precios asequibles.
2.8. La inversión
en innovación y fabricación, realizada sobre la base de la autonomía estratégica
abierta y aprovechando la industria de cero emisiones netas, la economía circular,
las materias primas fundamentales, el Reglamento de Chips y las tecnologías estratégicas
y de defensa, reviste carácter de urgencia y debe estar en consonancia de forma
sostenida con objetivos sociales y medioambientales comunes.
2.9. Una Estrategia
Industrial Europea sólida debe servir de complemento al objetivo de una reducción
del 90 % de las emisiones de CO2 de aquí a 2040 y generar y preservar empleos de alta calidad
en Europa. Por consiguiente, se necesita urgentemente un plan de acción global,
como el próximo Pacto Industrial Limpio propuesto, en el marco del Pacto
Verde Europeo, como prioridad estratégica para aumentar y garantizar la competitividad
sostenible de la UE. Deben determinarse y promoverse de forma adecuada medidas específicas
de acompañamiento de la transición ecológica destinadas a apoyar a los sectores
y regiones, empresas y trabajadores más afectados, con el fin de facilitar la anticipación
y la gestión del cambio en un proceso justo y equitativo.
2.10. El CESE aboga
por un cambio tecnológico que beneficie a todos, en el que se vele por que la digitalización
reduzca las desigualdades en lugar de exacerbarlas, por ejemplo invirtiendo en infraestructuras
digitales públicas sólidas esenciales para los servicios públicos. En este contexto,
el CESE pide a la Comisión Europea que evalúe el nivel de mejora de la digitalización
en toda la administración pública utilizando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
en los planes nacionales de recuperación y resiliencia, que expirarán en 2026.
2.11. La digitalización,
incluida la inteligencia artificial, está transformando radicalmente el mundo laboral,
al tiempo que abre un enorme potencial de aumento de la productividad en todas las
ramas de la economía. A principios de 2025, el CESE emitirá un Dictamen específico
junto con un Dictamen solicitado por la Presidencia polaca sobre el impacto de la
IA en la salud y la seguridad en el trabajo. El impacto de la gestión algorítmica
en las condiciones laborales y la organización del trabajo debe evaluarse más a
fondo, y debe garantizarse al mismo tiempo el principio de control humano.
2.12. Es necesaria
una revolución de las capacidades y una actuación a escala europea, ya que la UE
está muy por debajo del objetivo del 60 % de adultos en formación fijado en el Plan
de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales. El CESE pide datos fiables y actualizados
para controlar esta tasa de participación. El CESE respalda con firmeza la propuesta
de plan estratégico para la formación en las ciencias, tecnologías, ingenierías
y matemáticas (CTIM) con una hoja de ruta eficaz. Los interlocutores sociales y
las organizaciones de la sociedad civil deben participar en estos procesos.
2.13. El CESE toma
nota con interés de la iniciativa propuesta sobre el teletrabajo y el derecho a
la desconexión y pide a la Comisión Europea que incluya esta iniciativa en el programa
de trabajo para 2025.
2.14. Las factorías
de IA deben dar prioridad a la colaboración con las pymes y los centros de innovación
locales, y debe velarse por que los beneficios de IA sean ampliamente accesibles.
El CESE recomienda que las factorías de IA operen bajo normas éticas estrictas para
garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos
fundamentales. El CESE pide participar desde el principio.
2.15. Una base industrial
más fuerte, transformadora y competitiva requiere inversiones de gran magnitud que
deben financiarse, regularse y realizarse de tal modo que se preserve la integridad
del mercado único y se colmen las brechas de crecimiento, productividad e innovación
entre la UE y sus socios internacionales y sus principales competidores. Se necesitan
cuantías sustanciales de financiación pública para movilizar inversiones privadas
en ámbitos en los que aún no existe una justificación económica para aplicar soluciones
neutras en carbono y en sectores estratégicos en los que, en su defecto, la producción
se llevaría a regiones del mundo competidoras en el plano geoeconómico en las que
se podrían producir dependencias abusivas.
2.16. Por consiguiente,
el CESE apoya la creación de un nuevo Fondo Europeo de Competitividad para un presupuesto
nuevo y reforzado en el próximo marco financiero plurianual. Este debería incluir
inversiones públicas más sustanciales y acciones para desbloquear inversiones en
tecnologías estratégicas e inversiones privadas en objetivos comunes, también a
través del BEI.
2.17. Se trata de
un objetivo clave para avanzar hacia proyectos comunes financiados con fondos europeos
en sectores estratégicos con un claro valor añadido de la UE. Los proyectos importantes
de interés común europeo (PIICE) apoyados por el Fondo Europeo de Competitividad
deberían prestar apoyo a las asociaciones clave.
2.18. El CESE acoge
con satisfacción la revisión de las normas sobre ayudas estatales en relación con
la vivienda. Es necesario entablar un debate más amplio en relación con las normas
sobre ayudas estatales y las políticas de competencia e industrial, en función de
la evolución política y económica centrada en los objetivos estratégicos de las
transiciones ecológica y digital.
