Universidad de Montpellier I Francia.
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Resumen
Acerca del voto electrónico, el suscrito ha elaborado tres
artículos, aparte del publicado ayer 4 de agosto sobre el Considerando 6 del
Decreto Supremo 098-2025-PCM que contribuyeron en sus tiempo a analizar
determinadas propuestas, y ahora, a modificar el Reglamento de la Ley de
Gobierno Digital, en diferentes periodos y en respuesta a diferentes
inquietudes: “Auditoria y Voto
Electrónico”, el 01 de octubre de 2012; “Voto
Electrónico o E-Voto”, el 30 de
marzo de 2016; y “Asistente IA y
Voto Electronico. JNE EleccIA” el 11 de julio de 2025.
Sobre ellos,
los recientes estudios revelan que el voto electrónico es percibido como una
herramienta eficiente que agiliza el escrutinio y la publicación de resultados,
además de reducir costos operativos en los procesos electorales. Sin embargo,
persisten inquietudes significativas, principalmente, sobre la seguridad del
sistema, la protección de la privacidad, el acceso y la transparencia de la
información y su accesibilidad para ciertos grupos como los adultos mayores,
discapacitados y minorías lingüísticas.
Entre las
ventajas, se cuentan la rapidez y eficiencia en el escrutinio; reducción
de errores humanos, franqueo de la participación de electores ausentes, grupos
de personas mencionadas en el párrafo anterior.
Las
desventajas son la menor transparencia y auditoria de los programas
informáticos en comparación con el voto en soporte papel; posible dependencia
tecnológica de proveedores y técnicos; vulnerabilidad por ataques
informáticos o manipulación del sistema; dificultad de observación y
auditoría del proceso para actores no técnicos.
El voto
electrónico no ha sido adoptado masivamente en el mundo, ni siquiera por
democracias consolidadas, debido a preocupaciones sobre la seguridad y
confianza. Sin embargo, en Perú y México, se han realizado pilotos y
experiencias, destacándose beneficios en rapidez y facilidad, pero también
señalando que la funcionalidad de las máquinas y los resultados suelen generar
desconfianza si no existe suficiente transparencia ni un marco de auditoría
robusto. Aún se recuerda la sospecha de fraude practicada por la ONPE durante
la gestión de José Portillo Campbell.
Los riesgos
más importantes incluyen reducción del control y la supervisión por parte
de los organismos públicos que forman parte de los sistemas electorales,
entidades independientes, organizaciones políticas, sociedad civil, incluyendo
la posibilidad de manipulación a gran escala si el sistema se revela
vulnerable o no auditable, con desigualdades para el acceso y aumento de
brechas digitales, limitando la participación de sectores con menor competencia
tecnológica.
La tendencia
general por el voto electrónico ha evolucionado hacia una postura más cauta y
selectiva. Hoy en día, la mayoría de los organismos de gestión y control
electoral favorecen tecnologías que agilicen y asistan el proceso, pero
insisten en que la seguridad, la verificación manual y la transparencia sean
prioritarias. Los sistemas desconectados de redes, como terminales autónomas,
suelen considerarse más seguros que los modelos remotos o plataformas en línea.
La plataforma
de voto electrónico en el Perú, apoyada en ID Gob.pe y el DNIe, representa una
apuesta arriesgada del sistema electoral peruano, y particularmente, sobre la
responsabilidad de la ONPE, en la implementación progresiva del voto digital,
enmarcado en la Ley N.° 32270, modalidad obligatoria en las Elecciones
Generales 2026 para miembros de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas
desplazados fuera de su domicilio, así como para peruanos en el extranjero y
otros grupos que la ONPE determine.
Finalmente,
el acceso y autenticación dependerán del uso del DNI electrónico (DNIe) con
certificados digitales vigentes y vía el uso de la plataforma de identidad
digital nacional (ID Gob.pe). El riesgo deberá ser asumido por los organismos
que conforman el sistema electoral peruano, bajo el supuesto de modernización y
democratización del sufragio, reducción de brechas logísticas, máxima y
constante exigencia en la seguridad digital e inclusión tecnológica para
alcanzar la plena confianza y legitimidad ciudadana pero igualmente para
reforzar nuestro alicaído orden constitucional y democracia.
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