Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Université de Montpellier I Francia.
M. Sc. Institut Agronomique Méditerranéen
PROLOGO
El
Comité Europeo de las Regiones reconoce que los Estados y las autoridades
públicas enfrentan retos cada vez más complejos que van desde la globalización,
al desarrollo económico, las repercusiones de la tecnología y la seguridad, la
desinformación,, los problemas sanitarios, la radicalización, sin obviar el
cambio climático y demográfico.
El Comité Europeo de las Regiones destaca que la transición digital no ha de llevarse a
cabo basándose solo en la tecnología, sino que los cambios han de basarse en
las necesidades y expectativas de los ciudadanos, para lo cual es preciso
elaborar las respuestas más transparentes, inclusivas, fáciles de usar, seguras
y rentables. Esto significa que los nuevos retos requieren asimismo
transformaciones a nivel local y regional, cuya puesta en práctica depende
principalmente sobre todo de la capacidad de los gestores para reconocer esas
necesidades y también de la voluntad para introducir los cambios más
apropiados. En una democracia moderna no basta con ejercer de forma regular la
democracia representativa sino que debe contarse constantemente con la
participación de los miembros de la comunidad y de las partes interesadas y las
organizaciones. La inclusión y la participación llevan a adoptar mejores
decisiones y a reforzar la democracia, el sentimiento de pertenencia a la
comunidad y la disponibilidad para aportar una contribución propia al
desarrollo de la región.
El Comité Europeo de las Regiones considera que los niveles de gobierno y de administración
locales y regionales son los entornos ideales para aplicar la «transición
digital»; reitera que el uso de nuevas tecnologías digitales brinda nuevas
oportunidades de consulta y participación y permite proporcionar información de
alta calidad, analizar la respuesta del público, extender los esfuerzos a las
zonas alejadas, llegar a las ciudadanas y ciudadanos más desfavorecidos,
incorporar las capacidades, los conocimientos y la experiencia de los
ciudadanos y desarrollar, junto con ellos, políticas que respondan a sus
necesidades y expectativas.
El Comité Europeo de las Regiones hace hincapié en que la participación de los ciudadanos
debe basarse en un acceso efectivo y no discriminatorio a la información y el
conocimiento; estima necesario reducir la brecha digital y capacitar a las
personas a través de la educación y la formación, incluida la adquisición de
competencias digitales y alfabetización mediática, dando prioridad a los
programas de formación digital para todos los grupos de edad, prestando una
atención especial a las personas mayores y a otros grupos vulnerables o
marginados, y ampliando la formación permanente a las zonas rurales y las zonas
alejadas.
El Comité Europeo de las Regiones recomienda que los entes locales y regionales den
prioridad a la introducción de herramientas digitales en todos los fondos y
programas.
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Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Reforzar la gobernanza local y la democracia representativa mediante nuevas herramientas de tecnología digital
(2021/C 37/08)
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS
EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES
1. reconoce que los Estados y las autoridades públicas a todos los niveles se enfrentan a retos cada vez más complejos y sin precedentes que van desde la globalización, el desarrollo económico y las repercusiones de la tecnología hasta la seguridad, la desinformación, los problemas sanitarios y la radicalización, sin olvidar el cambio climático y el cambio demográfico;
2. acoge con satisfacción la prioridad política
de la Comisión Europea «Una Europa adaptada a la era digital» y el llamamiento
de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a promover la transición
hacia un nuevo mundo digital basado en las capacidades y valores europeos;
respalda la prioridad política «Un nuevo impulso a la democracia europea» y se
congratula del compromiso de la presidenta de la Comisión de trabajar en pro de
una participación más democrática y una mayor transparencia en la toma de decisiones
de la UE;
3. valora positivamente el compromiso de la
Comisión Europea de apoyar las transiciones ecológica y digital, tal y como se
ve reflejado en su nueva propuesta para un marco financiero plurianual
2021-2027, al igual que la asignación de un importe de 8 200 millones
de euros al programa Europa Digital (1);
