El informe de
los 100 días de gobierno[1] como la
expedición de ciento doce Decretos Legislativos, entre el veintiuno de octubre
de dos mil dieciséis y el siete de enero de dos mil diecisiete, al amparo de la
Ley 30506, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha
contra la corrupción, agua y saneamiento y reorganización de Petroperú,
expresan una clara voluntad política garantista
en estas áreas prioritarias.
Algunos de
estos Decretos pretenden: promover la simplificación administrativa[2],
el crecimiento económico[3]
y la inversión[4];
prevenir y eliminar barreras burocráticas[5],
garantizar la integridad de la administración pública[6],
tercerizar la emisión electrónica de comprobantes de pago[7]
y regular la vigilancia electrónica personal[8].
También
fomentar: la constitución de empresas a través de Centros de Desarrollo
Empresarial[9], la contratación
de personal altamente calificado en el sector público[10],
establecer el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles[11],
la creación de las Cárceles Productivas[12]
y la regulación de las Migraciones[13].
Igualmente,
fijar la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas[14],
deslindar el acceso y transparencia de la información pública y el
fortalecimiento del régimen de protección de datos personales[15].
Estas fuentes
apuntan implícitamente a la redefinición de nuevas formas de organización, de
producción y de relaciones laborales, las mismas que pueden facilitarse bajo la
modalidad de teletrabajo, que incremente la producción y productividad, la
generación de ventajas y ahorros de los actores sociales, la inclusión y la
mejora en la protección y salvaguarda del medio ambiente.
Y consecuentemente,
acelere las interacciones privada y pública, intra e intersectoriales, de
gobierno central, regional y local, respondiendo a los retos del Proyecto
Social Nacional, a la Estrategia de Desarrollo, y los Planes corto y mediano
plazo; satisfaga las necesidades y demandas sociales más sentidas, las
expectativas empresariales y al rol de servicio: moderno, eficaz y eficiente
del Estado, inserto en una dinámica de procesos, de creación o incremento de cadenas
de valor e interrelación de producción e intercambio de bienes y servicios.
Sin embargo, a
pesar de las enormes ventajas que supone el Teletrabajo, como modalidad de prestación
de servicios fuera de la sedes físicas de las organizaciones, utilizando tecnologías
de la información y de las comunicaciones (TICs) y de relación laboral subordinada,
dos escenarios a geometría variable deben complementarse para un mayor impacto
laboral y modernización en el país: uno,
flexibilizando esta modalidad a la promoción del empleo, y en particular, el
empleo juvenil, el autoempleo, utilizando la capacidad física y tecnológica instalada
de los aspirantes, el emprendimiento, el desarrollo y explotación de ideas,
perfiles, proyectos y estudios originales e innovadores, la generación de viveros
empresariales, y la difusión de la experiencia y la formación de los actores.
Y dos, impulsando el teletrabajo bajo la exigencia
de una mayor empleabilidad pública y privada, formalizada, vertebrada sobre un
servicio civil de calidad, profesional y estable, cuyos requerimientos exigen una
mayor y mejor adaptación de los trabajadores al mercado laboral e internacional
de las grandes empresas, de pleno empleo, y de uso generalizado y apropiación de
las TICs.
Finalmente, la
suerte de los Decretos Legislativos propuestos, bajo la criba del control
legislativo por el Congreso de la Republica, pudiera confirmar o infirmar la promulgación
de algunos de ellos. Ello es parte de las reglas democráticas entre los Poderes
del Estado, pero también de la visión partidaria y del valor que puede acordársele
a los Acuerdos Nacionales en la construcción del Proyecto Perú.
[1] Informe de 100 días. Puede ser consultado en: http://www.pcm.gob.pe/wp-content/uploads/2016/10/100-D%C3%ADas-Resumen-de-los-avances-y-logros-de-Gobierno.pdf
[2] http://legis.pe/wp-content/uploads/2017/01/RELACION-DECRETOS-LEGISLATIVOS.pdf Decreto Legislativo N° 1246 que aprueba diversas medidas de
simplificación administrativa.
[3]Decreto Legislativo N° 1250 que modifica la Ley N°29230, Ley que
impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector
privado y la Ley N°30264, Ley que establece medidas para promover el
crecimiento económico.
[4] Decreto Legislativo N° 1251 que modifica el Decreto Legislativo
N°1224, Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones
Público Privadas.
[5] Decreto Legislativo N° 1256 que aprueba la Ley de Prevención y
Eliminación de Barreras Burocráticas
[6] Decreto Legislativo N° 1295 que modifica el artículo 242 de la Ley N°
27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y establece disposiciones
para garantizar la integridad en la administración pública.
[7] Decreto Legislativo N° 1314 que faculta a la SUNAT a establecer que
sean terceros quienes efectúen labores relativas a la emisión electrónica de
comprobantes de pago y otros documentos
[8] Decreto Legislativo N° 1322 que regula la vigilancia electrónica
personal
[9] Decreto Legislativo N° 1332 que facilita la constitución de empresas
a través de los Centros de Desarrollo Empresarial - CDE
[10] Decreto Legislativo N° 1337 que modifica la Ley N°29806, Ley que
regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público y
dicta otras disposiciones, la Ley N°30057, Ley del Servicio Civil y el Decreto
Legislativo N° 1023, que crea la
Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de
Gestión de Recursos Humanos
[11] Decreto Legislativo N° 1338 que crea el Registro Nacional de Equipos
Terminales Móviles para la Seguridad, orientado a la prevención y combate del
comercio ilegal de equipos terminales móviles y al fortalecimiento de la
seguridad ciudadana
[12] Decreto Legislativo N° 1343 para la promoción e implementación de
cárceles productivas
[13] Decreto Legislativo N° 1350 de Migraciones
[14] Decreto Legislativo N° 1352 que amplía la responsabilidad
administrativa de las personas jurídicas
[15] Decreto Legislativo N° 1353 que crea la Autoridad Nacional de
Transparencia y Acceso a la Información Pública fortalece el Régimen de
Protección de Datos Personales y la regulación de la gestión de intereses
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