CONTRIBUCIÓN DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EUROPEA PARA 2022: EUROPA ADAPTADA A LA ERA DIGITAL.

 Por: Carlos A. FERREYROS SOTO

        Doctor en Derecho
        Université de Montpellier I Francia.
        M. Sc. Institut Agronomique Méditerranéen

        cferreyros@hotmail.com

SINTESIS

En el pleno de los días 9 y 10 de junio de 2021, el Comité Económico y Social Europeo, CESE, aprobó por 175 votos a favor y dos abstenciones la presente Resolución.  

Es importante subrayar en la Resolución, el acápite 3. Una Europa adaptada a la era digital. 

3.1. La crisis del coronavirus está demostrando que la revolución digital es un aspecto importante del refuerzo de la resiliencia de nuestras sociedades ante las crisis. Se considera primordial invertir en la digitalización de los servicios esenciales y potenciar la capacidad de gobiernos, legisladores e instituciones públicas para prestar servicios en época de crisis. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta que las tecnologías digitales constituyen una herramienta y no un fin en sí mismo.

3.2. El CESE señala que posicionar a la Unión Europea en la vanguardia digital requiere que la UE asigne una financiación considerable a la investigación y la innovación y que facilite la cooperación entre las empresas, el mundo de la investigación, el sector público y otras partes interesadas.

3.3. La pandemia ha acelerado la transición digital y ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar retos como el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, y la salud y la seguridad de los trabajadores.

3.4. La Comisión debería colaborar con los Estados miembros para eliminar las diferencias entre trabajadores convencionales y trabajadores no convencionales o en formas atípicas de empleo, diferenciando claramente entre los trabajadores autónomos reales y los falsos. Todos los trabajadores, considerados como tales tanto por la legislación nacional como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, deben estar igualmente protegidos, independientemente de que trabajen o no para una plataforma digital, y debe reconocerse su derecho de negociación colectiva y representación, así como la salvaguardia de sus condiciones de trabajo y su salud, respetando al mismo tiempo los diferentes sistemas de relaciones laborales.

3.5. La transición digital debe contribuir al aumento de la productividad y también a mejorar la educación y promover la participación política, social y cultural de todas las personas que viven en la UE.

3.6.El CESE pide desarrollar urgentemente la educación y la formación para satisfacer las demandas de la era de la inteligencia artificial (IA), en particular garantizando una base sólida en capacidades básicas y competencias CTIM. El perfeccionamiento y el reciclaje profesionales y la formación permanente, acompañados de adaptabilidad y resiliencia, son necesarios para garantizar que todo el mundo pueda responder a los cambios en el mercado de trabajo y la vida cotidiana.

3.7. Teniendo en cuenta el rápido progreso tecnológico fuera de sus fronteras, la Unión Europea debe redoblar sus esfuerzos para mejorar su propia competitividad.

3.8. Es importante preservar el modelo europeo de derechos, normas y políticas de consumo. Esto es lo que hace que la UE sea única. Por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, el código ético de la UE en materia de IA separa la visión de la Unión basada en el concepto de «control humano» de la de otras regiones.

3.9. El CESE pide a la Comisión que mantenga la competitividad y los intereses de los trabajadores en el núcleo de la transición digital, prestando especial atención a las relaciones laborales y al futuro de los empleos industriales, y que fomente una transición justa y un enfoque centrado en las personas ante estos cambios.

3.10. El CESE señala que la política social debe fomentar la inversión relacionada con las capacidades, apoyar en mayor medida las reformas del mercado laboral y de la seguridad social a escala nacional y garantizar que el pilar europeo de derechos sociales promueva el crecimiento económico y facilite la creación de empleo.

3.11. Para el Comité, el marco regulador europeo debe garantizar la eliminación de los obstáculos a las transacciones en línea, garantizando al mismo tiempo la protección de la intimidad y los datos personales y reforzando la ciberseguridad. 3.12.    En opinión del Comité, la aplicación y el seguimiento de un marco reglamentario para la IA deberían constituir una prioridad. La sociedad civil deberá participar en este proceso y llamar la atención de los responsables políticos sobre las nuevas cuestiones que puedan surgir en este contexto, entre otras, la limitación de los posibles cambios tecnológicos, los riesgos de exclusión y la dependencia de la UE de los gigantes digitales.

3.13. El CESE acoge favorablemente la Nueva Agenda Transatlántica y sus esfuerzos por consolidar la asociación transatlántica. El contexto sin precedentes de la COVID-19 ha demostrado claramente que la economía digital está transformando nuestras sociedades y economías, y que en la cooperación renovada UE-EE. UU. deberá otorgarse a la tecnología una alta prioridad.

3.14. La digitalización seguirá planteando retos y oportunidades para el sistema financiero europeo. En 2021, el Comité apoyó la Estrategia de Finanzas Digitales de la Comisión y las propuestas legislativas derivadas de ella. El CESE insta a la Comisión a que prosiga estos esfuerzos en 2022 para abordar adecuadamente los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece la financiación digital en beneficio de todas las partes interesadas.

3.15. A la vez que se congratula de que la digitalización y la automatización puedan contribuir sustancialmente a un transporte más sostenible («verde»), el CESE pide a la Comisión que garantice una transición justa hacia la automatización y la digitalización que «no deje a nadie atrás». La Comisión debe velar por que la doble transición ecológica y digital del sector se lleve a cabo sin problemas y de forma equilibrada desde el punto de vista económico, social y medioambiental. 

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Resolución sobre «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022 basada en la labor del Grupo ad hoc“ Contribución del CESE al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2022”»

(2021/C 341/01)

Ponentes:

Mariya MINCHEVA Stefano PALMIERI Jan DIRX

En su pleno de los días 9 y 10 de junio de 2021 (sesión del 9 de junio), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 175 votos a favor y 2 abstenciones la presente Resolución.

1.   Introducción

      1.1.            El CESE señaló en su día que el programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021 demostraba que las seis grandes ambiciones elegidas por la Comisión (un Pacto Verde Europeo, una Europa adaptada a la era digital, una economía al servicio de las personas, una Europa más fuerte en el mundo, la promoción de nuestro modo de vida europeo y un nuevo impulso a la democracia europea) proporcionan un marco poderoso para elaborar los programas de trabajo. Esta es la razón por la que el CESE elabora de nuevo esta Resolución, que contiene su contribución al programa de trabajo de la Comisión para 2022, en torno a estas seis grandes ambiciones.

 

      1.2.            El Comité considera que, dada la duración de la pandemia de COVID-19, situar a la economía europea en la senda adecuada hacia una transición, un crecimiento y un empleo sostenibles, y aportar prosperidad a la ciudadanía europea y a las organizaciones y empresas europeas deben seguir siendo las principales prioridades de la política económica de la UE en los próximos años. Por lo tanto, el programa de trabajo de la Comisión para 2022 debe volver a concentrarse, plenamente y en términos concretos, en la necesidad de recuperación y reconstrucción tras la pandemia.

 

      1.3.            La actual situación de pandemia en Europa está haciendo que aumenten la pobreza y la desigualdad, por lo que deben canalizarse los recursos allí donde más se necesiten para garantizar oportunidades, crear empleo de calidad, reducir la pobreza y la exclusión, promover el espíritu empresarial y la mejora de las capacidades y el reciclaje profesional, y velar por el acceso a servicios de calidad. Como declararon las instituciones de la UE, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil y los Estados miembros en la Cumbre Social celebrada en Oporto en mayo de 2021, es necesario recurrir tanto a la inversión como a las reformas para superar la crisis económica y social, reforzando la resiliencia de Europa frente a futuras perturbaciones, sobre la base de un crecimiento integrador y sostenible, un trabajo digno y justicia social.

 

      1.4.            Es precisamente en estos momentos cuando el Comité desea destacar que la Unión Europea y, por tanto, todas las políticas de la UE, se fundamentan y deben seguir fundamentándose en los objetivos y valores de la UE consagrados en el Tratado de Lisboa y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se trata de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y derechos humanos. Para el CESE, el programa de trabajo debe centrarse en la reestructuración y la mejora de nuestra economía y nuestra sociedad, de acuerdo con estos valores; la liberación de todo el potencial del mercado único; la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); la creación de una economía circular y la consecución de la neutralidad climática en la UE en 2050 a más tardar; y la garantía de una buena gobernanza y la rendición de cuentas democrática.

 

      1.5.            El Comité está convencido de que los principales retos que afrontamos y las profundas transiciones que tendrán lugar en nuestra economía, en la manera en que nos relacionamos con la naturaleza y el medio ambiente y en nuestras propias vidas —necesarias para un mundo verdaderamente sostenible— solo se llevarán a cabo con éxito si la ciudadanía y sus organizaciones participan activamente.

 

      1.6.            El CESE observa con pesar en su Resolución sobre la participación de la sociedad civil organizada en los planes nacionales de recuperación y resiliencia que las administraciones nacionales solo hayan permitido una participación somera de la sociedad civil organizada en la elaboración de dichos planes. La importancia y la utilidad de la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas y su aplicación también se pone de manifiesto en el estudio publicado por el CESE sobre «La respuesta de las organizaciones de la sociedad civil a la pandemia de COVID-19 y las consiguientes medidas restrictivas adoptadas en Europa», que se presentó esta primavera (¹), y en el Premio Sociedad Civil (²) que recompensa la actuación de los agentes sociales durante la pandemia.

