Por: Carlos A. FERREYROS SOTO
Doctor en Derecho
Universidad de Montpellier I Francia.
cferreyros@ferreyros-ferreyros.com
RESUMEN
La Quadrature du Net publicó el 24 de noviembre de este años,
un artículo en el cual analiza el Uso policial
indebido de bases de datos de pasaportes y documentos de identidad (Sistema
de Identificación Electrónica de Seguridad, TES) para
identificar a personas en investigaciones, a pesar de que la ley prohíbe este uso
de la identificación biométrica.
La Quadrature du Net afirma que la base de datos TES contiene los datos biométricos (fotografía,
huellas dactilares, información sobre el estado civil) de prácticamente toda la
población francesa titular de un documento nacional de identidad o pasaporte. Y
que desde 2016, la legislación prohíbe explícitamente a la policía utilizar esta
base de datos para identificar a personas a partir de una foto o huellas dactilares,
tras una sentencia del Consejo Constitucional contra un proyecto de ley similar
en 2012.
El método de "uso policial indebido" consiste en
que la policía no consulta directamente la base de datos TES, sino que envía solicitudes judiciales a otros organismos gubernamentales
que tienen acceso al sistema: los Centros de Peritaje y Recursos Documentales (CERT) de las prefecturas y la Agencia Nacional
de Documentos Seguros (ANTS). Estos organismos
buscan la foto en la base de datos TES.
y/o huellas dactilares vinculadas a un expediente de documento nacional de identidad/pasaporte
y las transmiten a la policía, a menudo sin justificación detallada, lo que les
permite confirmar la identidad de una persona mediante imágenes de CCTV o una fotografía
tomada en la comisaría.
Para La Quadrature du Net, esta práctica abusa
de la finalidad del TES, transformando un expediente administrativo en una herramienta
de identificación e investigación generalizadas lo que supone un grave riesgo para
los derechos fundamentales de los nacionales (privacidad, presunción de inocencia).
La asociación ha presentado una denuncia ante la CNIL (Comisión Nacional de Informática
y Libertades), complementando una denuncia ya presentada en 2022, y solicita sanciones
contra el Ministerio del Interior, así como una revisión más amplia de las facultades
de requisición y la centralización biométrica del expediente TES.
La pregunta para las autoridades de protección de datos
personales de los países de Latinoamérica es sí similares prácticas y
consecuentes abusos existen?
Este documento ha sido traducido del francés al castellano
por el suscrito con la ayuda de Google Translator, el enlace al documento
original se encuentra en: https://www.laquadrature.net/2025/11/24/la-police-detourne-le-fichier-des-passeports-et-des-cartes-didentite/
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La policía está haciendo un
mal uso de la base de datos de pasaportes y documentos de identidad
Publicado el 24 de noviembre de 2025
Proporcionar su fotografía y huellas dactilares
al solicitar un pasaporte o documento de identidad tiene consecuencias más graves
de lo que cree. Estos datos, que son registrados en la base de datos de "Documentos
Electrónicos Seguros" (Titres Électroniques Sécurisés, TES), están siendo recuperados por la policía
aprovechando un vacío legal. La Quadrature
du Net ha obtenido testimonios y pruebas formales del uso indebido de esta base
de datos para identificar a personas durante investigaciones penales. Hemos alertado
a la CNIL (Comisión Nacional
de Informática y Libertades) sobre este escándalo, que lamentablemente
era previsible, ya que la mera existencia de la base de datos TES conlleva el riesgo
de abuso de la vigilancia por el Estado.
La bella vida del archivo TES
Para comprender cómo llegamos a esta situación, repasemos los orígenes de esta base de datos. En 2005, un decreto autorizó, por primera vez, el registro de la información de los solicitantes de pasaporte (apellidos, nombre, etc.) en un chip electrónico dentro del pasaporte, así como en una base de datos centralizada para uso de los agentes responsables de la emisión de documentos de identidad. Así se creó la primera base de datos TES (entonces llamada "DELPHINE"). En 2008, para cumplir con una normativa europea , se añadieron al chip imágenes faciales y huellas dactilares digitalizadas. El gobierno aprovechó la oportunidad para añadirlas también a la base de datos, en lugar de mantener únicamente un almacenamiento descentralizado. Esta decisión, evidentemente, no fue neutral, ya que se trata de datos biométricos especialmente sensibles.