2.19. A fin de reducir
la dependencia europea de fuentes de energía extranjeras y de promover la autonomía
estratégica de Europa, el marco regulador de la UE debe crear las condiciones para
un suministro de energía respetuoso con el medio ambiente, asequible, accesible
y fiable, tal y como se establece en la Unión de la Energía. El CESE destaca que
el suministro de energía se califica de servicio de interés general.
2.20. La UE debe
adoptar medidas urgentes para crear una Unión Europea de la Salud de pleno derecho,
que invierta fuertemente en proyectos de investigación médica colaborativa, como
se hizo en respuesta a la COVID-19; insta a la UE a que introduzca un plan de acción
sobre enfermedades raras y a que reconozca que la ciudadanía tienen derecho a una
asistencia sanitaria de buena calidad, asequible y accesible, que deberá establecerse
en una «garantía sanitaria europea». Este compromiso resulta fundamental para salvaguardar
la salud pública como pilar de la calidad de vida y la resiliencia en la UE.
2.21. El CESE pide
que se adopte una «garantía asistencial europea», con el fin de garantizar el acceso
a unos cuidados asequibles y de calidad, al tiempo que se apoya a los cuidadores.
Resulta imprescindible atraer a nuevos trabajadores al sector sanitario con buenas
condiciones laborales e invertir en una mano de obra formada, cualificada, equilibrada
desde el punto de vista del género y motivada, cuya labor sea valorada socialmente
y que reciba una remuneración adecuada.
2.22. El CESE hace
hincapié en la necesidad de reforzar el marco de ciberseguridad para el sector sanitario,
y destaca la creciente dependencia de las tecnologías digitales en la atención médica.
El plan de acción europeo sobre la ciberseguridad debe centrarse en tres ámbitos
principales: mejora de la infraestructura de ciberseguridad en hospitales y prestadores
de asistencia sanitaria; apoyo a los prestadores de asistencia sanitaria más pequeños;
y asociaciones público-privadas para la ciberresiliencia.
2.23. Además, si
en la atención sanitaria se hace un uso más intensivo de la IA, se mejoraría la
ciberseguridad y se agilizarían los diagnósticos, en consonancia con el plan de
acción europeo para la ciberseguridad para una transición digital más segura e inclusiva,
al tiempo que se mantiene la asistencia centrada en el ser humano.
3. Una nueva era para la
defensa y la seguridad europeas
3.1. Una Europa
segura es una Europa en la también se respeta también la justicia social y económica.
El CESE aboga por promover la paz, la seguridad y la defensa, la justicia mundial
y el progreso global mediante un compromiso activo en favor de la paz; el apoyo
al sistema multilateral; la garantía de una competencia leal; la lucha contra la
pobreza; el fomento del diálogo social y civil; la promoción de la democracia y
los derechos humanos y un sistema humano de gestión de la migración.
3.2. La UE debe
capacitar y proporcionar seguridad a sus ciudadanos en varios ámbitos, protegiéndolos
de enemigos externos; riesgos sanitarios y futuras pandemias; amenazas híbridas,
así como del mal uso o abuso de las tecnologías digitales avanzadas; el riesgo de
pobreza, exclusión y discriminación, al mismo tiempo que se garantizan oportunidades
económicas y laborales para todos; del riesgo de emergencias climáticas y de biodiversidad;
y, por último, de amenazas a la democracia participativa, que implica la participación
activa de la ciudadanía en la vida cívica, política y democrática.
3.3. La atención
prestada a la industria de defensa y a las plataformas STEP (Plataformas de Tecnologías
Estratégicas para Europa) no debe ir en detrimento del gasto público en otros sectores
industriales y servicios esenciales como los sistemas sanitarios, la educación y
la justicia, ya que esto repercutiría en su sostenibilidad, calidad e inclusividad.
El tema de la financiación de las industrias orientadas a la guerra será sin duda
objeto de un acalorado debate público. La inversión en seguridad y defensa es ineficaz
si la sociedad está dividida. El principal objetivo de la política europea de defensa
debe ser coordinar el gasto y las infraestructuras, cartografiar las necesidades
tecnológicas y abordar la fragmentación entre Estados miembros.
3.4. Una política
común de defensa de la UE también exige una verdadera política exterior común de
pleno derecho que vaya más allá de la cooperación reforzada actual (es decir, la
política exterior y de seguridad común). A tal efecto, la UE debe disponer de medios
materiales y no materiales adecuados, incluidos recursos propios.
3.5. El CESE aboga
por fortalecer la política común de seguridad y defensa de la Unión, por construir
una auténtica Unión Europea de Defensa, en particular mediante el impulso de las
tecnologías estratégicas y críticas y las capacidades de defensa comunes de la UE,
y el refuerzo de la cooperación con socios afines.