 

      1.7.            Por consiguiente, reitera su llamamiento a la Comisión para que estas deficiencias se corrijan en las fases de aplicación y evaluación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia mediante el establecimiento de procedimientos más formales que faciliten un intercambio real. El Comité espera, por lo tanto, que la Comisión reconozca en el programa de trabajo del próximo año el papel clave que desempeñan las empresas, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil en la aplicación de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, así como en su proceso de revisión y su seguimiento. Así pues, el Comité presupone que los veinte principios del pilar europeo de derechos sociales, por el que se orienta la política social de la UE, estará también en el centro de la estrategia de recuperación para garantizar que las transiciones digital y ecológica sean justas y equitativas. El papel clave de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil como codiseñadores del futuro de Europa en la Conferencia sobre el Futuro de Europa también debe verse reflejado en las actividades de la Comisión.

 

      1.8.            El mercado único sigue siendo el motor clave de una economía europea competitiva y, en este sentido, es un factor vital para la recuperación y reconstrucción de la economía tanto en los Estados miembros a título individual como en el conjunto de la Unión Europea. El CESE señala que es preciso eliminar todos los obstáculos y garantizar la circulación ininterrumpida de bienes, servicios, capitales, datos y personas a través de las fronteras. Es fundamental restablecer lo antes posible las libertades de circulación en el mercado único en las condiciones previas a la COVID, profundizarlo en todos los ámbitos y centrarse en cómo mejorar la solidez de las cadenas de suministro y de valor mediante una diversificación impulsada por las empresas.

 

      1.9.            El CESE acoge con satisfacción la adopción del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Sin embargo, su aplicación práctica no está exenta de algunos riesgos. Ya va retrasado el procedimiento de ratificación de la Decisión sobre el sistema de recursos propios (³), que permitirá a la UE tomar prestados los fondos necesarios en los mercados de capitales. El CESE expresa su preocupación por la falta de información adecuada sobre las modalidades prácticas que regirán la emisión de los bonos necesarios para financiar el mecanismo (⁴). La coherencia entre los ámbitos emblemáticos recomendados por la Comisión Europea y el contenido temático real de los planes nacionales de recuperación y resiliencia también debe ser objeto de un estrecho seguimiento. El hecho de que no todos los Estados miembros se recuperarán al mismo ritmo constituye en sí mismo un desafío. La Comisión debe garantizar una rápida aprobación de los planes presentados, teniendo presente que cualquier retraso podría dar lugar a una ampliación de las divergencias entre los Estados miembros y en determinados segmentos de cada economía nacional.

 

        1.10.        El CESE respalda la Comunicación de la Comisión sobre la respuesta en materia de política presupuestaria a la pandemia de coronavirus (⁵), en la que la Comisión Europea manifiesta su intención de tomar una decisión sobre la desactivación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, tras una evaluación global del estado de la economía sobre la base de criterios cuantitativos, a saber, el nivel de actividad económica en la Unión o en la zona del euro en comparación con los niveles anteriores a la crisis (2019). El CESE coincide en señalar la necesidad de seguir aplicando la cláusula general de salvaguardia en 2022, así como de evitar la retirada prematura del apoyo fiscal.

 

        1.11.        A fin de aumentar los beneficios a largo plazo del plan de recuperación de la UE, el CESE insta a que se reanude lo antes posible el proceso de revisión del marco de gobernanza económica de la UE. En lugar de una «vuelta a la normalidad», pide un «giro» hacia un marco de gobernanza económica revisado, reequilibrado y orientado a la prosperidad, que otorgue la misma importancia a una serie de objetivos políticos clave, como un crecimiento sostenible e integrador, el pleno empleo y el trabajo digno, una reactivación de la productividad de la UE, una economía social de mercado competitiva y unas finanzas públicas estables. Este marco también debe evitar efectos asimétricos en los Estados miembros y estimular la inversión productiva, por ejemplo, mediante la aplicación de una regla de oro equilibrada.

 

        1.12.        La Comisión también debería valorar la posibilidad de prorrogar el Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal a finales de 2022. De este modo, los Estados miembros podrían aprovechar plenamente la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas estatales para respaldar la economía en el contexto de la pandemia de COVID-19, respetando al mismo tiempo las normas de competencia a fin de evitar distorsiones en el mercado único. No obstante, el CESE considera que este régimen es extraordinario y temporal, y que deberá ir seguido de un proceso de saneamiento presupuestario para mejorar la situación de las finanzas públicas de los Estados miembros.

 

        1.13.        El CESE toma nota de que la inversión no constituye un objetivo político de la Comisión para su mandato hasta 2024. A fin de garantizar que se hace un uso óptimo de este esfuerzo financiero histórico de la UE y salir de esta crisis singular, se necesitan urgentemente un programa económico europeo bien articulado y políticas de mejora de la legislación eficaces, así como acelerar el despliegue de vacunas y levantar las restricciones en las fronteras interiores de la UE. El CESE recomienda a la Comisión la incorporación de iniciativas basadas en la inversión en su programa de trabajo para 2022, incluido el esfuerzo de movilizar la inversión privada en favor del futuro desarrollo económico sostenible de la UE (⁶).

 

        1.14.        El CESE respalda la propuesta de la Comisión de revisar el cuadro de indicadores sociales para abarcar el pilar de manera más exhaustiva como herramienta de seguimiento principal utilizada en el Semestre Europeo. A tal fin, el Comité recomienda que se incorporen nuevos y mejores indicadores sociales, económicos y medioambientales mensurables y complementarios. Estas medidas contribuirán a un seguimiento más exhaustivo de los avances hacia los principios del pilar y a supervisar la aplicación de las actuaciones políticas.

 

        1.15.        El trabajo digno deberá ser la opción por defecto. El reto de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la debilidad de nuestro sistema social, ha exacerbado las desigualdades y la pobreza, y ha llevado a nuestros sistemas sanitarios y sociales al borde del colapso. El CESE recomienda que, a fin de lograr un futuro mejor para Europa, se ayude a hacer frente a la crisis actual y corregir los problemas sistémicos que han agravado los efectos de la pandemia, adoptando medidas decisivas para luchar contra la pobreza y promover el trabajo digno. Si se aprovecha adecuadamente la ocasión, las transiciones digital y ecológica ofrecen una oportunidad para crear más y mejor empleo, siempre que se cuente con la participación de los interlocutores sociales, se respete y se refuerce la negociación colectiva, y se tengan en cuenta las opiniones de los trabajadores (información, consulta y participación) en el proceso.

 

        1.16.        El CESE considera que es también el momento adecuado de extraer las enseñanzas de la pandemia y garantizar que se elaboren políticas que permitan prepararse para futuras perturbaciones comparables y que se aprovechen las nuevas oportunidades para impulsar la renovación de la industria. Esta crisis ha demostrado claramente la importancia de las industrias europeas, incluido un fuerte sector manufacturero, para fortalecer los fundamentos económicos de la Unión y reducir su excesiva y crítica dependencia de los proveedores externos. Por tanto, una estrategia industrial efectiva debe seguir siendo la base del programa de recuperación de la UE. También debe prestarse la debida atención a la protección de las inversiones y los activos estratégicos de la UE (frente a algunos terceros países), ya que se esperan fuertes cambios en las estructuras de propiedad tras la crisis de la COVID.

2.   El Pacto Verde Europeo

      2.1.            A pesar de las turbulencias vinculadas al desafío global que supone la COVID-19, deberán continuar y continuarán los esfuerzos dedicados a la consecución de un modelo económico más sostenible y socialmente inclusivo y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular, a la transición hacia un modelo de crecimiento ecológico. La transición hacia el Pacto Verde Europeo brinda una oportunidad real para el desarrollo de empresas basadas en el modelo de economía social. Las empresas innovadoras y dinámicas son fundamentales para crear soluciones eficaces e inteligentes al reto existencial que plantea el cambio climático.

 

      2.2.            Aunque la promoción del empleo y las competencias, unas transiciones fluidas y un diálogo social dinámico son también elementos importantes, el Pacto Social, como parte esencial de un nuevo Pacto Verde, no está vinculado solo al «trabajo», sino que tiene que ver con los ingresos, la seguridad social y el apoyo fiscal para aquellas personas que lo necesitan, en particular quienes no tienen ningún acceso al trabajo. Así pues, la inclusión de todos los agentes de la sociedad civil debe ser un objetivo compartido y una cuestión de interés común (es decir, debe tenerse en cuenta la inclusión de los grupos más vulnerables).

 

      2.3.            Por lo que respecta a la protección del clima, la UE solo puede liderar y convertirse en un modelo mundial si gestiona la transición ecológica y, al mismo tiempo, mantiene cadenas de valor, empleos y empresas competitivos. Las empresas deben recibir apoyo para su transformación no solo mediante instrumentos financieros sino también facilitando nuevos modelos de negocio sostenibles, ya que, de lo contrario, perderían su competitividad. Debe establecerse un equilibrio entre la libertad empresarial y una regulación más estricta para incentivar la innovación, minimizar la carga administrativa adicional y evitar posibles distorsiones del mercado.

 

      2.4.            La transición hacia una economía más sostenible y resiliente es más importante que nunca. Los recursos financieros necesarios deben reorientarse hacia inversiones sostenibles con un enfoque a largo plazo que tenga en cuenta los aspectos económicos, medioambientales, sociales y de gobernanza. Sobre la base del trabajo ya realizado y de la estrategia en materia de finanzas sostenibles renovada anunciada por la Comisión en el contexto del Pacto Verde Europeo y que se aprobará en el primer semestre de 2021, deberán proseguirse los esfuerzos para establecer y reforzar el marco de finanzas sostenibles de la UE de manera armonizada, con el apoyo de todos los agentes, incluidas las entidades financieras, las empresas, la ciudadanía y las autoridades. El CESE subraya la importancia de financiar también la «transformación sostenible» de nuestra economía. Un enfoque positivo que ofrezca incentivos permitirá a todos los sectores e industrias emprender su transformación y contribuir a la transición. También deberán tenerse en cuenta los diferentes puntos de partida y los retos que la transformación planteará a las empresas, los sectores y las regiones.