Sin embargo, la CNIL (Autoridad Nacional de Protección de Datos) se opuso al registro centralizado de tantos datos en el archivo TES. De hecho, por primera vez, una base de datos vinculaba los datos biométricos con una identidad civil. El objetivo declarado era facilitar los trámites administrativos y combatir el fraude documental. Sin embargo, en realidad, este vínculo técnico entre la identidad y los datos biométricos también permite la identificación de una persona mediante la comparación de sus huellas dactilares o rostro con los datos contenidos en el archivo. Si bien esta posibilidad no está prevista en el reglamento, la CNIL consideró desproporcionada la decisión de centralizar estos datos, dado que existían métodos de lucha contra el fraude que parecían ser igualmente eficaces y más respetuosos con la privacidad de las personas.
En 2012, una ley propuesta por dos senadores de derecha intentó modificar la base de datos TES, que en ese momento contenía los datos biométricos de aproximadamente 6,5 millones de personas. Este proyecto de ley pretendía expresamente permitir a la policía utilizar la base de datos para identificar a individuos durante ciertas investigaciones. Sin embargo, esta propuesta de poner la base de datos TES a disposición de la policía fue revocada por el Consejo Constitucional. El Consejo dictaminó que el tamaño de la base de datos, que contenía datos particularmente sensibles, junto con la nueva posibilidad técnica y legal de identificación policial - que no tenía nada que ver con el objetivo inicial de facilitar la emisión de pasaportes - constituiría una vulneración excesiva de las libertades civiles. El Consejo estaba particularmente preocupado porque, si estas técnicas de identificación no se limitaban, « solo podrían […] estar destinadas a expandirse » 1.
Fue principalmente en 2016 cuando este archivo se convirtió en objeto de críticas y atención mediática . El gobierno de Valls había aprobado discretamente un decreto que creaba un nuevo archivo TES con un alcance radicalmente diferente. A partir de entonces, también podría contener datos relativos a los documentos nacionales de identidad 2 .
Sin embargo, casi todos los ciudadanos franceses tienen una. Numerosas instituciones, como la CNIL (Autoridad Nacional de Protección de Datos de Francia), la ANSSI (Agencia Nacional de Ciberseguridad de Francia), el INRIA (Instituto Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología Digitales de Francia) y el Consejo Nacional Digital, criticaron duramente esta decisión, destacando los riesgos de la centralización sin precedentes de la información relacionada con la identidad, y en particular los datos biométricos, para prácticamente toda la población. Temían filtraciones de datos, ciberataques y abusos estatales, especialmente porque existían otras opciones menos intrusivas y descentralizadas. En respuesta a las críticas, se enfatizó repetidamente que esta base de datos nunca, bajo ninguna circunstancia, podría usarse para la identificación.
Junto con otros, impugnamos el expediente ante el Consejo de Estado, que, no obstante, lo confirmó en 2018. No obstante, continuamos la lucha. En 2022, junto con otras 15.248 personas, presentamos una denuncia colectiva ante la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades) para denunciar la ilegalidad de este expediente. La investigación de esta denuncia sigue en curso, y en el marco de este procedimiento enviamos nuevos documentos a la CNIL para demostrar lo que temíamos desde el principio: la policía está utilizando libremente el expediente TES.
Administraciones y policías trabajando mano a mano.
Técnica y legalmente, un agente de la policía judicial no puede acceder al archivo TES. El decreto de 2016 solo estipula que ciertos agentes designados individualmente, "responsables de la prevención y represión de atentados contra los intereses fundamentales de la Nación y actos de terrorismo", pueden consultarlo. Sin embargo, el Ministerio del Interior ha permitido el desarrollo de una práctica que elude las restricciones de acceso a los datos TES, sin ninguna limitación y para cualquier tipo de caso.
Para lograrlo, se basa en el mecanismo de "requisiciones" judiciales previsto en el Código de Procedimiento Penal . Con la autorización del fiscal, los agentes de la policía judicial pueden requerir a cualquier entidad pública o privada que les proporcione información que posean y que sea útil para una investigación. Así, por ejemplo, la policía puede recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad de un comercio o los datos personales de una persona específica que obran en poder de un banco, la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses), una red social o la CAF (Caja de Subsidios Familiares Francesa). Estas entidades están obligadas a cumplir o se enfrentan a una multa de 3750 €.
