Por: Carlos FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Université de Montpellier I Francia.
M. Sc. Institut Agronomique Méditerranéen
cferreyros@hotmail.com
SINTESIS
La ley francesa N° 2021-1104 del 22 de agosto de 2021, también llamada
Ley "Clima y Resilencia" refleja parte de las 146 propuestas de la
Convención Ciudadana del Clima adoptada por el Jefe de Estado para reducir
en un 40% las emisiones de gas de efecto invernadero para 2030 en un
espíritu de justicia social.
El presente Resumen ejecutivo en
francés fue elaborado por los responsables del sitio Web Vie Publique y se
encuentra en el enlace siguiente:
La traducción del Resumen ejecutivo fue realizado por el suscrito con la ayuda del traductor de Google.
El texto original de la ley N° 2021-1104 en francés se encuentra en el siguiente enlace:
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=x7Gc7Ys-Z3hzgxO5KgI0zSu1fmt64dDetDQxhvJZNMc=
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Ley de 22 de agosto de 2021 de
lucha contra el cambio climático y fortalecimiento de la resiliencia ante sus
efectos.
La ley se articula en torno a
cinco temas sobre los cuales la Convención ciudadana por el
Clima (CCC) debatió y presentó sus propuestas en junio de 2020: consumir, producir y trabajar,
desplazarse, alojarse y alimentarse. Asimismo,
refuerza las sanciones en caso de daños al medio ambiente.
Cuenta con más de 300 artículos
al final de la votación por el Parlamento. Su primer artículo, resulta del
debate parlamentario, plantea que el Estado se compromete a respetar el objetivo
europeo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en al
menos un 55% de aquí a 2030. Se ha añadido un título final que establece un
sistema de evaluación permanente de los efectos de la ley. El Consejo
Superior del Clima será el encargado de evaluar anualmente la implementación de
las medidas previstas y, cada tres años, la actuación de las autoridades
locales en materia de reducción de GEI y de adaptación al cambio climático.
Se anuncian alrededor de un
centenar de decretos.
1. Patrones de consumo y de
alimentación
Los hábitos de consumo tienen un
impacto significativo sobre el medio ambiente. Se crea una "etiqueta ambiental" para informar a los consumidores sobre el impacto, en
particular, del clima, de los productos y servicios. Al final de una fase
de experimentación, este "eco-score" será uniformizado y obligatorio, prioritariamente
para el vestido.
La publicidad
en favor de los combustibles fósiles será prohibida en 2022, y la enmienda de los
senadores, aquella sobre los automóviles más contaminantes en 2028. Los diputados votaron el fin de los aviones
publicitarios a finales de 2022. La inscripción del impacto climático en los
anuncios publicitarios también deviene obligatorios. Los primeros
paneles medioambientales concernirán en 2022 a la publicidad de
automóviles y electrodomésticos. Un dispositivo de "Sí
pub" se pondrá a prueba en
los buzones postales en las comunidades locales voluntarias (sólo las personas
que han publicado esta etiqueta en su buzón recibirá anuncios de papel). Los
alcaldes podrán desde 2021 enmarcarán las pantallas publicitarias en las
vitrinas.
Para desarrollar la venta a granel, las grandes y medianas tiendas (con más de 400 m² de
superficie de venta) deberán consagrar el 20% de su superficie a la venta a
granel a 2030. Ciertas disposiciones tratarán igualmente del reciclaje. Será
instituido un observatorio de reempleo y de reutilización, que deberá proponer
una trayectoria nacional.
A continuación del experimento
introducido por la ley Égalim de 2018, los comedores
escolares públicos y
privados deberán proponer un menú vegetariano semanal desde el inicio del año escolar 2021. A partir de
2023, los comedores estatales y universitarios que ofrecen una selección de
menús múltiples tendrán que ofrecer un menú vegetariano diario. Las comunidades
voluntarias podrán experimentar el menú vegetariano
diario.
En cuanto a las prácticas
agrícolas, una trayectoria anual de reducción de las emisiones debido
a los fertilizantes nitrogenados se definirá por decreto y un plan de
acciones se pondrá en marcha con el inicio de un impuesto a partir de 2024 si
no se cumplen los objetivos.
2. Modelos de producción y
trabajo
La ecologización de la economía
se está acelerando. La estrategia nacional de investigación se alineará
con la estrategia nacional
de bajas emisiones de carbono y
la estrategia nacional para la biodiversidad. Las disposiciones amplían la
disponibilidad de repuestos. Todos los contratos y pedidos públicos deben
tener en cuenta criterios ecológicos. En términos de diálogo social, los
asalariados podrán expresar sus puntos de vista sobre la estrategia
medioambiental de su empresa.
Para proteger los ecosistemas, se
modifican varias disposiciones del código de minería. Además, el gobierno
está facultado para reformar este código con el fin de desarrollar un modelo
extractivo responsable.
El desarrollo de la energía baja
en carbono es compatible: con el desglose de la programación plurianual de la
energía (PPE) en objetivos regionales de desarrollo de las energías
renovables, desarrollo de comunidades de ciudadanos de las energías renovables,
la extensión de la obligación de instalar paneles
de paneles solares o tejados vegetalizados en superficies comerciales, oficinas y
aparcamientos.