 

            2.5.      Para alcanzar los objetivos de producción y consumo del Pacto Verde, en 2022 la Comisión debe profundizar su valioso trabajo en torno a la transición hacia la economía circular a través de su Plan de Acción de 2020, en particular en lo que respecta a las acciones siguientes:

— diseñar productos sostenibles con vistas a la reindustrialización de Europa;

 

—        apoyar un entorno propicio para que las empresas adapten sus modelos de negocio y mejoren la previsibilidad de las inversiones;

 

—        capacitar a los consumidores y los compradores públicos, en especial mediante el refuerzo de la contratación circular;

 

—  aumentar la circularidad de las cadenas de productos clave;

 

— seguir desarrollando un mercado de la UE para materias primas secundarias;

 

—        continuar el seguimiento de la economía circular a través del Semestre Europeo y el marco de seguimiento, y reevaluar los indicadores sobre el uso de los recursos; y

 

—        mejorar la aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos por parte de los Estados miembros.

 

El CESE y la Comisión deben seguir avanzando por esta vía basándose en el éxito de su trabajo conjunto en la Plataforma europea de partes interesadas de la economía circular, a fin de recopilar buenas prácticas de las partes interesadas, lecciones aprendidas, e investigaciones y estrategias para una transición justa y equitativa.

En 2022, la Comisión deberá seguir desarrollando el Pacto Europeo por el Clima para garantizar que este se base en una participación y responsabilización genuinas por parte de los agentes climáticos locales y sea un instrumento para cumplir las ambiciones climáticas de la UE. El CESE también ha pedido que se cree una plataforma europea de partes interesadas del Pacto por el Clima basada en los principios de inclusividad, transparencia y participación y responsabilización genuinas por parte de los agentes climáticos en todos los niveles. La creación, en el marco del Pacto, de un foro de la UE para la financiación de la lucha contra el cambio climático estimularía procesos de auténtico aprendizaje mutuo, el acceso a la financiación y la eliminación de barreras.

      2.6.            Además, debe incluirse en este Pacto un mecanismo de participación de la juventud en materia de clima y sostenibilidad facilitado por las organizaciones juveniles, como las mesas redondas sobre clima y sostenibilidad de la juventud propuestas por el CESE.

 

      2.7.            La decisión de la Comisión de elevar el objetivo de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 al 55 % se ajusta en gran medida a los Dictámenes del Comité. Trabajar con el objetivo de cero emisiones netas a partir de los objetivos intermedios solo es posible a condición de que se garantice la integridad del sistema, incluido el cálculo exacto de las emisiones y la absorción de carbono. El CESE considera muy importante que la ciudadanía y los interlocutores sociales sepan cómo pueden lograrse los objetivos en materia de emisiones y qué significa esto para su trabajo y su vida en general. Esto es esencial para apoyar todas las medidas que deberán adoptarse. Por consiguiente, hay que emprender acciones para garantizar que los riesgos y oportunidades se compartan equitativamente en aras de la certidumbre y la estabilidad. La UE debe garantizar que su política y sus acuerdos comerciales sean coherentes con sus ambiciones climáticas; la Comisión deberá por tanto prestar especial atención a las posibles consecuencias para la ciudadanía de terceros países con bajos ingresos.

 

      2.8.            La Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad de la Comisión son la esencia del Pacto Verde Europeo. Convertir estas estrategias en medidas útiles y oportunas es ahora crucial. Es preciso garantizar una participación estructurada y amplia de la sociedad civil en la aplicación de estas estrategias, por ejemplo a través de un Consejo Europeo de Política Alimentaria, tal como solicitó el CESE.

 

      2.9.            En 2022, la Comisión debe iniciar los preparativos de su propuesta de marco legislativo para sistemas alimentarios sostenibles, cuya publicación está prevista para 2023. El marco legislativo debe garantizar un enfoque global e incluir objetivos claros, indicadores y un mecanismo de seguimiento sólido. El CESE ha recomendado elaborar un cuadro de indicadores de la alimentación sostenible en la UE, que permitiría abordar los retos que plantean los sistemas alimentarios mediante un enfoque plurianual, promoviendo así la armonización de las políticas en los distintos niveles de gobierno. Dicho cuadro proporcionaría indicadores y, por lo tanto, impulsaría y supervisaría los progresos realizados en el cumplimiento de los objetivos fijados.

 

        2.10.        La política agrícola común (PAC) y la política pesquera común (PPC) también deben contribuir de manera significativa al Pacto Verde Europeo —especialmente en lo que respecta a la Estrategia «De la Granja a la Mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad— marcando mayores ambiciones para la acción medioambiental y climática, esforzándose por lograr unos sistemas alimentarios más sostenibles y resilientes y asegurando que se tenga debidamente en cuenta la dimensión social. A escala mundial, es preciso garantizar la igualdad de condiciones para todas las industrias agroalimentarias y las industrias del marisco, de modo que la producción sostenible de la UE no se externalice ni se vea afectada negativamente por las importaciones de países que apliquen normas medioambientales, sociales, sanitarias y de calidad menos estrictas, en particular a la luz de las perturbaciones económicas y comerciales provocadas por la crisis de la COVID-19. Del mismo modo, la sostenibilidad social también debe desempeñar un papel clave en la PAC, y debe valorarse el establecimiento de un sistema de condicionalidad social para garantizar que los fondos europeos no se utilicen en caso de violaciones de los derechos humanos y laborales y que los trabajadores agrícolas disfruten de las normas más estrictas en materia de protección laboral y social.

 

        2.11.        El Comité apoya el objetivo cero en materia de contaminación de la UE para garantizar la salud de los ecosistemas y un entorno de vida saludable para la población europea. Con este fin, la Comisión adoptará en 2021 el plan de acción titulado «Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo: construir un planeta más saludable para personas más sanas». El CESE espera estudiar los instrumentos y el calendario propuestos para la aplicación de este plan de acción.

 

        2.12.        El CESE pide a la Comisión que, para garantizar el éxito de la transición, ponga en marcha medidas de apoyo concretas en forma de mercados piloto para el acero verde, apoyo financiero temporal para los procesos con bajas emisiones de carbono e inversiones en las infraestructuras de hidrógeno y de captura, almacenamiento y utilización de carbono, y que, en consecuencia, se replantee en términos globales las normas sobre ayudas estatales y competencia. También es necesario fomentar la transición del sector bancario y financiero para seguir centrándose en apoyar proyectos sostenibles e innovadores.

 

        2.13.        El CESE acoge con satisfacción que la nueva estrategia de transporte de la Comisión se centre en la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente y esté integrada en el Pacto Verde Europeo. Sin embargo, dado que el mercado único y las cuestiones sociales son factores clave para la transición hacia una movilidad más sostenible e inteligente, el CESE desearía verlos reforzados en las próximas medidas.

 

        2.14.        El CESE está de acuerdo en que se debe facilitar que todos los modos de transporte sean más sostenibles y promover un sistema de transporte multimodal que también lo sea, basado en la cooperación entre los distintos modos y en unas características medioambientales optimizadas y la sostenibilidad social de cada uno de ellos. Al mismo tiempo, es necesario adoptar un enfoque global sobre la manera de alcanzar este objetivo. Para tener éxito, la estrategia de movilidad europea debe ir de la mano de un incremento de la competitividad del sector del transporte en su conjunto y un fortalecimiento de la correspondiente base industrial de la UE. Si bien la pandemia sin precedentes de la COVID-19 ha puesto de relieve la importancia vital de un mercado único del transporte que funcione correctamente y de unas cadenas de suministro sostenibles, el CESE subraya asimismo que la crisis de la COVID-19 requiere una distinción clara entre la fase de recuperación del sector de la aviación a corto plazo —garantizando al mismo tiempo la necesaria contribución del sector a los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero— y la competitividad internacional y la igualdad de condiciones a medio y largo plazo.

 

        2.15.        La Comisión debe seguir desarrollando la Unión de la Energía mediante la realización del informe anual sobre el estado de la Unión de la Energía y el apoyo a los Estados miembros para que apliquen los planes nacionales de energía y clima. Debería prestarse más atención a la manera de situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética. El respaldo a la energía comunitaria y el empoderamiento de los consumidores, el compromiso local y el desarrollo regional, así como la evaluación de la adecuación de las estrategias de transición justa, deben ocupar un lugar destacado en la lista de prioridades políticas de la Comisión.

 

        2.16.        En 2021 la Comisión ha presentado un programa denso y ambicioso de iniciativas legislativas para descarbonizar el sector de la energía, en particular en el marco del paquete de medidas «objetivo 55». En 2022, la Comisión deberá seguir trabajando en la integración del sistema energético, aclarando cómo puede lograrse la seguridad del suministro utilizando fuentes de energía con bajas o nulas emisiones de carbono, también en lo que respecta al papel del sector público. En cuanto a la transición ecológica, es necesario aplicar un enfoque favorable a las empresas, que sirva de base al Pacto Verde y sus nuevos objetivos gracias a una estrategia industrial creíble que lo convierta en un verdadero motor de crecimiento, garantizando que el programa de finanzas sostenibles también permita la financiación de tecnologías, infraestructuras y actividades de transición, teniendo en cuenta la competitividad industrial.

 

        2.17.        Lograr la neutralidad climática no será una tarea fácil para Europa. La descarbonización de la industria supondrá una carga para las empresas intensivas en energía (sectores siderúrgico, cementero y químico) con costes de energía elevados, y, al mismo tiempo, exigirá un inmenso cambio estructural a los sectores de la industria, el transporte y la energía, con el riesgo de que ello suponga una desventaja económica en un mercado mundial competitivo. Para mantener la competitividad es necesaria una transición energética global que ofrezca seguridad de suministro a las empresas y los hogares, sin aumentar los precios, al mismo tiempo que aumenta tanto la conectividad de red como la capacidad de almacenamiento. El hidrógeno desempeñará un papel fundamental en ese proceso. Deberá darse prioridad al desarrollo de las aplicaciones pertinentes.