3.6. El CESE aboga
por garantizar, en el marco del Pacto sobre Migración y Asilo, que la UE
logre un equilibrio adecuado entre una gestión eficaz y realista de la migración
que al mismo tiempo sea humana y sostenible, promoviendo vías legales para entrar
en la UE y garantizando al mismo tiempo la seguridad y el control de sus fronteras
exteriores; un enfoque del asilo basado en los derechos y la inclusión en el mercado
laboral de los migrantes y refugiados. La UE debería hacer hincapié en las oportunidades
que brinda la migración, la necesidad de políticas de integración eficaces y la
necesidad de trabajar en vías legales y promoverlas. Por lo tanto, el CESE apoya
las asociaciones de la Comisión Europea con países seguros. El respeto absoluto
de los derechos humanos y la solidaridad entre los Estados miembros deben garantizarse
en todo momento. La migración no debe considerarse únicamente desde el punto de
vista de la seguridad.
3.7. El CESE destaca
el papel fundamental que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, los
interlocutores sociales y la ciudadanía voluntaria y activa en el fomento de la
justicia social y la resiliencia en el marco de seguridad de la UE. Estos agentes
contribuyen de forma significativa a la cohesión social, al reducir la polarización,
fomentar la igualdad y reforzar los valores democráticos. Su trabajo aumenta la
resiliencia de la sociedad frente a retos como el cambio climático, la inestabilidad
económica y las divisiones sociales. La UE debe apoyar e involucrar activamente
a estas organizaciones como socios esenciales para mantener una Europa segura, justa
e integradora.
4. Apoyar a las personas
y reforzar nuestras sociedades y nuestro modelo social
4.1. El pilar europeo
de derechos sociales ha recibido pleno reconocimiento como una de las piedras angulares
de la UE, ya que el buen funcionamiento de los Estados del bienestar y las inversiones
sociales inclusivas son vitales para crear una sociedad resiliente desde el punto
de vista social y económico.
4.2. El CESE señala que el pilar europeo de derechos
sociales debe seguir siendo la «brújula» que oriente los trabajos para mejorar la
cohesión social y las condiciones de trabajo. El CESE acoge favorablemente la propuesta
de aplicar el nuevo Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales
y los objetivos para 2030 en materia de empleo, educación, capacidades y pobreza.
Es necesario un enfoque plural a fin de:
a) aplicar, hacer
cumplir y supervisar las iniciativas existentes en los ámbitos social y laboral,
junto con un apoyo financiero (fondos de la UE) destinado a respaldar políticas
y programas que contribuyan directamente a la realización de los objetivos del pilar
europeo de derechos sociales;
b) abordar los
retos sociales y de empleo a los que se enfrenta Europa con medidas legislativas
o no legislativas;
c) reconocer
y reforzar la conexión entre el pilar europeo de derechos sociales y el proceso
del Semestre Europeo, como componente clave del marco de gobernanza socioeconómica
de la UE. El nuevo marco de convergencia social es un instrumento para seguir los
avances y garantizar que las políticas sociales se apliquen y financien de manera
adecuada.
Los interlocutores
sociales y las organizaciones de la sociedad civil deben participar plenamente en
todo el ciclo del Semestre.
4.3. El diálogo
social a todos los niveles puede desempeñar un papel esencial en la mejora del crecimiento,
la productividad, el empleo y la competitividad de las empresas europeas en los
mercados mundiales. Resulta fundamental promover y reforzar la negociación colectiva,
junto con el derecho de los trabajadores a la información y la consulta y una mayor
participación en consonancia con las legislaciones y prácticas nacionales. Estos
instrumentos son necesarios para gestionar el impacto en el lugar de trabajo de
las nuevas tecnologías, la digitalización y la inteligencia artificial, y mejorar
las condiciones laborales y los derechos de los trabajadores. Los informes Letta
y Draghi subrayan la necesidad de reforzar el diálogo social como componente clave
para asegurar la competitividad sostenible de la UE y el buen funcionamiento del
mercado interior. El CESE respalda la iniciativa de crear un nuevo Pacto para
el Diálogo Social Europeo a principios de 2025 y pide además a la Comisión Europea
que promueva los resultados del diálogo social europeo, fomente la aplicación efectiva
de los acuerdos autónomos y apoye la aplicación del diálogo social a nivel nacional;
asimismo, subraya que el marco de convergencia social del Semestre Europeo sería
una herramienta valiosa en este sentido.
4.4. Reviste gran
importancia consultar a los trabajadores y trabajadoras para apoyar la dimensión
transformadora de la estrategia de la UE para la seguridad y la sostenibilidad,
anticipando al mismo tiempo el impacto de tecnologías disruptivas como la inteligencia
artificial.
4.5. El CESE respalda
la hoja de ruta para el empleo de calidad de la Comisión, que se centra en
la aplicación y el seguimiento de todas las iniciativas existentes en el ámbito
social, garantizando buenas condiciones de trabajo, formación y transiciones laborales
justas para los trabajadores (en particular, aumentando la cobertura de la negociación
colectiva) y para los autónomos. Esta hoja de ruta requiere iniciativas e inversiones
específicas. Es importante fomentar un mercado laboral socialmente inclusivo y justo,
con acciones específicas dirigidas a las mujeres, los jóvenes y las personas con
discapacidad.