El Senado introdujo otras medidas
para apoyar la energía hidroeléctrica, el hidrógeno y el biogás. Un nuevo
artículo obliga al Estado a tener en cuenta, a la hora de decidir el cierre de un reactor nuclear, los objetivos de seguridad del suministro y reducciones de GEI. Se
refuerza el rol de los
municipios en la instalación de eolianas con la posibilidad para el alcalde de dirigir sus
observaciones al líder del proyecto.
También se votaron enmiendas para
preservar los bosques y los recursos de agua potable.
3. Los desplazamientos
La ley completa el movimiento
iniciado por la
ley de 24 de diciembre de 2019 sobre la orientación de las movilidades mediante:
· la creación de zonas de bajas
emisiones (ZFE) en aglomeraciones de más de 150.000 habitantes
desde ahora hasta finales de 2024 (es decir, 33 nuevas zonas). En estas
grandes ciudades, los coches más antiguos estarán prohibidos. En las 10
áreas metropolitanas que superan regularmente los valores límite de calidad del
aire, prohibiciones de tráfico para vehículos Crit'air 5 en
2023, Crit'air 4 en 2024 y Crit'Air 3 en 2025 serán programados de forma
automática;
· la obligación para las regiones de ofrecer precios
atractivos en los trenes regionales;
· la prohibición de vuelos
domésticos cuando exista una alternativa en tren en menos de 2h30 y la compensación carbono
obligatoria de los vuelos domésticos por parte de las empresas a partir
de 2022;
· la creación de vías reservadas para viajes
compartidos;
· la posibilidad para las regiones creen una ecotasa
vial a partir de 2024 (se prevé una ordenanza);
· el fin de la venta de los coches
nuevos más contaminantes (que emiten
más de 95 gCO2/km) en 2030 y de los vehículos pesados, autobuses y autocares nuevos más
contaminantes en 2040.
La prima de conversión se extiende
a las bicicletas eléctricas. Se proporcionan incentivos para desarrollar
carriles para bicicletas o áreas de estacionamiento. Una enmienda del
Senado permite la implementación experimental a partir de 2023 de un préstamo sin interés para la compra de un vehículo
limpio en las ZFI. Una otra enmienda
senatorial prevé un incentivo de movilidad
sostenible de 600 euros anuales para
los empleados cuando se combina con una suscripción de transporte
público.
El desarrollo del transporte de
mercancías por ferrocarril y fluvial es también objeto de algunas medidas.
4. Vivienda y artificialización
del suelo
La renovación ecológica de los
edificios se acelera, con medidas para erradicar
"tamices" térmicos. Desde
2023, los propietarios de vivienda tamices térmicos (alojamientos
clasificados (G) tendrán que llevar a cabo obras de renovación de energía
si quieren aumentar el alquiler de su alquiler. Desde 2025, estará
prohibido alquilar los tamices térmicos los menos bien aislados (clasificados
G), y desde 2028 para el resto de los tamices (clasificados F
). Desde 2034, son las viviendas clasificadas E que serán prohibidas para
alquiler. Estos alojamientos serán así progresivamente considerados indecente
acorde con la ley. El arrendatario podrá entonces exigir a su dueño que
lleve a cabo trabajos y varios mecanismos de información, incentivos y
mecanismos de control reforzarán este derecho para el inquilino.
Además, durante la venta de
viviendas unifamiliares D a G, se debe realizar una auditoría energética que incluya propuestas de obra. Esta obligación se
aplicará a partir de 2022 para las clases F y G, en 2025 para la clase E y en
2034 para la clase D.
Una enmienda de los diputados
establece que todos los hogares, incluso los de menores ingresos, tendrán
acceso a un mecanismo de financiación para pagar el resto de sus obras de renovación,
en particular mediante préstamos garantizados por el
Estado.
Se crea una red nacional
de acompañadores renov' y un folleto de información sobre
vivienda.
Para facilitar la renovación de
los edificios de condominios, los administradores tendrán que adoptar un plan
de trabajo para varios años dedicada a la renovación energética.
Al mismo tiempo, se supervisa
la concretización de la tierra. La tasa de artificialización debe reducirse a la mitad para el
año 2030. El Cero artificialización neta deberá ser alcanzado en
2050. Este objetivo se aplicará en los territorios. Se establece un principio
general de la prohibición de la creación de nuevos centros comerciales que
llevarían a la artificialización de la tierra.
Para santuarizar las zonas naturales protegidas y sensibles, el objetivo del 30% de las áreas protegidas será establecido en la ley. Se tomarán medidas por ordenanzas que permitan a las comunidades locales adaptar sus territorios costeros al declive del litoral.
5. Un nuevo delito de ecocidio
La ley endurece las sanciones
penales en caso de daños al medio ambiente mediante la creación:
· de un delito de puesta en
peligro el medio ambiente.
El hecho
de haber expuesto el medio ambiente a un riesgo de degradación duradera de la
fauna, la flora o el agua por incumplimiento de una obligación de seguridad o
prudencia podrá ser sancionado con 3 años de prisión y 250.000 euros. Multa.
· de un delito general de la
contaminación de los medios y un delito de ecocidio en
los casos más graves.
Los atentados intencionales más graves contra el medio ambiente serán
sancionados con una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de 4,5
millones de euros (22,5 millones de euros para las personas jurídicas), o
incluso una multa de hasta diez veces el beneficio obtenido por el autor del
daño ambiental.
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