4. apoya la propuesta formulada en la Posición
del Parlamento Europeo relativa a la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de
15 de enero de 2020, de que la «transición digital» debe
incluirse como una de las prioridades políticas de la Conferencia; suscribe la
afirmación de que la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en el
proceso y las consultas de la Conferencia debe organizarse «mediante las
plataformas más eficientes, innovadoras y adecuadas, incluidos instrumentos en
línea, a fin de garantizar que todos los ciudadanos puedan expresarse durante
los trabajos de la Conferencia»; hace hincapié en que la Conferencia debería
servir de campo de pruebas para desarrollar algún tipo de diálogo estructurado
y permanente con los ciudadanos sobre asuntos de la UE, que tendrá que basarse
en gran medida en medios digitales y procesos innovadores, sobre todo teniendo
en cuenta las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19;
5. se
remite a las posiciones del CDR sobre estos temas formuladas en dictámenes
anteriores: — Dictamen
sobre la «Perspectiva local y regional sobre la promoción de la innovación del
sector público mediante soluciones digitales», aprobado en el pleno del CDR el
30 de noviembre de 2017 (2). El CDR considera la digitalización de la
administración como un medio para ofrecer mejores servicios a las ciudadanas y
los ciudadanos y subraya el papel importante que deben desempeñar los entes
locales y regionales en la modernización del sector público; insta al sector
público a que emprenda una política de innovación que se centre en las
necesidades de los usuarios y dé acceso sin discriminaciones a los servicios
digitales a todos los ciudadanos y empresas; insiste además en la necesidad de
cooperación e intercambio de buenas prácticas entre las administraciones y a
través de las fronteras.
— Dictamen
sobre el «Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020»,
aprobado en el pleno del CDR el 11 de octubre de 2016 (3). El CDR respalda el principio de «lo digital por
defecto» en la prestación de servicios por parte de las administraciones
públicas, y señala que se precisa una labor a largo plazo con el fin de
reforzar la inclusión digital para que más personas puedan acceder a las
infraestructuras y adquirir las competencias necesarias para aprovechar las oportunidades
digitales. El CDR señala la importancia de una administración transparente que
ofrezca datos y servicios de manera segura y abierta para mejorar la
transparencia y la eficacia, pero, al mismo tiempo, insiste en que algunos
conglomerados de informaciones y datos personales necesitan un alto nivel de
protección. Además, el CDR respalda el principio de la escala transfronteriza
por defecto para la oferta de servicios de administración electrónica de las
administraciones públicas y subraya que los entes locales y regionales en
regiones fronterizas pueden desempeñar un papel decisivo a la hora de fijar y
desarrollar servicios transfronterizos pertinentes, eficaces y sin fisuras.
— Dictamen
sobre «Una nueva Agenda de Capacidades para Europa», aprobado en el pleno del
CDR el 7 de diciembre de 2016 (4). El CDR pide que se invierta en las capacidades y
la formación digitales y considera la digitalización una oportunidad para
abordar muchos retos de la política educativa; 6. destaca que la transición digital no ha de llevarse a cabo basándose solo en la tecnología, sino que los cambios han de basarse en las necesidades y expectativas de los ciudadanos, para lo cual es preciso elaborar las respuestas más transparentes, inclusivas, fáciles de usar, seguras y rentables. Esto significa que los nuevos retos requieren asimismo transformaciones a nivel local y regional, cuya puesta en práctica depende principalmente sobre todo de la capacidad de los gestores para reconocer esas necesidades y también de la voluntad para introducir los cambios más apropiados. En una democracia moderna no basta con ejercer de forma regular la democracia representativa sino que debe contarse constantemente con la participación de los miembros de la comunidad y de las partes interesadas y las organizaciones. La inclusión y la participación llevan a adoptar mejores decisiones y a reforzar la democracia, el sentimiento de pertenencia a la comunidad y la disponibilidad para aportar una contribución propia al desarrollo de la región;