4.6. El CESE pide
que se actúe en relación con los ODS y destaca que la primera estrategia de la
UE de lucha contra la pobreza de carácter general, que aborda tanto las necesidades
inmediatas como las causas profundas, debe incluir esfuerzos coordinados en todos
los Estados miembros para reducir la pobreza. Esta estrategia debería estar en estrecha
consonancia con el pilar europeo de derechos sociales e implicar esfuerzos coordinados
en todos los Estados miembros, incorporando las mejores prácticas para garantizar
una reducción de la pobreza sostenible y mensurable. El CESE destaca la importancia
de un enfoque holístico que refuerce las redes de seguridad social y fomente un
crecimiento económico integrador, sin dejar a nadie atrás. El CESE pide el desarrollo
de una economía social sólida mediante la aplicación de la recomendación del Consejo
de Economía Social de reforzar las prácticas empresariales socialmente responsables
y el beneficio público.
4.7. El CESE apoya
el nombramiento de un comisario europeo de Vivienda, así como el plan europeo de
vivienda asequible. Este último es una iniciativa clave para proporcionar viviendas
asequibles, accesibles, dignas y sostenibles a todos los ciudadanos y ciudadanas
de la UE. En el próximo marco financiero plurianual (MFP) deberá movilizarse una
financiación sólida, que preste especial atención a los grupos vulnerables, como
las personas mayores, las personas con discapacidad y las familias con bajos ingresos.
El CESE aboga por una plataforma de inversión de la UE que facilite las asociaciones
nacionales, regionales y locales, con el objetivo de acabar con la exclusión en
materia de vivienda y garantizar que las políticas de vivienda sean integradoras
y equitativas.
4.8. El compromiso
de los jóvenes es fundamental para el futuro de Europa. El CESE acoge con satisfacción
el hecho de que todos los comisarios vayan a organizar sus primeros diálogos
anuales sobre política de juventud en los primeros cien días de mandato. Hay
que brindar espacios para la participación estructurada de la juventud y hacer hincapié
en cómo su innovación, compromiso y dedicación pueden dar forma al futuro de la
UE, al mismo tiempo que se respetan plenamente el diálogo social y las prerrogativas
de los interlocutores sociales. El Comité pide a la Comisión Europea que tome medidas
concretas para mejorar la Garantía Juvenil y la iniciativa ALMA, además de evaluar
la Garantía Infantil Europea.
4.9. El CESE aboga
por que se adopten medidas urgentes para establecer una «Unión por la Igualdad»
para todas las personas, basada en los principios de justicia intergeneracional,
y pide a la Comisión Europea que cree una Dirección General de Igualdad específica.
Estas medidas deben incluir soluciones inmediatas para abordar la discriminación
sistémica, promover la igualdad de oportunidades y salvaguardar los derechos de
todas las personas, con independencia de su origen o identidad. Será necesario reforzar
los marcos jurídicos existentes en materia de lucha contra la discriminación y garantizar
su plena aplicación y cumplimiento. Esta debe ser la base de la evaluación de las
estrategias anteriores y del desarrollo de la nueva Estrategia de Igualdad de
Género para después de 2025, la hoja de ruta para los derechos de la mujer,
la nueva Estrategia de lucha contra el racismo para después de 2025, la Estrategia
actualizada sobre la igualdad LGBTQI, la Estrategia europea para las personas
mayores y la parte para después de 2025 de la Estrategia Europea sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad. Las comunidades marginadas y los grupos poco escuchados
deben situarse en el centro a la hora de configurar una UE más inclusiva. El CESE
pide que se llegue a un acuerdo sobre la Directiva horizontal de lucha contra la
discriminación, que lleva bloqueada en el Consejo más de dieciséis años.
4.10. El CESE recomienda
promover el modelo europeo de economía social de mercado mediante el apoyo al espíritu
empresarial y la innovación; la garantía de empleos de calidad, también en las nuevas
formas de trabajo, y la mejora de las condiciones laborales; la inversión en educación,
formación y cualificaciones de calidad; la garantía del derecho a la formación y
al aprendizaje permanente, incluidos el reciclaje profesional, la mejora de capacidades
y las cualificaciones profesionales de calidad; el fomento de la colaboración entre
las instituciones de educación y de formación; y la garantía de del acceso efectivo
a una formación de calidad para todos. Además, debe darse prioridad a la inclusión
en la educación, con medidas para mejorar el acceso equitativo, en especial dentro
del Espacio Europeo de Educación. Reforzar la movilidad Erasmus+ en todos los niveles
educativos puede fomentar una identidad y unos valores europeos compartidos entre
los jóvenes.
5. Mantener nuestra calidad
de vida: seguridad alimentaria, agua y naturaleza
5.1. El cambio climático
supone una grave amenaza para el desarrollo económico y social que exige una estrategia
global a largo plazo y una actuación coordinada en todos los niveles.