Hoy podemos demostrar que la policía está abusando
de esta facultad de requisición con las agencias gubernamentales involucradas en
la creación y emisión de documentos de identidad y pasaportes. Hemos observado solicitudes
de información de identidad por parte de los agentes:
· De la Agencia Nacional de Documentos Electrónicos (ANTS). Esta es la administración responsable de gestionar el sistema informático que gestiona las solicitudes y la emisión de documentos de identidad y pasaportes.
Por tanto, la policía no accede directamente al expediente TES. En la práctica, eluden la prohibición de acceso al expediente TES enviando solicitudes a quienes tienen acceso. Al eludir el procedimiento, se arrogan la facultad de consultar el expediente, una facultad que normalmente les está prohibida.
Ya habíamos escuchado testimonios al respecto, y esta práctica se destacó en el folleto militante sobre los métodos de investigación en el caso Lafarge Bouc-Bel-Air, publicado en octubre de 2023. Ahora, hemos enviado pruebas concretas a la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades). Denunciamos este uso indebido ilegal para que cese este abuso y el Ministerio del Interior rinda cuentas.
Evidencia abrumadora
Estos elementos provienen de un caso judicial cerrado, donde los informes policiales ilustran la tenaz determinación de los agentes por identificar a un individuo a toda costa. Incapaces de identificar con nombre y apellidos a una persona sospechosa de resistirse al arresto (una acusación legal que se utiliza a menudo irregularmente utilizada para encubrir la brutalidad policial), los investigadores emplearon todos los métodos de vigilancia a su disposición, sin respetar el principio de proporcionalidad.
Primero toman una fotografía de la persona sin su conocimiento en la comisaría, luego usan la base de datos TES para confirmar su identidad (que la persona no ha proporcionado, pero que la policía presume). Luego, la policía solicita los archivos de solicitud del documento de identidad de un CERT (Centro de Documentos Electrónicos y Telecomunicaciones) para obtener la fotografía facial de la persona (ver los informes policiales anónimos), y de paso, recopilan todos los documentos de respaldo, como un comprobante de domicilio. No se detienen allí. Durante su investigación, también solicitan huellas dactilares de la ANTS (Agencia Nacional de Documentos Seguros) (ver el informe policial). Sin justificar ni explicar nunca su solicitud, exigen que las agencias gubernamentales busquen en la base de datos TES, y las agencias cumplen sin cuestionamientos.
El acceso a estos datos tiene graves consecuencias, ya que, en este caso como en otros, es la fotografía del TES (Sistema Nacional de Documentos de Identidad) la que, comparada con las imágenes de las cámaras de seguridad de la comisaría, permite en última instancia la identificación del sospechoso (véase el informe policial ), lo que es completamente contrario al propósito para el que se creó la base de datos del TES. Por lo tanto, la conclusión es clara y contundente: la información que proporcionamos para obtener nuestro documento de identidad o pasaporte puede ser utilizada indebidamente por la policía en investigaciones, con total desacato a la ley.
Los límites de la ley
En las observaciones que acabamos de presentar (disponibles aquí ), reiteramos que el Consejo de Estado, el Consejo Constitucional y la CNIL (Comisión Nacional de Informática y Libertades) expresaron formalmente su preocupación por el posible uso indebido de esta base de datos. Estas instituciones exigieron límites y garantías estrictas para contener estos riesgos y solicitaron que esta base de datos se utilizara exclusivamente para la emisión de documentos de identidad. Todos declararon expresamente la legalidad de esta base de datos porque, entre otras cosas, no permitía la identificación de ninguna persona.
A pesar de esta unanimidad, las prácticas policiales se han arraigado, en total contradicción con el espíritu del marco que creó la base de datos TES. Esto demuestra una vez más las limitaciones, incluso la impotencia, de la ley ante la obsesión del Estado por la vigilancia. Siempre lo hemos observado: en cuanto las autoridades tienen la capacidad de obtener información sobre la población, se afanan en utilizarla para identificar, controlar y reprimir. El esfuerzo por respetar las normas se vuelve entonces meramente superficial, sobre todo cuando no existe una supervisión efectiva de la actividad policial, lo que permite que se propague la impunidad.