 

        2.18.        El CESE considera muy importante reducir la dependencia energética. Por consiguiente, deberán adoptarse medidas para reducir las importaciones de energía y eliminar las subvenciones a las fuentes de energía perjudiciales para el clima y el medio ambiente, y la Unión Europea deberá asumir un papel de liderazgo en materia de energías renovables, eficiencia energética y electromovilidad. Sin embargo, el consenso social debe ser una prioridad, especialmente cuando a algunas regiones de la UE que todavía dependen de la producción de carbón o del uso de otros combustibles fósiles les falta mucho para completar la transición hacia la sostenibilidad, y sus habitantes tienen menores ingresos que los de otros Estados miembros, y sus oportunidades económicas son menores. La falta de respuesta adecuada a los efectos negativos de la transición energética para la ciudadanía y las empresas, especialmente las pymes, y la incapacidad de proporcionar un apoyo adecuado a las personas más afectadas pueden generar una fuerte resistencia política y social y ralentizar el proceso general de aplicación completa de los planes nacionales de energía y clima.

 

        2.19.        El CESE subraya que la creación de una economía del hidrógeno limpio en Europa es tan solo un elemento de la estrategia que tiene por objeto vincular más eficazmente los diferentes sectores energéticos de la UE. Debido a su elevado coste de producción y transporte, el hidrógeno limpio solo debería utilizarse cuando no quepa recurrir a otras opciones de descarbonización existentes, por ejemplo, en los «sectores de difícil reducción» o en aplicaciones muy específicas propias de los sectores del transporte y la construcción. El CESE subraya que, para permitir que el hidrógeno limpio pueda prosperar, los fondos europeos no deberían subvencionar las energías fósiles y pide a la Comisión que aplique el principio de «no ocasionar daños» («do no harm») a toda la financiación pública otorgada a través del MFP, InvestEU, el Fondo de Recuperación de la UE y las ayudas estatales.

 

        2.20.        A juicio del CESE, habida cuenta de la naturaleza específica de la estrategia para una oleada de renovación y de que estará vigente hasta 2050, esta deberá inscribirse dentro de un marco jurídico y financiero claro, estable y adaptado. La Comisión debe establecer incentivos para el desarrollo, a nivel local, de sectores para la industrialización de los procesos de renovación térmica y su masificación.

 

        2.21.        El CESE recuerda que los Balcanes Occidentales son muy sensibles a los efectos del cambio climático, que causa daños para la salud general y la economía; es necesario actuar de manera urgente para mejorar la calidad de vida de su ciudadanía, especialmente niños y jóvenes, mediante una transición justa a un modelo más ecológico, teniendo presente el principio de no dejar a nadie atrás. El CESE apoya la Agenda Verde para los Balcanes Occidentales y pide que se adapten las futuras medidas en favor de unos Balcanes Occidentales más verdes a los retos y las necesidades específicos de la región, incluido un marco normativo adecuado, actividades transfronterizas, soluciones tecnológicas innovadoras, producción y consumo local de energía, eficiencia energética, transporte urbano sostenible, redes ferroviarias y viarias, compromiso público y privado, despliegue de TIC e internet rápido, medidas agroalimentarias, etc.

 

        2.22.        El CESE apoya sin reservas la colaboración de la Comisión Europea con los Estados miembros de la UE al objeto de promover competencias, conocimientos y perspectivas clave para facilitar el aprendizaje permanente. El empleo de calidad y las condiciones de trabajo deberán ocupar el centro de la estrategia de la UE, dando mayor importancia a los conocimientos técnicos y su aplicación continua a través de un sistema de educación, de la formación y del derecho al aprendizaje permanente —que deberá materializarse garantizando oportunidades de acceso—, y ejemplos concretos de posibles cuentas de aprendizaje individual. Esto equipará a las personas para hacer frente a los cambios necesarios en el contexto de las transiciones digital y ecológica, a fin de garantizar que nadie se quede atrás. El CESE pide a la Comisión que inicie el diálogo social sobre las cuentas de aprendizaje individual y que desarrolle una estrategia de competencias y capacidades ecológicas a escala de la UE en consonancia con el Pacto Verde Europeo.

3.   Una Europa adaptada a la era digital

      3.1.            La crisis del coronavirus está demostrando que la revolución digital es un aspecto importante del refuerzo de la resiliencia de nuestras sociedades ante las crisis. Se considera primordial invertir en la digitalización de los servicios esenciales y potenciar la capacidad de gobiernos, legisladores e instituciones públicas para prestar servicios en época de crisis. Al mismo tiempo, se ha de tener en cuenta que las tecnologías digitales constituyen una herramienta y no un fin en sí mismo. Es necesario un marco europeo eficiente que garantice la plena accesibilidad de la ciudadanía de la UE y la igualdad de oportunidades para todos y orientarlo hacia normas de elevada sostenibilidad, con inclusión de sólidas salvaguardas democráticas y tecnológicas, acompañadas de medidas de apoyo en materia de costes y conocimiento que no dejen a nadie atrás.

 

      3.2.            El CESE señala que situar a la Unión Europea en la vanguardia digital requiere que la UE asigne una financiación considerable a la investigación y la innovación y que facilite la cooperación entre las empresas, el mundo de la investigación, el sector público y otras partes interesadas.

 

      3.3.            La pandemia ha acelerado la transición digital y ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar retos como el equilibrio entre la vida laboral y la vida privada, y la salud y la seguridad de los trabajadores. El diálogo social en los niveles europeo, nacional y sectorial es una herramienta útil para examinar si y hasta qué punto la salud y la vida privada de los trabajadores requieren una protección adicional en una época de comunicaciones digitales móviles omnipresentes, y qué medidas son adecuadas a este respecto, incluida una evaluación a escala de la UE del denominado «derecho a la desconexión».

 

      3.4.            La Comisión debería colaborar con los Estados miembros para eliminar las diferencias entre trabajadores convencionales y trabajadores no convencionales o en formas atípicas de empleo, diferenciando claramente entre los trabajadores autónomos reales y los falsos. Todos los trabajadores, considerados como tales tanto por la legislación nacional como por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, deben estar igualmente protegidos, independientemente de que trabajen o no para una plataforma digital, y debe reconocerse su derecho de negociación colectiva y representación, así como la salvaguardia de sus condiciones de trabajo y su salud, respetando al mismo tiempo los diferentes sistemas de relaciones laborales.

 

      3.5.            La transición digital debe contribuir al aumento de la productividad y también a mejorar la educación y promover la participación política, social y cultural de todas las personas que viven en la UE. El CESE pide que se preste especial atención a las personas mayores, las personas con discapacidad, las personas en riesgo de exclusión social y otros grupos vulnerables a fin de evitar la brecha digital. Por lo tanto, uno de los objetivos de la transición digital debe ser el de garantizar un acceso universal a la internet de banda ancha como servicio público y gratuito para todos los residentes en la UE, sobre todo teniendo en cuenta que actualmente la cobertura es muy desigual y que esto es especialmente perjudicial para las zonas rurales (pymes y ciudadanía).

 

      3.6.            Las personas, con sus conocimientos, capacidades y competencias, desempeñan un papel crucial en la carrera mundial. La situación demográfica está obstaculizando la disponibilidad de mano de obra y, además, existe un déficit cualitativo de competencias cada vez mayor. El CESE pide desarrollar urgentemente la educación y la formación para satisfacer las demandas de la era de la inteligencia artificial (IA), en particular garantizando una base sólida en capacidades básicas y competencias CTIM. El perfeccionamiento y el reciclaje profesionales y la formación permanente, acompañados de adaptabilidad y resiliencia, son necesarios para garantizar que todo el mundo pueda responder a los cambios en el mercado de trabajo y la vida cotidiana.

 

      3.7.            Teniendo en cuenta el rápido progreso tecnológico fuera de sus fronteras, la Unión Europea debe redoblar sus esfuerzos para mejorar su propia competitividad. Esto se aplica a una amplia gama de tecnologías, muchas de las cuales responden a necesidades de la sociedad, por ejemplo en el ámbito de los alimentos, el agua, la energía, la movilidad y la vivienda. El desarrollo y la adopción de la IA y otras tecnologías digitales es el ejemplo más pertinente en este caso, ya que dichas tecnologías tienen un impacto transformador en toda la economía y en el conjunto de la sociedad.

 

      3.8.            Es importante preservar el modelo europeo de derechos, normas y políticas de consumo. Esto es lo que hace que la UE sea única. Por ejemplo, en el ámbito de la digitalización, el código ético de la UE en materia de IA separa la visión de la Unión basada en el concepto de «control humano» de la de otras regiones. A juicio del CESE, este enfoque, basado en los derechos y las libertades fundamentales (por ejemplo, debe garantizarse que, entre otras cosas, el género y la raza no influyan en las decisiones que tome la IA), forma parte del modelo de la UE y debe preservarse a pesar del clima sumamente competitivo que está emergiendo en estos momentos.

 

      3.9.            El CESE pide a la Comisión que mantenga la competitividad y los intereses de los trabajadores en el núcleo de la transición digital, prestando especial atención a las relaciones laborales y al futuro de los empleos industriales, y que fomente una transición justa y un enfoque centrado en las personas ante estos cambios. Una estrategia industrial ambiciosa es esencial para garantizar el éxito de la doble transición ecológica y digital. La transformación digital de nuestras economías y sociedades debe apoyarse en un entorno de inversión que incentive y en la creación de condiciones fiables para el despliegue y el uso seguros de las nuevas tecnologías.