5.2. La Comisión
debe tomar medidas para avanzar en la estrategia de financiación sostenible, con
el fin de reorientar los flujos de inversión hacia actividades sostenibles. En este
contexto, debe considerarse una taxonomía social para la inversión sostenible.
5.3. El CESE pide
una UE que brinde protección frente a los riesgos actuales y futuros del cambio
climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. La UE debe tomar medidas
para lograr una reducción del 90 % de las emisiones de aquí a 2040, aumentar la
resiliencia frente al cambio climático y restaurar la naturaleza y la biodiversidad,
a fin de garantizar que no se pongan en peligro los suministros para necesidades
básicas (alimentos, agua, energía, salud pública, etc.) en la UE y en todo el mundo.
5.4. El Pacto Azul
Europeo también es uno de los ámbitos prioritarios clave. Habida cuenta de la naturaleza
esencial del agua y de los retos actuales y futuros que afrontan el mundo y nuestro
continente, el agua debe considerarse una prioridad y debe adoptarse un Pacto Azul
Europeo como política estratégica independiente, ya que la política de aguas no
puede limitarse exclusivamente a la política climática. Europa puede transformar
los retos en materia de agua en nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico,
progreso social, nuevos puestos de trabajo, capacidades y crecimiento empresarial,
al mismo tiempo que respeta el medio ambiente y protege los recursos hídricos en
beneficio de todos.
5.5. El CESE recomienda
que se adopten medidas para revitalizar el sector agrícola de la UE y fomentar el
desarrollo rural, haciéndolo más atractivo para los jóvenes, las mujeres y las personas
que creen explotaciones y empresas pequeñas y medianas o familiares, al objeto de
atajar el éxodo rural. Estos agricultores deben contar con el apoyo de una política
agrícola común para después de 2027 adecuadamente financiada, que proteja la producción
alimentaria europea y garantice su resiliencia. La agricultura y las comunidades
rurales dinámicas solo serán sostenibles si se satisfacen de manera equilibrada
las necesidades económicas, sociales y medioambientales. Esto debe reflejarse en
la visión para la agricultura y la alimentación, que debe integrar objetivos
económicos, sociales y medioambientales a fin de crear un paisaje agrícola resiliente
y sostenible. Debe incluir medidas para incentivar la innovación en prácticas agrícolas
sostenibles y resilientes en materia de agua y apoyar los sistemas alimentarios
locales, que son esenciales para la seguridad alimentaria y el bienestar de las
comunidades rurales.
6. Proteger nuestra democracia,
defender nuestros valores
6.1. Los incansables
esfuerzos de la sociedad civil por promover la participación ciudadana y la ciudadanía
activa, reforzar el diálogo civil, fomentar el diálogo social, defender los derechos
humanos y fomentar las prácticas democráticas son activos inestimables que contribuyen
a la fortaleza, la resiliencia y la legitimidad de la UE.
6.2. El CESE pide
a las instituciones de la UE que reconozcan el valor de la sociedad civil como agente
clave a la hora de diseñar y aplicar las políticas de la UE en favor del crecimiento
sostenible, la defensa de la democracia y la justicia social, incluidas las transiciones
justas que benefician por igual a ciudadanos, trabajadores y empresas. A través
de sus interacciones con autoridades públicas de todos los niveles y su capacidad
para sacar el tema del ámbito político y llevarlo al nivel comunitario, contribuyen
a apoyar a los más vulnerables y los menos capaces de adaptarse al cambio. Además,
el CESE considera que el voluntariado debe reconocerse y celebrarse como una expresión
fundamental de la ciudadanía activa. Deben tomarse medidas para valorar y apoyar
el voluntariado como forma de acción cívica que impulsa la participación ciudadana
y la democracia participativa.
6.3. El CESE aboga
por que la UE aborde posibles revisiones de los Tratados en el futuro para garantizar
el respeto del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la diversidad, explorando
cambios en los mecanismos de toma de decisiones. La protección de la democracia
frente a las amenazas internas y externas debe realizarse mediante el desarrollo
de un espacio cívico propicio dentro y fuera de las fronteras de la UE y la modificación
del paquete de Defensa de la Democracia para colmar las lagunas que socavan las
instituciones democráticas y garantizar que todos los Estados miembros se adhieran
a valores y principios europeos compartidos.
6.4. El CESE acoge
con satisfacción el hecho de que la Comisión vaya a empezar a desarrollar un capítulo
sobre la dimensión del mercado único en su informe anual sobre el Estado de Derecho.
6.5. El CESE acoge
favorablemente el establecimiento de un Escudo Europeo de la Democracia, que debe
proteger contra las injerencias extranjeras y la desinformación y defender la integridad
de los procesos democráticos en toda la UE. La pronta aplicación del Plan de Acción
para la Democracia Europea debe proteger los derechos civiles, combatir la discriminación
y fomentar la inclusión, reforzando el papel de la sociedad civil en la construcción
de sociedades sostenibles y equitativas.