7. señala que, si bien las relaciones tradicionales entre los ciudadanos y los políticos están experimentando cambios importantes, está surgiendo simultáneamente un nuevo escenario político digital en el que las nuevas herramientas de la tecnología digital pueden ayudar a encontrar nuevas soluciones y posibilidades para responder a los desafíos, fomentar la innovación y el crecimiento económico, mejorar los servicios públicos, impulsar la participación ciudadana de formas nuevas, mejorar la gobernanza local y complementar y reforzar la democracia; 8. considera que los procesos democráticos deben evolucionar, adaptarse a los cambios y aprovechar las oportunidades que ofrecen la nueva tecnología digital y las herramientas informáticas, ya que tienen el potencial de mejorar la calidad de la toma de decisiones, promover la codecisión, la comunicación y el diálogo, impulsar la ciudadanía activa y el compromiso en la vida política, mejorar la transparencia y la rendición de cuentas y reforzar la legitimidad de nuestro sistema democrático;
9. considera que la aplicación de soluciones
electrónicas en los entes locales y regionales constituye una excelente
oportunidad para ofrecer servicios públicos eficientes y de alta calidad a las
ciudadanas y ciudadanos. Ya solo la utilización de formularios electrónicos
supone un ahorro de tiempo para los ciudadanos y autoridades públicas, y ello
hace posible que el personal dedique más tiempo y más atención a otras tareas
administrativas. Además, las distintas aplicaciones electrónicas permiten que
los miembros de la comunidad participen en el proceso de toma de decisiones y
supervisen en tiempo real la actuación de sus gobiernos territoriales;
10. considera que los niveles de gobierno
y de administración locales y regionales son los entornos ideales para aplicar
la «transición digital»; reitera que el uso de nuevas tecnologías digitales
brinda nuevas oportunidades de consulta y participación y permite proporcionar
información de alta calidad, analizar la respuesta del público, extender los
esfuerzos a las zonas alejadas, llegar a las ciudadanas y ciudadanos más
desfavorecidos, incorporar las capacidades, los conocimientos y la experiencia
de los ciudadanos y desarrollar, junto con ellos, políticas que respondan a sus
necesidades y expectativas;
11. anima a los entes locales y regionales
a que realicen la transición digital y aprovechen al máximo el potencial de las
tecnologías digitales para seguir facilitando la participación de las
ciudadanas y ciudadanos en las políticas y la toma de decisiones, mediante el
recurso a nuevas tecnologías digitales que mejoren la transparencia, la
inclusividad y la capacidad de respuesta de los procesos de toma de decisiones
y fomenten la confianza y el diálogo necesarios, que son indispensables para
una buena gobernanza; esto debe ir necesariamente unido a la adquisición de
competencias digitales;
12. subraya la importancia de incorporar
las contribuciones de los ciudadanos al proceso de toma de decisiones y de
garantizar su seguimiento; destaca que la falta de un espíritu de apertura en
los responsables políticos produce desencanto y desconfianza, y señala que,
para que la democracia local funcione correctamente, es fundamental la
confianza de los ciudadanos en las autoridades;
13. hace hincapié en que la participación
de los ciudadanos debe basarse en un acceso efectivo y no discriminatorio a la
información y el conocimiento; estima necesario reducir la brecha digital y
capacitar a las personas a través de la educación y la formación, incluida la
adquisición de competencias digitales y alfabetización mediática, dando
prioridad a los programas de formación digital para todos los grupos de edad,
prestando una atención especial a las personas mayores y a otros grupos
vulnerables o marginados, y ampliando la formación permanente a las zonas
rurales y las zonas alejadas;
14. subraya la necesidad de que los
jóvenes participen en la vida pública; observa que la nueva generación digital
tiene las competencias requeridas en relación tanto con la técnica como con los
medios y redes; considera que el uso de nuevas tecnologías digitales en los
procesos de elaboración de políticas y de toma de decisiones puede ser un
instrumento eficaz para mejorar su compromiso y participación;
15. señala que la transición digital
requiere recursos considerables; pide a todos los niveles de gobierno y de
administración que dediquen recursos financieros y humanos suficientes para
estos objetivos, que pongan a disposición oportunidades de formación, que
garanticen infraestructuras digitales asequibles y de alta velocidad, en
particular en las regiones periféricas y en las zonas rurales y económicamente