 

        3.10.        El CESE señala que la política social debe fomentar la inversión relacionada con las capacidades, apoyar en mayor medida las reformas del mercado laboral y de la seguridad social a escala nacional y garantizar que el pilar europeo de derechos sociales promueva el crecimiento económico y facilite la creación de empleo.

 

        3.11.        Para el Comité, el marco regulador europeo debe garantizar la eliminación de los obstáculos a las transacciones en línea, garantizando al mismo tiempo la protección de la intimidad y los datos personales y reforzando la ciberseguridad. Además, la lucha contra la fragmentación del mercado único digital debe seguir siendo una de las prioridades, prestando especial atención a las pymes y las microempresas.

 

        3.12.        En opinión del Comité, la aplicación y el seguimiento de un marco reglamentario para la IA deberían constituir una prioridad. La sociedad civil deberá participar en este proceso y llamar la atención de los responsables políticos sobre las nuevas cuestiones que puedan surgir en este contexto, entre otras, la limitación de los posibles cambios tecnológicos, los riesgos de exclusión y la dependencia de la UE de los gigantes digitales. El mercado único digital no debe dejar a nadie atrás. Esto significa, por una parte, mejorar la accesibilidad, la comprensión y el uso de las herramientas digitales y, por otra, mejorar las competencias y la formación en tecnologías digitales.

 

        3.13.        El CESE acoge favorablemente la Nueva Agenda Transatlántica y sus esfuerzos por consolidar la asociación transatlántica. El contexto sin precedentes de la COVID-19 ha demostrado claramente que la economía digital está transformando nuestras sociedades y economías, y que en la cooperación renovada UE-EE. UU. deberá otorgarse a la tecnología una alta prioridad. Por consiguiente, el CESE apoya la creación del Consejo de Comercio y Tecnología y pide una fuerte participación de la sociedad civil en los futuros esfuerzos por crear un marco transatlántico estructurado sobre principios políticos y reglamentarios, que siente las bases de un futuro acuerdo UE-EE. UU. sobre comercio digital.

 

        3.14.        La digitalización seguirá planteando retos y oportunidades para el sistema financiero europeo. En 2021, el Comité apoyó la Estrategia de Finanzas Digitales de la Comisión y las propuestas legislativas derivadas de ella. El CESE insta a la Comisión a que prosiga estos esfuerzos en 2022 para abordar adecuadamente los retos y aprovechar las oportunidades que ofrece la financiación digital en beneficio de todas las partes interesadas. Esto respaldaría la transformación digital de la economía europea al contribuir a unos mercados financieros competitivos y favorables a la innovación.

 

        3.15.        A la vez que se congratula de que la digitalización y la automatización puedan contribuir sustancialmente a un transporte más sostenible («verde»), el CESE pide a la Comisión que garantice una transición justa hacia la automatización y la digitalización que «no deje a nadie atrás». La Comisión debe velar por que la doble transición ecológica y digital del sector se lleve a cabo sin problemas y de forma equilibrada desde el punto de vista económico, social y medioambiental.

4.   Una economía al servicio de las personas

      4.1.            La pandemia de COVID-19 está devastando la economía europea y causando estragos en la sociedad, con el consiguiente aumento del desempleo y la desigualdad. Una base económica sólida y la creación de valor son esenciales para generar un desarrollo sostenible y mantener el ambicioso modelo social europeo. Las políticas sociales deben ir acompañadas de políticas capaces de impulsar el desarrollo económico, reconociendo así tener por objetivo compartido el bien común. La creación de empleo, el desarrollo de capacidades y unos mercados laborales inclusivos son la mejor receta no solo para prevenir la desigualdad y la exclusión, sino para reforzar la estabilidad social. Por lo tanto, el progreso económico y el social están profundamente interrelacionados. Los resultados económicos y la prosperidad son fundamentales. A fin de lograr una rápida recuperación, es necesario movilizar todos los instrumentos pertinentes (fiscales, monetarios, estructurales, favorables a la inversión, reglamentarios y financieros). El proceso de recuperación debe respetar las necesidades de la sociedad y ser equitativo y equilibrado desde el punto de vista regional.

 

      4.2.            Más allá de las cuestiones económicas y medioambientales, es la agenda social la que debe impulsar el programa de trabajo de la UE en 2022. Esto significa que el compromiso de la Comisión con una Europa social y sostenible debe ser una prioridad, teniendo en cuenta al mismo tiempo posibles nuevos indicadores de progreso económico que vayan más allá del PIB, como la calidad de vida, la sostenibilidad medioambiental, la cohesión social, la salud y el bienestar general de las generaciones actuales y futuras. A este respecto, las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar un importante papel. Existe la posibilidad de promover la innovación social como modelo de recuperación a través de la cocreación, el codiseño y la coproducción. En un panorama social complejo con inmensos desafíos para la sociedad, la única vía para lograr una recuperación satisfactoria consiste en movilizar todos los recursos de la sociedad, actuando con un enfoque intersectorial y multidisciplinario en la búsqueda de soluciones conjuntas para retos comunes. La sociedad civil organizada es un catalizador de la innovación social.

 

      4.3.            El CESE acoge con satisfacción el Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales y considera que en 2022 deberán adoptarse medidas concretas en relación con el desarrollo sostenible y la cohesión social para que la ciudadanía europea pueda acceder a servicios esenciales de buena calidad. El CESE insta a la Comisión a que considere diferentes opciones en relación con la cuestión de una renta mínima en Europa para abordar mejor la situación de la ciudadanía europea, en particular cuando se enfrentan a las terribles perspectivas económicas de la pandemia y sus consecuencias.

 

      4.4.            En el proceso de recuperación, la Comisión Europea deberá centrarse en la recuperación del empleo y la lucha contra la desigualdad y la pobreza, prestando especial atención y apoyo, mediante políticas activas e inclusivas, a colectivos vulnerables, como los trabajadores atípicos, los niños y niñas en situación de pobreza, las personas con discapacidad, los habitantes de zonas marginadas y las personas de origen migrante o pertenecientes a minorías étnicas. La pobreza en general y la pobreza de los ocupados siguen siendo un problema importante en muchos Estados miembros. Por lo tanto, velar por que se pague un salario adecuado por el trabajo es esencial para garantizar unas condiciones de vida y de trabajo adecuadas. Se requiere un enfoque global a escala de la UE y de los Estados miembros para abordar estas preocupaciones, incluido el apoyo a regímenes eficaces de inclusión activa, acompañados de servicios sociales esenciales y capacitadores.

 

      4.5.            La pandemia ha exacerbado el trabajo doméstico y asistencial no remunerado realizado por mujeres y la violencia doméstica contra ellas. La Comisión Europea debe proponer un «pacto asistencial para Europa» que permita liberar a las mujeres de estas tareas no remuneradas y proponer medidas ambiciosas para luchar contra este tipo de violencia.

 

      4.6.            El CESE aspira a reforzar el papel de las organizaciones de la sociedad civil en sus países socios, en particular, el de los interlocutores sociales, en todos los ámbitos, pero de manera especial en los ámbitos económico y social. La estabilidad es indispensable para superar la crisis y la estabilidad no es posible sin la participación de los interlocutores sociales en el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la economía y la participación activa de las asociaciones empresariales en el proceso legislativo, las reformas y su aplicación. La colaboración entre los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil es un catalizador para el éxito, la sostenibilidad y la inclusividad de las políticas económicas, de empleo y de inclusión social. La Comisión debe reconocer este papel esencial mejorando por igual el diálogo social y el civil.

 

      4.7.            El emprendimiento en todas sus modalidades y sectores (en particular, el turismo, la industria, la economía de plataformas, la economía social y las profesiones liberales) es fundamental para el crecimiento económico, la innovación, el empleo y la inclusión social. Por lo tanto, es importante determinar las dificultades a las que se enfrentan las pymes (especialmente las empresas muy pequeñas, a menudo de carácter familiar) a la hora de acceder al mercado único, para ofrecerles respuestas eficaces y mejor orientadas. El emprendimiento social merece especial atención, dado el papel que puede desempeñar para superar la crisis y garantizar una recuperación económica justa y sostenible.

 

      4.8.            Europa está inmersa en una transición hacia la neutralidad climática y la digitalización. Esta doble transición ecológica y digital implica el uso de nuevas tecnologías, así como inversión e innovación, por lo que dará lugar a nuevos tipos de empleos y nuevas cualificaciones. La política industrial debe, por lo tanto, adquirir una fuerte dimensión social, puesto que el empleo de calidad, la protección social y unos servicios públicos eficientes crean un entorno propicio para el crecimiento de la actividad industrial.

 

      4.9.            Una política de consumo moderna ha de velar por que los consumidores disfruten de los derechos y la protección que necesitan. Gracias al mercado único, es mucho más sencillo para los consumidores y las empresas de la UE comprar y vender bienes y servicios a escala transfronteriza, tanto en línea como fuera de línea. Esto requiere confianza en el mercado, una legislación específica y una aplicación efectiva. La información y la formación de los consumidores también deben ayudarles a convertirse en verdaderos protagonistas de las transiciones ecológica y digital, así como a tomar decisiones de forma más responsable y con conocimiento de causa.

 

        4.10.        Resulta esencial seguir de cerca las nuevas formas de consumo y producción, teniendo en cuenta la necesidad de integrar en las políticas las preocupaciones medioambientales y la protección de consumidores y trabajadores, así como los aspectos relacionados con el crecimiento y el empleo. La economía circular está ayudando a avanzar hacia unos patrones de producción y consumo más sostenibles.