6.6. El CESE pide
un apoyo estructural para las organizaciones de la sociedad civil independientes
y sólidas a nivel europeo y nacional, que reconozca su papel, así como el de las
organizaciones filantrópicas, junto con los interlocutores sociales, en el fomento
de sociedades resilientes y de la democracia a través de diálogos civiles y sociales.
Para crear un entorno verdaderamente propicio, la UE debe dar prioridad a esos diálogos
y establecer una Directiva sobre el estatuto de las asociaciones transfronterizas
europeas. El CESE aboga por la participación activa de las organizaciones de la
sociedad civil y los interlocutores sociales en el diseño, la aplicación, el seguimiento
y la evaluación de las políticas, a fin de reforzar la vitalidad democrática, social
y económica de la UE. Para aplicar con eficacia el artículo 11 del TUE, el diálogo
con las asociaciones representativas debe ser abierto, transparente y regular. El
CESE insta a que los programas de financiación de la UE, como Erasmus+, Horizonte
Europa y los fondos de cohesión, apliquen criterios basados en valores para velar
por que los proyectos apoyados se ajusten a los principios democráticos.
6.7. Tomando nota
de la intención expresada por la Comisión Europea de intensificar su compromiso
con las organizaciones de la sociedad civil, el CESE pide a las instituciones
de la UE que tomen la iniciativa y desarrollen una estrategia para la sociedad civil,
con un plan de acción claro. Además, el CESE pide que se elabore un cuadro de indicadores
anual sobre el diálogo civil o el espacio cívico, que permitirá examinar si se han
tenido en cuenta las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil durante
las consultas. Este cuadro de indicadores podría utilizarse para elaborar un informe
bienal sobre el diálogo civil, en que se evaluaría el diálogo civil y la eficacia
de las organizaciones de la sociedad civil. El CESE se propone colaborar estrechamente
con la Comisión Europea y otras partes interesadas clave en la creación, la gobernanza
y el funcionamiento regular de una plataforma de la sociedad civil, tal y como se
anunció en la carta de mandato al comisario propuesto McGrath.
6.8. El CESE manifiesta
su profunda preocupación por la evolución de la situación en algunos Estados miembros,
que ha conducido a una reducción del espacio para las organizaciones de la sociedad
civil. Estas organizaciones desempeñan un papel clave en la defensa de los derechos
y libertades fundamentales y en la lucha contra la creciente ola de populismo. La
UE debe seguir luchando contra esta evolución mediante los procedimientos del artículo
7 y congelando los fondos europeos destinados a los Estados miembros que no respeten
el Estado de Derecho, la independencia del sistema judicial o derechos fundamentales
como la libertad de asociación o el derecho de expresión, o que restrinjan la libertad
de prensa y de los medios de comunicación para manipular el discurso público.
7. Una Europa global: aprovechar
nuestro poder y nuestras asociaciones
7.1. Para lograr
una integración política más sólida y promover la paz mundial, son esenciales una
mayor autonomía estratégica, la protección de nuestra economía frente a las fugas
tecnológicas y una política exterior común, auténtica y de pleno derecho. A tal
efecto, la UE debe hablar con una sola voz en las instituciones multilaterales,
desempeñar un papel de liderazgo a la hora de reformarlas y aprovechar el papel
internacional del euro como activo estratégico. El CESE recomienda introducir la
votación por mayoría cualificada en la política exterior de la UE.
7.2. El CESE aboga
por fomentar una política comercial europea abierta y basada en normas, que complemente
y respalde otras políticas clave de la UE en materia de derechos fundamentales y
Estado de Derecho, así como de política climática, digital, de innovación, social
e industrial. Los acuerdos comerciales deben aumentar la resiliencia diversificando
las importaciones, creando oportunidades de mercado para las empresas europeas,
mejorando la seguridad y mitigando los riesgos geopolíticos, al tiempo que promueven
la aplicación de las normas sociales y medioambientales y garantizan unas condiciones
de competencia equitativas a escala mundial para una competencia leal. El acceso
adicional que ofrecen a las materias primas fundamentales y otros insumos, incluida
la energía, puede contribuir a garantizar cadenas de suministro de la UE resilientes,
sostenibles y responsables;
7.3. El CESE aboga
por un enfoque estratégico de la ampliación de la UE, centrado claramente en el
mantenimiento de la paz y la estabilidad europeas y en el fomento de la prosperidad
compartida. El comisario específico de Ampliación debe trabajar para garantizar
que el proyecto europeo siga avanzando hacia la paz, la prosperidad y la democracia
y para crear estabilidad a largo plazo en nuestro continente, a medida que se vaya
acogiendo en la familia de la UE a nuevos miembros de los Balcanes Occidentales
y de los países vecinos de Rusia, como Georgia, Moldavia y Ucrania. Los procesos
de toma de decisiones de la UE podrían no ser adecuados para una Unión de treinta
o treinta y cinco países. Preparar y, en caso necesario, adaptar las instituciones
y, al mismo tiempo, supervisar con atención los avances de los países candidatos
hacia los valores fundacionales de la UE y su acervo constituirá una tarea importante
para la nueva Comisión Europea. En estrecha colaboración con el Parlamento Europeo,
la Comisión Europea debe garantizar que cualquier futura ampliación beneficie tanto
a los ciudadanos de la UE como a los ciudadanos de los países candidatos y que se
mantengan las estrictas normas de sostenibilidad de la UE.