menos desarrolladas, y que velen por que estas sean accesibles para todos,
incluidas las personas con discapacidad y las personas mayores; reitera, a este
respecto, que «el término “cohesión digital” constituye una importante
dimensión adicional del concepto tradicional de cohesión económica, social y
territorial definido en el Tratado de la UE» (5);
16. subraya que la tecnología digital
depende de una utilización de los datos basada en la recopilación y la
generación de los mismos y pide, a este efecto, que se respeten el derecho a la
intimidad y a la protección de datos. Solo deberían solicitarse y procesarse
los datos personales que sean pertinentes y necesarios para el fin específico
de que se trate. Debe promoverse un entorno de internet y unos servicios
digitales seguros y protegidos, y debería proporcionarse información adecuada a
los ciudadanos sobre el uso de sus datos y las medidas de seguridad
correspondientes que se adoptan, así como vías efectivas de recurso en caso de
violación de estos derechos, incluido un sólido marco jurídico europeo, a fin
de evitar la desconfianza y la insatisfacción de los ciudadanos. Destaca, a
este respecto, la necesidad de aprovechar la inteligencia artificial de modo
que siga estando centrada en el ser humano y se utilice para fomentar una
ciudadanía inteligente y un gobierno abierto, fortaleciendo así la democracia;
17. advierte de que las plataformas de
redes sociales facilitan la propagación de desinformación, la información falsa
y la incitación al odio, lo que puede socavar la democracia y la confianza en
las instituciones públicas; pide un mayor compromiso con la enseñanza de
competencias digitales y anima a los responsables políticos locales a que
utilicen las herramientas digitales, las plataformas en línea y los medios de
comunicación existentes para comunicarse y dialogar de forma positiva con los
ciudadanos y otras partes interesadas;
18. considera importante que los entes
locales y regionales utilicen sus propios canales digitales adecuados para
comunicar con los ciudadanos de un modo más interactivo y rápido, con el fin de
garantizar que la información facilitada es fiable y pertinente para las
necesidades locales y regionales;
19. cree que, más allá de la profunda
incidencia que tendrá la digitalización en la vida social, el mundo del
trabajo, la educación o la cultura, por citar solo algunos ámbitos, la crisis
de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con información
basada en hechos y actualizada y la relevancia de los canales de comunicación
que la difunden. También ha quedado patente que los entes locales y regionales
y los ciudadanos deben tener la posibilidad de mantenerse en contacto y deben
existir herramientas digitales adecuadas para luchar contra la desinformación y
la información falsa. Estas herramientas deben respetar en todo momento la
capacidad de las personas de ejercer plenamente su libertad de expresión;
20. pide que se preste atención a la
igualdad de disponibilidad y accesibilidad a los servicios digitales;
21. señala que la joven «generación
digital» es uno de los grupos más expuestos a la desinformación y la incitación
al odio; considera que el uso especialmente intensivo que hacen de las redes
sociales, la falta de capacidad crítica en relación con los medios de
comunicación, en especial entre aquellos con niveles más bajos de educación,
junto con las burbujas de opinión homogénea (cámara de eco) que generan las
redes sociales, pueden contribuir a que los usuarios más jóvenes sean incluso
más vulnerables a la manipulación política; destaca la necesidad de utilizar
herramientas de tecnología digital que sean no solo fáciles de usar sino
también comprensibles y atractivas - tanto en términos de contenido como de
presentación- , y adaptadas a las competencias sociales y digitales de los
jóvenes, a fin de reforzar su actitud crítica frente a los riesgos y las
oportunidades de los nuevos medios de comunicación y la tecnología digital;
22. considera que la crisis de la COVID-19
ha puesto claramente de manifiesto la importancia que puede revestir el
teletrabajo; alienta a los entes locales y regionales a que estudien de qué
manera podrían ampliar sus propias normas sobre teletrabajo;
23. reitera su petición de que todos los
niveles de gobierno y de la administración cooperen de forma más estrecha y
compartan las mejores prácticas para que la transición digital de las ciudades
y municipios se aproveche en mayor medida y pueda seguir intensificándose;
elogia los numerosos ejemplos nacionales, regionales y locales que ponen de