En lugar de prevenir tales abusos, el Ministerio del Interior optó precisamente por lo contrario al permitir que prosperara este uso indebido de la base de datos TES. Además, lo facilitó deliberadamente. En 2023, la denominada ley de programación "LOPMI" flexibilizó las normas que rigen las requisiciones judiciales, permitiendo la entrega de datos relativos a documentos de identidad sobre la base de una simple instrucción general (un mecanismo que permite al fiscal emitir una autorización general, en lugar de específica, es decir, sin examinar el caso particular para verificar que la requisición sea realmente necesaria para la investigación y proporcionada). Si bien lamentablemente no nos sorprende, este último ejemplo demuestra el desprecio de quienes nos gobiernan por los derechos fundamentales y los principios democráticos: todo vale cuando se trata de reforzar las técnicas de vigilancia y la elaboración de perfiles de la población.
Atacando al monstruo
El Ministerio del Interior debe rendir cuentas y ser sancionado. La apropiación indebida y el uso de datos del archivo TES deben ser condenados y cesar de inmediato. Pero más allá de esto, también es crucial comprender que este ejemplo revela un fenómeno más amplio: el intercambio desenfrenado y excesivo de datos en nombre del derecho de "requisición" (o "comunicación" cuando se trata de administraciones tributarias o de la seguridad social). De hecho, estas facultades generales permiten a la policía u otras instituciones solicitar datos para una investigación penal, tributaria o administrativa. Es a través de esta prerrogativa que las organizaciones de seguridad social, como la CAF (Caja de Asignaciones Familiares) y el Seguro Nacional de Salud, pueden obtener datos de cuentas bancarias, o que la policía puede solicitar facturas de electricidad.
Sin embargo, esta amplia posibilidad de recibir información se ha establecido sin tener en cuenta las normas de protección de datos específicas de cada actividad de tratamiento. Se guía únicamente por una lógica de supuesta eficiencia, reduciendo el respeto de los derechos fundamentales a meros obstáculos que deben superarse o eludirse. Los límites y las garantías inherentes a estas actividades de tratamiento de datos se ignoran, en cierto modo, en nombre del poder de requisición, lo que dificulta la detección de abusos o usos indebidos. En una época en que todo está informatizado y la cantidad de datos que se pueden compartir es inmensa, es esencial examinar a fondo este mecanismo, fuente de abusos y excesos.
Sobre todo, debemos seguir luchando contra el sistema descontrolado de archivos administrativos y policiales. Este sistema continúa expandiéndose implacablemente, sin ninguna supervisión del trabajo policial a diario. De hecho, la proliferación de herramientas facilita la recopilación y el acceso a los datos, lo que permite a los oficiales agregar información y monitorear a las personas en un número cada vez mayor de situaciones. Esta capacidad de vigilancia ahora se ha vuelto monstruosa , con más de cien archivos policiales con alcances cada vez mayores. Las consecuencias son bien reales para aquellas personas que se encuentran registradas en estos archivos; se les puede rehusar un empleo o recibir órdenes de salir del territorio nacional simplemente por estar en la lista. Al mismo tiempo, la represión se intensifica contra aquellos que se niegan a ser registrados, sometiéndolos a procesamientos y sanciones desproporcionadas. Esta vigilancia es una trampa, una de la que parece cada vez más difícil escapar.
Escribimos en 2016: «La historia nos recuerda en qué medida la capacidad de resistir los excesos autoritarios depende de la capacidad de escapar del control estatal, en particular sobre la propia identidad. Los archivos centralizados no crean regímenes autoritarios, pero todo régimen autoritario se basa en el perfilamiento de su población».
Esta
lucha, que promete ser larga, es posible gracias a su apoyo. Esperamos poder
continuarla durante años, así que no duden en hacer una donación . ¡Gracias!
Referencias
1 Véase el comentario autorizado sobre la
decisión del Consejo Constitucional, página 21, accesible en esta página.
2 Como recordatorio, el documento nacional de
identidad fue creado en 1940 bajo el régimen de Vichy. El proyecto del
documento nacional de identidad fue concebido inicialmente por la prefectura de
policía de París en 1921, con el objetivo de extender a todos los ciudadanos
las medidas de registro impuestas a los extranjeros y nómadas. Ante las
protestas generalizadas, el Ministro del Interior abandonó este proyecto. Fue
solo después de que el gobierno de Vichy destruyera por completo las libertades
civiles que se pudo imponer la identificación total de los ciudadanos, mediante
el uso generalizado del documento de identidad.
Para más información: “ Sistema de registro de identidad,
número de identificación y “documento de identidad francés” durante el régimen
de Vichy (Francia, 1940-1944) ”, Pierre Piazza, 2017, disponible aquí , y “ La identificación de las
personas ”, Gerard Noiriel, 2006, disponible aquí .