 

        4.11.        Las empresas constituyen la columna vertebral de una Europa viable. La economía europea tiene que ser más innovadora y resiliente, y seguirá necesitando de nuevas mejoras en el entorno empresarial. Legislar correctamente es una forma rentable de apoyar la recuperación. Se ha de garantizar que cualquier nueva medida política se adopte en consonancia con los principios de mejora de la legislación y control de la competitividad, y con el pilar europeo de derechos sociales y la sostenibilidad medioambiental. Es necesario contar con un entorno empresarial favorable desde el punto de vista de la regulación, la fiscalidad y la asignación de financiación pública, teniendo presente que la inversión en innovación sienta las bases del éxito europeo. Una política industrial moderna requiere un enfoque global que permita reforzar la competitividad de las empresas de la UE en todos los ámbitos de actuación. La inversión en infraestructuras con garantía de futuro es necesaria para el funcionamiento del mercado único. Acabar con la doble imposición, así como digitalizar y simplificar los regímenes fiscales, especialmente en el ámbito del IVA, también contribuiría a la inversión y el comercio.

 

        4.12.        El Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia confirma la importancia de una verdadera participación de la sociedad civil en el desarrollo de los planes nacionales de recuperación y resiliencia, en el marco del Semestre Europeo. El CESE aboga por el establecimiento de una condicionalidad vinculante para una consulta de la sociedad civil, ya que la participación varía según los países y las regiones; esta condicionalidad también debería aplicarse en el caso de otros instrumentos del marco financiero plurianual, sobre la base de normas mínimas establecidas a escala de la UE.

 

        4.13.        El CESE insta a que se reanude lo antes posible el proceso de revisión del marco de gobernanza económica de la UE a fin de evitar el efecto acantilado en la economía, prevenir el retorno a las medidas de austeridad y aumentar los beneficios a largo plazo del plan de recuperación de la UE. En lugar de una «vuelta a la normalidad», pide un «giro» hacia un marco de gobernanza económica revisado, reequilibrado y orientado a la prosperidad, que otorgue la misma importancia a una serie de objetivos políticos clave, como un crecimiento sostenible e integrador, el pleno empleo y el trabajo digno, una economía social de mercado competitiva y unas finanzas públicas estables. Este marco también debe evitar efectos asimétricos en los Estados miembros y estimular la inversión productiva, por ejemplo, mediante la aplicación de una regla de oro equilibrada. En cualquier caso, la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento debe permanecer activada hasta que el desempleo disminuya significativamente y el crecimiento emprenda una firme trayectoria ascendente, con la posterior entrada en vigor de normas presupuestarias actualizadas.

 

        4.14.        El Comité pide que se intensifiquen los esfuerzos encaminados a realizar la unión bancaria, un proyecto que se ha demorado demasiado. Los bancos europeos seguirán desempeñando un papel fundamental en la recuperación económica de la crisis de la COVID-19, apoyando la economía y el empleo. Una unión bancaria completa contribuiría, asimismo, a la inclusión social y a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual se considera esencial para garantizar la futura competitividad de Europa. El Comité hace hincapié en la necesidad de que exista una proporcionalidad aún mayor en las normas bancarias, sin que ello conlleve sacrificar la eficacia del marco prudencial. El CESE considera fundamental que se tenga en cuenta el heterogéneo contexto del sector bancario europeo a la hora de revisar las normas prudenciales de los bancos.

 

        4.15.        La unión de los mercados de capitales (UMC) también debe seguir ocupando un lugar destacado en el orden del día. El Comité apoyó las iniciativas esbozadas en el plan de acción sobre la unión de los mercados de capitales de 2020. El Comité pide a los Estados miembros que apoyen realmente la consecución de los objetivos de la UMC y hace hincapié en que se ha de prestar especial atención a las iniciativas estratégicas para la financiación de la economía europea y las transiciones climática y digital. El Comité considera que deben promoverse las mejores prácticas nacionales a fin de mejorar la cultura financiera de la ciudadanía europea, requisito previo para hacer mejor uso del alto nivel de ahorro en Europa. Por otra parte, el CESE subraya que deben promoverse en mayor medida las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), por lo que destaca la necesidad de que los inversores puedan acceder a datos fiables en la materia.

 

        4.16.        El CESE cree firmemente que, en el contexto de la digitalización de la economía, todo cambio en las normas de reparto entre países de los derechos de fiscalidad sobre los beneficios entre países debe coordinarse a escala mundial y, por tanto, acoge con satisfacción la estrecha cooperación existente entre la Comisión, los Estados miembros y la OCDE-G20 para apoyar el desarrollo de una solución internacional. Si no se logra alcanzar una solución a escala internacional, la UE deberá actuar por su cuenta. La lucha contra el fraude fiscal y la evasión de impuestos, así como contra el blanqueo de capitales y la planificación presupuestaria agresiva, debe seguir siendo un objetivo prioritario.

 

        4.17.        La política de cohesión desempeñará un papel clave para garantizar una recuperación equilibrada y efectiva, fomentar la convergencia, combatir la desigualdad y asegurarse de que nadie se quede atrás. Es importante que los distintos recursos de los fondos de cohesión del período de programación 2021-2027 se utilicen de manera eficaz y oportuna, de modo que se logre una recuperación real. La recuperación de la crisis y el objetivo de una mayor resiliencia y sostenibilidad pasan por dar prioridad a una distribución equitativa y justa. La cohesión territorial también aspirará a un desarrollo más equilibrado y sostenible, de acuerdo con el territorio en el que se reside. La política de cohesión de la UE en 2021-2027 debe seguir centrándose en la competitividad económica mediante la investigación y la innovación, y la transición digital, así como en la agenda del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

 

        4.18.        En el sector del transporte, la conservación de empleos de calidad y unas condiciones de trabajo adecuadas constituyen requisitos clave para retener a una mano de obra cualificada, sin la cual no puede garantizarse una competitividad sostenible. Es necesario mantener puestos de trabajo de calidad y condiciones de trabajo adecuadas, así como seguir contratando y formando a una mano de obra cualificada. El Comité acoge favorablemente las iniciativas en curso de la Comisión en materia de «mujeres y transporte» y pide que se realice un esfuerzo aún mayor para lograr la igualdad de género en el sector.

 

        4.19.        El CESE invita a la Comisión a que establezca, en el marco de la estrategia para una «oleada de renovación», un nuevo «Erasmus para la renovación térmica 2050», con el fin de que la juventud europea se sienta atraída por los nuevos puestos de trabajo en el sector de la construcción.

 

        4.20.        El cuadro de indicadores sociales debe supervisar periódicamente los avances en la aplicación del pilar europeo de derechos sociales tanto en el Informe conjunto sobre el empleo como en los informes nacionales. Asimismo, debe funcionar de forma integrada con el indicador de resultados en materia de empleo (IRE) y el indicador de rendimiento de la protección social (IRPS) ya existentes y desarrollados por los Estados miembros. Los catorce indicadores y subindicadores del cuadro (treinta y cinco en total) deben someterse a una revisión continua, con la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, para adaptarlos a los objetivos políticos y a las situaciones socioeconómicas cambiantes en Europa.

 

        4.21.        Un nuevo Semestre Europeo debe lograr objetivos sociales en el marco del seguimiento de los desequilibrios sociales a fin de reequilibrar el predominio de las exigencias presupuestarias y macroeconómicas. El cuadro de indicadores sociales tiene que supervisar y tener como objetivo todos los derechos y principios del pilar, e incluir indicadores mensurables nuevos y mejorados. Estos indicadores pueden incluir, además de estadísticas, un acceso real a servicios sociales basados en la calidad, derechos sociales protegidos jurídicamente, la integración social y laboral de las personas migrantes, el alcance de la negociación colectiva, la participación de los agentes sociales en el proceso del Semestre y el acceso tanto al aprendizaje profesional como a una enseñanza superior de calidad. La Comisión debe supervisar la aplicación de los planes nacionales de reforma en estrecha cooperación con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil pertinentes, con miras a promover la formulación de recomendaciones sociales específicas por país. El número y la estructura de las recomendaciones deben ser adecuados y los avances realizados en las prioridades indicadas en la hoja de ruta deben ser objeto de seguimiento.

 

        4.22.        Debe reforzarse la participación de los interlocutores sociales de acuerdo con lo dispuesto en el TFUE, de modo que puedan ser consultados sobre la elaboración y la aplicación de las políticas económicas, sociales y de empleo, con arreglo a las prácticas nacionales. La participación oportuna y significativa de los interlocutores sociales es esencial si se quiere reforzar su adhesión a las políticas, lo que contribuirá a la aplicación correcta de las mismas, conciliando los intereses de los trabajadores y los empresarios. La colaboración entre los interlocutores sociales puede ser un catalizador para el éxito, la sostenibilidad y la inclusividad de las políticas económicas, de empleo y de inclusión social. La consulta de los interlocutores sociales debe reforzarse mejorando la aplicación del marco de la UE en materia de información, consulta y participación, especialmente en los procesos de reestructuración (⁷).

5.   Una Europa más fuerte en el mundo

      5.1.            El CESE considera que, con arreglo a las condiciones previas del Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la cohesión social, la convergencia económica al alza y el fomento de la competitividad y la innovación deben servir de base para que la economía de la zona del euro cobre impulso y contribuya a una mayor relevancia internacional del euro en los años venideros. Esto requiere, entre otras cosas, la realización de la unión económica y monetaria y de la unión bancaria, así como la adopción de medidas adicionales para reforzar el sector financiero europeo, incluida una infraestructura más robusta para el mercado financiero europeo y unos índices de referencia sólidos para los tipos de interés. El fomento de un mayor uso del euro en sectores estratégicos también se considera fundamental para contribuir a que adquiera una mayor relevancia internacional. Con este fin, insta a los Estados miembros a que adopten un enfoque más unificado en materia de diplomacia internacional y una postura más proactiva que busque promover los intereses de la UE en esos sectores, lo que permitiría potenciar las oportunidades comerciales.