7.4. Este proceso
debe impulsar la participación de la sociedad civil organizada, con un papel específico
para los interlocutores sociales, y todos los partidos políticos deben comprometerse
a defender su derecho de asociación, el derecho de expresión y una prensa y unos
medios de comunicación libres, así como a luchar contra cualquier monopolio de información
o manipulación del discurso público. El CESE ya ha dado un paso importante hacia
la ampliación al ofrecer a los representantes de las organizaciones de la sociedad
civil de los países candidatos una participación ad hoc en algunas reuniones
del CESE y alienta a otras instituciones de la UE a que sigan su ejemplo.
7.5. El CESE pide
a la UE que estudie la posibilidad de introducir el voto por mayoría cualificada
en el proceso de adhesión a la UE, al menos en todas las fases intermedias, y que
las decisiones sean abiertas, transparentes y accesibles al gran público. Deben
adoptarse medidas de aplicación más estrictas de los derechos fundamentales.
7.6. El CESE apoya
el desarrollo de un Nuevo Pacto por el Mediterráneo que promueva la estabilidad,
el desarrollo económico y social y el crecimiento sostenible en toda la región.
Este pacto debería dar prioridad a la cooperación regional en ámbitos como las energías
renovables, la seguridad marítima y las oportunidades económicas y laborales inclusivas,
garantizando que los países mediterráneos sean socios activos a la hora de abordar
los retos compartidos.
7.7. El CESE aboga
por una estrategia global UE-Oriente Próximo en la que se aborden la paz, la seguridad
y los retos socioeconómicos de la región mediante una cooperación específica. Esta
estrategia debe centrarse ante todo en la resolución inmediata y pacífica de los
conflictos, el fomento de la gobernanza democrática, la mejora de las asociaciones
comerciales y la promoción del desarrollo sostenible, al mismo tiempo que se vela
por el respeto de los derechos humanos de todas las naciones y se aporta estabilidad
y prosperidad de manera pacífica a la región.
7.8. El CESE considera
que la Cumbre UE-Unión Africana de 2025 representa una oportunidad crucial para
estrechar los lazos entre la UE y África, y que deberá centrarse en el desarrollo
económico mutuo, la transformación digital y la resiliencia climática. El CESE subraya
la importancia de las asociaciones equitativas que abordan retos compartidos, como
el desempleo juvenil y la agricultura sostenible, a fin de fomentar la prosperidad
a largo plazo para ambos continentes.
7.9. El CESE pide
a la Comisión Europea que ponga en marcha los preparativos para una colaboración
estrecha con las Naciones Unidas y su Año Internacional de los Voluntarios para
el Desarrollo Sostenible de 2026. El CESE insta a la Comisión a que colabore con
los Estados miembros de las Naciones Unidas, la sociedad civil y el sector privado
para asegurar que la celebración de 2026 sensibilice efectivamente sobre el valor
del voluntariado y lo integre en las políticas de desarrollo nacionales y de la
UE.
8. Acción conjunta y preparación
de nuestra Unión para el futuro
8.1. La Comisión
debería presentar sin demora a mediados de 2025 la propuesta de marco financiero
plurianual para después de 2027, que deberá servir para dotar a la UE de los medios
financieros necesarios para cumplir sus prioridades políticas.
8.2. Son necesarios
nuevos recursos propios para garantizar un presupuesto de la UE sólido y sostenible;
y la UE debería aumentar progresivamente la proporción de los recursos propios de
la UE respecto a los ingresos de los Estados miembros basados en la RNB.
8.3. Prepararse
para la ampliación y las reformas requiere un ajuste del presupuesto de la UE
y los recursos propios de la UE para aplicar las políticas europeas de inversión.
El CESE aboga por desarrollar una unión de los mercados de capitales eficiente e
integrada y una unión bancaria de pleno derecho, que incluya a todos los Estados
miembros, a fin de seguir armonizando y eliminando los obstáculos transfronterizos,
salvaguardando al mismo tiempo unas normativas y una vigilancia sólidas, con vistas
a preservar la estabilidad financiera y la sostenibilidad del modelo social europeo,
proteger a los consumidores, los inversores y los ahorradores y lograr un mercado
único sólido.
8.4. El CESE propone
que se cree un fondo de inversión de la UE como parte del próximo marco financiero
plurianual (MFP). Su objetivo debe ser proporcionar recursos financieros para proyectos
de inversión de interés estratégico europeo que se gestionen directamente en el
nivel de la UE, en particular en ámbitos de pertinencia transfronteriza.