manifiesto cómo las herramientas digitales pueden utilizarse en beneficio de la
democracia participativa;
24. toma nota de que la introducción de
nuevas soluciones tecnológicas se ve dificultada además por la falta de los
conocimientos y las competencias necesarios entre las autoridades públicas, que
podrían sacar partido de la utilización de los medios digitales. Por lo tanto,
es útil hacer balance, en primer lugar, de las capacidades digitales
disponibles en los entes locales y regionales y, a continuación, determinar los
déficits tecnológicos en cada uno de los entes territoriales y de unos en
relación con otros y definir las necesidades correspondientes, para lo que
deberá distinguirse entre el proceso y la solución técnica. Por otro lado, debe
garantizarse la compatibilidad (interoperabilidad) entre los distintos
conjuntos y bases de datos;
25. destaca la importancia de las
herramientas en línea para facilitar las asociaciones entre los entes locales y
regionales de la UE y entre ellos y los países socios; considera que el portal
europeo en línea de cooperación descentralizada renovado recientemente
proporcionaría un valor añadido sustancial, ya que apoyaría el establecimiento
de contactos y el intercambio de buenas prácticas; declara su disposición a
colaborar con la Comisión Europea para desarrollar una herramienta digital de
este tipo;
26. espera que la introducción de
diferentes soluciones digitales por parte de los entes locales y regionales,
que podría entrañar la necesidad de efectuar inversiones cuantiosas y
puntuales, sea una de las consideraciones generales del nuevo presupuesto de la
UE en el marco de la transformación digital;
27. hace suyo el documento de posición de
la Association Civic Tech Europe (ACTE), de marzo de 2020, en el que se afirma
que la diversidad de modelos empresariales en el ámbito de las tecnologías
cívicas es la clave para ofrecer soluciones rápidas centradas en los
ciudadanos, y comparte la preocupación por el hecho de que los entes locales y
regionales de toda la Unión Europea no siempre disponen de un acceso fácil a
estas herramientas, ya que a menudo se desarrollan en plataformas en la
modalidad de «software como servicio» (SaaS) (6), a las que se
accede en régimen de suscripción;
28. propone que el Comité Europeo de las
Regiones elabore medidas para motivar y demostrar su reconocimiento a los entes
locales y regionales, al objeto de reforzar su compromiso con los principios de
una administración abierta e inclusiva. En el futuro, esto podría dar lugar a
la creación de un nuevo criterio de calidad para medir el grado de democracia
en los municipios e intercambiar buenas prácticas;
29. pide que se facilite financiación en
toda Europa para mejorar la alfabetización digital y mediática de los
ciudadanos a través de programas educativos y de formación para los distintos
niveles escolares, así como para el personal y los funcionarios de los entes
locales y regionales, con el fin de mejorar sus capacidades y conocimientos
sobre las posibilidades que brindan la utilización y la aplicación de
soluciones digitales modernas;
30. recomienda que los entes locales y
regionales den prioridad a la introducción de herramientas digitales en todos
los fondos y programas;
31. solicita financiación para
herramientas y equipos educativos digitales, a fin de garantizar a escala
europea un acceso en igualdad de condiciones al aprendizaje y la enseñanza
digitales de calidad, y
32. aconseja que, en caso necesario, se
revisen los criterios de admisibilidad para que los entes locales y regionales
puedan introducir nuevas soluciones y plataformas digitales de forma más
sencilla y económica, incluido el acceso a la financiación de la UE para las
plataformas SaaS. Bruselas, 10 de diciembre de 2020. El Presidente del Comité Europeo de las Regiones Apostolos
TZITZIKOSTAS |
Bruselas, 10 de diciembre de 2020.
El Presidente del Comité Europeo de las Regiones
Apostolos TZITZIKOSTAS
(1) El presupuesto de la UE: motor del plan de recuperación para Europa [COM(2020) 442 final].
(2) COR-2017-03529-00-00-AC-TRA (DO C 164 de 8.5.2018, p. 34).
(3) COR-2016-02882-00-01-AC-TRA (DO C 88 de 21.3.2017, p. 54).
(4) COR-2016-04094-00-01-AC-TRA (DO C 185 de 9.6.2017, p. 29).
(5) Dictamen del CDR sobre «Una Europa digital para todos: promover soluciones inteligentes e integradoras sobre el terreno» (COR-2019-03332) (DO C 39 de 5.2.2020, p. 83).
(6) Documento de posición, Association Civic Tech Europe (ACTE), marzo de 2020.
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