 

      5.2.            En lo que respecta a la política de ampliación, el CESE espera que los próximos informes nacionales sigan una estructura clara para supervisar el modo en que los gobiernos de los Balcanes Occidentales tratan a la sociedad civil. El CESE cree firmemente que la UE también debe invertir en el desarrollo de estructuras horizontales de la sociedad civil, proporcionando a los interlocutores sociales y otras organizaciones de la sociedad civil de los Balcanes Occidentales recursos especializados, apoyo técnico y oportunidades de creación de redes regionales e internacionales, en particular con el fin de garantizar que desempeñen un papel más activo en el proceso de ampliación. Para mantener un control de la transparencia y la rendición de cuentas de las élites políticas de los Balcanes Occidentales, la UE debe encargar informes alternativos periódicos sobre el estado de la democracia a las organizaciones de la sociedad civil de la región.

 

      5.3.            Al objeto de reconstruir la confianza en la ampliación y reforzar las vías de comunicación de la Unión con sus aliados naturales en la región, el CESE está convencido de que la UE debe permitir que los líderes políticos y la ciudadanía de los Balcanes Occidentales se sumen, a título consultivo, a las actividades y debates mantenidos en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CFE). Las instituciones de la Unión pueden servirse de los recursos de la sociedad civil local y recabar la ayuda de las delegaciones de la UE en la región para movilizar a la ciudadanía de los socios de los Balcanes Occidentales, brindándoles la oportunidad de unirse a las plataformas en las que la ciudadanía de la Unión intercambiará puntos de vista durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

 

      5.4.            En lo que se refiere a la Asociación Oriental, el Comité considera que la UE es, ante todo, una unión de valores y, por consiguiente, las relaciones con sus vecinos deben basarse también en esos mismos valores e ir acompañados de ciertas condiciones. El Comité también se compromete a seguir participando activamente en la creación de sociedades más fuertes y democráticas en los países vecinos para que las organizaciones de la sociedad civil puedan actuar en libertad.

 

      5.5.            En el contexto del deterioro de las relaciones entre la UE y Rusia, el CESE pide a la Comisión que siga apoyando las relaciones con la sociedad civil rusa.

 

      5.6.            A fin de reforzar los medios necesarios para que la sociedad civil desempeñe su papel en la escena internacional, el CESE hace un llamamiento a la Comisión para que siga reflexionando sobre cómo potenciar el papel de los grupos consultivos internos (GCI). Resulta esencial garantizar medios y recursos adecuados para ayudar a los GCI a ejercer sus funciones de supervisión y asesoramiento, especialmente a la luz de la nueva generación de GCI, cuyo ámbito de actuación será mucho más amplio. El CESE asumirá la parte que le corresponde en este proceso. Espera que en el programa de trabajo de la Comisión para 2022 se vea reflejada la necesidad de que la DG Comercio ponga en práctica algunas de las recomendaciones derivadas de los intensos y constructivos debates entablados con el CESE y los GCI en 2021. La OMC ha reforzado recientemente su compromiso con la sociedad civil más allá de los foros públicos anuales y estos esfuerzos contribuyen de manera significativa a una mayor eficacia y democracia en el sistema multilateral de comercio. No obstante, todavía hay mucho margen de mejora. El CESE aguarda expectante la evolución de la situación tras el compromiso contraído por la Comisión para potenciar la voz de la sociedad civil a nivel multilateral, en particular la medida n.^o 6 del reciente plan de acción del Grupo de Ottawa, que consta de seis medidas.

 

      5.7.            La UE es un actor clave en el comercio internacional y debe comportarse como tal a la hora de negociar acuerdos comerciales con socios internacionales, manteniendo de este modo su papel de liderazgo en el establecimiento de una agenda económica y promoviendo sus principios fundamentales, sus normas y sus valores sociales y laborales (Estado de Derecho, derechos fundamentales y principios democráticos). La conclusión de las negociaciones en curso, la ratificación y aplicación de los acuerdos finales y la apertura de nuevas negociaciones son medidas necesarias para aprovechar las oportunidades globales. La UE también debe contribuir a reforzar el multilateralismo y apoyar el papel y la modernización de la OMC.

 

      5.8.            El CESE considera que la UE debe desarrollar de manera autónoma una infraestructura europea de datos y nuevas tecnologías digitales. En medio de la rivalidad entre China y los Estados Unidos, la UE debe valerse por sí misma e invertir en la tecnología de próxima generación. La UE tiene que desarrollar su propia visión y estrategia en materia de soberanía digital, manteniéndose abierta al libre comercio y apoyando el sistema multilateral. Desde un punto de vista estratégico, debe centrarse en dotarse de la infraestructura, la ciberseguridad, la computación en nube, la tecnología facilitadora esencial y los datos necesarios, y en que sus socios mundiales se dejen convencer por la calidad de sus normas y productos. Asimismo, la Comisión debe mantener entre sus prioridades la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria, una cadena agroalimentaria sólida y la sostenibilidad del sistema agroalimentario de la UE.

 

            5.9.      El CESE propone que los acuerdos comerciales, económicos y de inversión de la UE:

—        incorporen normas sociales, laborales y de desarrollo sostenible a las reglas de la OMC y de otras agencias relacionadas de las Naciones Unidas y contribuyan de manera sustancial a la construcción de un nuevo orden económico y comercial equitativo y a una globalización justa e inteligente;

 

—        incluyan un capítulo con cláusulas contra los delitos fiscales, el blanqueo de capitales y la planificación fiscal agresiva y de cooperación entre las administraciones tributarias;

 

—        prevean un mecanismo de derechos humanos y diligencia debida para garantizar el respeto de las normas laborales y la aplicación de sanciones contra los abusos en materia de derechos laborales (⁸). Este mecanismo debe basarse en normas acordadas que se apliquen mediante sanciones proporcionadas, efectivas y disuasorias, e introducirse mediante una legislación vinculante que contenga definiciones claras de los derechos y requisitos de información proporcionados;

 

—        incorporen la participación plena y real de las organizaciones de la sociedad civil y los interlocutores sociales al proceso de negociación y a las próximas fases del seguimiento y la evaluación de impacto de los efectos de los acuerdos (grupos consultivos internos).

 

 

        5.10.        El Comité insta a la UE a que colabore activamente con los Estados Unidos para alcanzar los objetivos climáticos del Acuerdo de París, dado que este país ha vuelto a asumir una actitud proactiva en lucha contra el cambio climático. El mantenimiento de un vínculo sólido con los Estados Unidos —no solo en el ámbito del clima— reviste especial importancia para la UE, especialmente ahora que las relaciones con China son cada vez más problemáticas debido a sus actuaciones políticas internas y externas.

 

        5.11.        El CESE reconoce la presión a la que está sometida la Asociación Estratégica UE-China debido al deterioro de la situación en Hong Kong, el espacio cada vez más reducido de la sociedad civil y la situación de los derechos humanos en China, sobre todo en lo que se refiere a la población uigur. Por consiguiente, el Comité pide a la Comisión que haga uso de todas las opciones diplomáticas y políticas posibles para mejorar la situación de la ciudadanía de Hong Kong y de las minorías en China. En este contexto, el CESE pide que la Comisión presente cuanto antes una propuesta para establecer una estrategia única de la UE (en total consonancia con las políticas europeas en materia de transporte, competencia, inversión, derechos humanos y laborales, seguridad, etc.), para responder con una iniciativa diferente en los Estados miembros de la UE vinculados a la iniciativa de la Franja y la Ruta.

 

        5.12.        El CESE subraya la necesidad de «intensificar la acción internacional para la resiliencia frente al cambio climático», conforme a lo propuesto por la Comisión. Para ello, hay que tener presente que fuera de la UE, los países menos desarrollados y los pequeños Estados insulares en desarrollo son los más afectados por el impacto del cambio climático. Por este motivo, el CESE insiste en que la UE colabore, en el marco de la Estrategia de Asociación UE-África, con los países africanos más amenazados porque según las estimaciones del Banco Mundial, de las que se hace eco acertadamente la Comisión, solo en el África subsahariana, el cambio climático podría provocar la migración de hasta 70 millones de personas de aquí a 2050.

 

        5.13.        La cuenca mediterránea deberá volver a ser el centro neurálgico de Europa, como lo ha sido desde hace siglos: una zona dedicada al intercambio de personas, bienes y culturas. El CESE aboga por recuperar el papel estratégico del Mediterráneo para permitir una política de vecindad capaz de garantizar los procesos de paz y un desarrollo económico, medioambiental y social sostenible.

6.   Promoción del modo de vida europeo

      6.1.            Una sociedad civil dinámica es un aspecto fundamental de la Unión Europea. El modo de vida europeo se caracteriza por un sentido de equidad, justicia y solidaridad, así como por la comprensión de la necesidad de contribuir al bien común en beneficio de todos. Habida cuenta de que la crisis de la COVID-19 ha repercutido de manera especialmente negativa en determinados grupos sociales, como las mujeres, la juventud y los ciudadanos móviles de la UE, que han experimentado un «doble confinamiento», ahora más que nunca es importante que las organizaciones de la sociedad civil desempeñen un papel fundamental para contribuir a reforzar este modo de vida y se consideren aliadas en la protección, la promoción y el mantenimiento de nuestro modo de vida basado en la inclusividad y el respeto por los demás. Por lo tanto, el CESE pide a la Comisión que conceda a las organizaciones de la sociedad civil un apoyo y un reconocimiento adecuados y específicos, y que preserve, de este modo, el espacio cívico y el derecho democrático a la asociación, que es esencial para nuestro modo de vida.