8.5. El Comité propone
una serie de criterios para orientar la priorización y selección de inversiones
en el marco de la futura capacidad de inversión de la UE. Este fondo debe financiarse
mediante una combinación de recursos, entre ellos las contribuciones de los Estados
miembros, nuevos recursos propios y la emisión conjunta de deuda de la UE. Las inversiones
financiadas por la UE y las ayudas estatales deben establecer condicionalidades
centradas en el respeto del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y el diálogo
social.
8.6. La descentralización
fiscal y la autonomía son esenciales para fomentar la competitividad. Debemos sacar
el máximo partido del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y de los fondos
de cohesión, con un enfoque orientado a resultados. La Comisión Europea debería
acelerar la evaluación y el seguimiento de la aplicación del MRR, que expirará en
2026, con la participación activa de los interlocutores sociales y las organizaciones
de la sociedad civil, y reforzar el apoyo técnico para garantizar la plena absorción
de los fondos, maximizando su impacto en el crecimiento sostenible. El Semestre
Europeo puede servir de marco para orientar la financiación de la UE y también puede
reforzar la legitimidad y la eficacia de las estrategias de crecimiento de la UE.
8.7. El impacto
de las nuevas normas de gobernanza económica en el nuevo ciclo del Semestre Europeo
de 2025 no aumentará el espacio fiscal para inversiones lo bastante como para colmar
el déficit de inversión a nivel de los Estados miembros, ni siquiera para cumplir
los objetivos del Plan de Acción sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales. Reforzar
la conexión entre el pilar y el proceso del Semestre Europeo será fundamental para
realizar un seguimiento de los avances y garantizar que las políticas sociales se
financien y apliquen de modo adecuado. El CESE pide que los objetivos y criterios
fijados en el nuevo marco de convergencia social sean objeto de un seguimiento regular
con la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad
civil, a fin de determinar las políticas y medidas adecuadas para proteger un modelo
social de calidad en nuestros países. A tal efecto, es necesario invertir en medidas
de transición justas y en sistemas de protección social, sanidad y educación inclusivos
y adecuados, así como hacer frente a la pérdida de poder adquisitivo y al aumento
de las desigualdades entre regiones y grupos de población, con el fin de evitar
desequilibrios entre las prioridades de las políticas industrial y social.
8.8. El ajustado
calendario del proceso del Semestre Europeo deja pocas oportunidades para consultar
adecuadamente a la sociedad civil organizada, pero es fundamental reforzar su papel.
Se recomienda mejorar el proceso de consulta simplificando el acceso a la información,
mejorando los canales de comunicación entre la sociedad civil y los responsables
de la toma de decisiones, integrando mecanismos regulares de retroalimentación y
estableciendo un proceso de diálogo estructurado.
8.9. El CESE pide
a la Comisión Europea que incluya en el programa de trabajo para 2025 la propuesta
de revisión de la Directiva sobre contratación pública, que debería permitir «dar
preferencia a los productos europeos en la contratación pública para determinados
sectores y tecnologías estratégicos y modernizar y simplificar nuestras normas de
contratación pública, en particular teniendo en cuenta a las empresas emergentes
e innovadoras de la UE» (1), teniendo
en cuenta al mismo tiempo la necesidad de transparencia en el proceso y de respeto
de los derechos fundamentales y el diálogo social. Es necesario atajar los abusos
que puedan producirse en las cadenas de subcontratación.
8.10. La política
de cohesión es y debe seguir siendo la política de inversión a largo plazo más importante
de la UE, y mantener su papel esencial de refuerzo de la cohesión social, económica
y territorial en Europa. Esto puede lograrse salvaguardando los principios fundamentales
de la política de cohesión, como la gobernanza multinivel, el principio de asociación
y la gestión compartida.
8.11. Los fondos de cohesión siguen siendo vitales para aumentar la convergencia económica y social. Las políticas de cohesión deberían contar con el apoyo de una Dirección General de Cohesión específica y preservar su identidad basada en la gobernanza multinivel, facilitando así un mejor uso de sus programas, incluido el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), ampliado con iniciativas políticas de financiación nacional y cofinanciación privada. Un enfoque político holístico, coordinado e integrado a escala de la UE resulta fundamental. Este enfoque podría incluir un presupuesto de la UE que responda mejor a las exigencias sociales y llevarse a la práctica a través del Semestre Europeo reformado y su marco de convergencia social, en consonancia con una política económica, social y financiera sólida. Además, las instituciones de la UE deben evaluar la necesidad de un instrumento financiero permanente basado en la experiencia del programa SURE, con vistas a estabilizar el gasto social de los Estados miembros en caso de perturbaciones económicas externas y a apoyar a los trabajadores y las empresas de los sectores y regiones industriales más afectados por los procesos de transición digital y ecológica.
Bruselas, 4 de diciembre de 2024.
El Presidente
del Comité Económico y Social Europeo
Oliver RÖPKE
(1) Úrsula
von der Leyen, La decisión de Europa: orientaciones políticas
para la próxima Comisión Europea 2024-2029, p. 12.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/760/oj
ISSN 1977-0928 (electronic edition)
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