 

      6.2.            Una de las principales lecciones de la crisis del coronavirus es que los sistemas sanitarios de casi todos los países europeos deben reforzarse, centrándose en la prevención y garantizando el acceso de todas las personas a las estructuras de salud pública, los servicios sanitarios básicos, incluidas las vacunas, y los cuidados de larga duración. La situación de las personas que se encuentran en centros asistenciales requiere una atención especial y urgente. Si bien la responsabilidad de la atención médica incumbe al nivel nacional, la propagación del virus no conoce fronteras y requiere respuestas a escala europea.

 

      6.3.            La Comisión Europea debe centrarse en la recuperación del empleo y la lucha contra la desigualdad y la pobreza en el proceso de recuperación, prestando especial atención y apoyo, mediante políticas activas e inclusivas, a colectivos vulnerables, como los niños y niñas en situación de pobreza, las personas con discapacidad, los trabajadores atípicos, los habitantes de zonas marginadas y las personas de origen migrante o pertenecientes a minorías étnicas. La pobreza en general y la pobreza de los ocupados siguen siendo un problema importante en muchos Estados miembros. Se requiere un enfoque global a escala de la UE y de los Estados miembros para abordar estas preocupaciones, incluido el apoyo a regímenes eficaces de inclusión activa, acompañados de servicios sociales esenciales y capacitadores.

 

      6.4.            Debe prestarse especial atención a la infancia y la juventud, puesto que se trata de la generación que pagará la enorme deuda pública que están contrayendo los países para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. No pueden pasarse por alto los retos que plantea su participación activa en la sociedad y en el mercado laboral.

 

      6.5.            La migración sigue siendo una cuestión prioritaria habida cuenta de su impacto en la sociedad y la economía de la UE (empleo, integración, control de fronteras, lucha contra el racismo, xenofobia, populismo y discriminación). La pandemia de COVID-19 está exacerbando la vulnerabilidad de las personas migrantes debido a factores personales, sociales, situacionales y estructurales, como sucedió en anteriores crisis económicas. Es necesario desarrollar vías legales más sostenibles y seguras para entrar en la UE, y prestar atención al uso eficiente de los mecanismos ya existentes, estableciendo un equilibrio entre seguridad y solidaridad en el actual sistema de asilo. Además, resulta esencial desmentir las noticias y percepciones falsas y combatir tanto la incitación al odio como el discurso político contra las personas migrantes. Esto también ayudará a luchar contra el racismo, la radicalización, la xenofobia y la discriminación.

 

      6.6.            La asociación transatlántica se basa en valores comunes compartidos históricamente. Es fundamental para hacer frente a los desafíos mundiales y preservar el orden internacional. El CESE hace un llamamiento a la Unión Europea para que recurra a la asociación transatlántica renovada para hacer frente a los actuales retos mundiales sin precedentes, incluido el auge de China y de otros actores mundiales que no actúan en consonancia con los mismos principios democráticos. Aboga, asimismo, por la plena participación de la UE en la próxima Cumbre por la Democracia anunciada por el presidente Biden y una fuerte implicación de la sociedad civil.

7.   Un nuevo impulso para la democracia europea

      7.1.            Merecen especial atención la forma en que la UE legisla («Legislar mejor») y la necesidad de contar con un corpus legislativo europeo que pueda servir mejor a la ciudadanía y a las empresas. El proceso legislativo de la UE tiene que ser más transparente, más abierto a las aportaciones de las partes interesadas y más fácil de entender.

 

      7.2.            La participación de toda la ciudadanía, a través de las organizaciones, asociaciones y redes de la sociedad civil, proporcionará un fundamento verdaderamente democrático para el proceso de recuperación y la reconfiguración del futuro de Europa. El CESE estima, por lo tanto, que los Estados miembros y las instituciones de la UE deben garantizar que, en este complejo proceso, nadie se quede atrás, y en particular, los más vulnerables. Esto significa permitir que las organizaciones de la sociedad civil sean socios clave e igualitarios en la toma de decisiones. Una mejor aplicación del artículo 11, apartado 2, del TUE sobre el diálogo civil es más necesaria que nunca. El CESE considera que un instrumento útil para tal fin sería la inclusión de un cuarto pilar en el Plan de Acción para la Democracia Europea, con un énfasis especial en la ciudadanía activa y una estrategia clara en la materia.

 

      7.3.            Los principios fundamentales europeos consagrados en el artículo 2, como la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, incluido el espacio cívico, están estrechamente vinculados. El informe sobre el Estado de Derecho y el Plan de Acción para la Democracia deben estar más interconectados e incluir un seguimiento de las cuestiones relativas al espacio cívico, incluido el espacio de la sociedad civil. El Comité considera deseable que la Comisión Europea supervise estos planes de acción y ponga en marcha mecanismos más sólidos para defender estos principios y el espacio de la sociedad civil. Cuando las leyes nacionales estén en conflicto con el Derecho de la UE, deben incoarse procedimientos de infracción.

 

      7.4.            El CESE espera con interés los planes de la Comisión para una nueva iniciativa sobre el diálogo social en 2022, pero insta a la Comisión a que la amplíe al diálogo con la sociedad civil, de modo que, en situaciones en las que esto sea deseable, también puedan participar en el diálogo organizaciones de la sociedad civil distintas de los interlocutores sociales tradicionales. Esto situaría a la sociedad civil en pie de igualdad con los interlocutores sociales en la elaboración de políticas.

 

      7.5.            La recesión económica causada por la pandemia tiene importantes consecuencias para la igualdad de género, tanto durante la recesión como en el proceso de recuperación posterior. La pandemia ha exacerbado los desequilibrios de género, razón por la cual el CESE considera totalmente necesario abordar la igualdad de género y la integración de la dimensión de género en todos los aspectos del proceso de elaboración y aplicación de la legislación de la UE.

 

      7.6.            Los derechos fundamentales y el Estado de Derecho constituyen el núcleo de los valores europeos; se aplican en cualquier momento y en cualquier lugar de la UE, por lo que no pueden suspenderse, ni siquiera temporalmente. Si bien la respuesta a la crisis actual debe ser rápida y requiere ciertas medidas excepcionales y limitadas en el tiempo, estas no pueden ir en contra del Estado de Derecho ni poner en peligro la democracia, la separación de poderes y los derechos fundamentales de la ciudadanía europea. El Comité pide a la Comisión que se mantenga alerta a este respecto y que se muestre proactiva en caso de vulneración de estos valores. Además, La Comisión debe integrar la agenda sobre los derechos de las víctimas en todos los programas de financiación de la UE, incluidos los fondos de la UE gestionados a escala nacional e internacional. El Comité recuerda su propuesta de una estrategia ambiciosa de la UE en materia de comunicación, enseñanza y sensibilización pública sobre los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia.

 

      7.7.            Los nuevos instrumentos de la UE para proteger y promover los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, por ejemplo el nuevo ciclo de examen del Estado de Derecho y el nuevo mecanismo para supeditar la financiación de la UE al respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, deben aplicarse de manera que puedan desplegarse rápida y eficazmente. Además, el CESE pide que se refuerce el papel de la sociedad civil en el ciclo de examen del Estado de Derecho y que se cree un foro de partes interesadas.

 

      7.8.            La filantropía y la sociedad civil están llamadas a desempeñar un papel fundamental en la promoción de los principales ámbitos políticos europeos y podrían hacer aún más si contaran con entorno operativo más adecuado. La nueva política de la UE en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo debe basarse en el riesgo y ser proporcional a los riesgos que trata de abordar, y no debe restringir indebidamente la legítima labor de utilidad pública y filantropía.

 

      7.9.            Resulta de todo punto evidente, como demuestra la experiencia continuamente, que se requieren nuevas medidas, sin duda también por parte de la Comisión, para lograr unos medios de comunicación libres y plurales y un periodismo independiente de calidad, así como una regulación eficaz de las redes sociales, sobre todo para combatir la desinformación, incluida la regulación de la publicidad política en línea y la responsabilidad respecto a los contenidos.

Bruselas, 9 de junio de 2021.

La Presidenta del Comité Económico y Social Europeo

Christa SCHWENG

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(¹)  https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-02-21-011-en-n.pdf.

(²)  https://www.eesc.europa.eu/es/agenda/our-events/events/civil-solidarity-prize#.

(³)  Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea y por la que se deroga la Decisión 2014/335/UE, Euratom (DO L 424 de 15.12.2020, p. 1).

(⁴)  Solo catorce Estados miembros presentaron sus planes nacionales antes del 30 de abril de 2021.

(⁵)  Comunicación de la Comisión titulada «Un año después de la pandemia de COVID-19: respuesta en materia de política presupuestaria» [COM(2021) 105 final], Bruselas, 3 de marzo de 2021.

(⁶)  Resolución «La contribución del Comité Económico y Social Europeo al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021, basada en la labor del Grupo ad hoc“Contribución del CESE al programa de trabajo de la Comisión Europea para 2021”» (DO C 364 de 28.10.2020, p. 1).

(⁷)  Véanse el Dictamen del CESE sobre «La transición industrial hacia una economía verde y digital europea» (DO C 56 de 16.2.2021, p. 10), y el Dictamen INT/903 sobre el tema «No debe haber Pacto Verde sin un pacto social» (véase la página 23 del presente Diario Oficial).

(⁸)  Véanse el Dictamen del CESE sobre el tema «Diligencia debida obligatoria» (DO C 429 de 11.12.2020, p. 136), y la Resolución legislativa del PE sobre la diligencia debida y la responsabilidad corporativa.